El acuerdo alcanzado esta semana entre el Govern de Cataluña y la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía es un paso importante, que no definitivo, para generar un cambio sustancial en el sistema de prestaciones sociales y en la concepción de la garantía de rentas como un mecanismo más justo y eficaz para asegurar que los colectivos en riesgo de exclusión dispongan de ingresos mínimos que garanticen sus necesidades básicas.

Llegar al acuerdo no ha sido fácil. El recorrido de la Renta Garantizada de Ciudadanía se inició en 2012, con la recogida de firmas por parte de entidades sociales, sindicales y algunos partidos políticos, entre los que se encuentra el PSC. 121.000 firmas que dieron lugar a una ILP que tuvo que esperar hasta 2014 para ser aprobada por el Parlament de Cataluña. Posteriormente, la actitud relajada del Govern en su tramitación y las diversas convocatorias electorales, provocaron que en 2015, diversos grupos parlamentarios solicitáramos la tramitación de urgencia. Desde entonces, el freno de JxSí para tramitarla provocó, entre otras muchas manifestaciones, la huelga de hambre que miembros de la comisión promotora protagonizaron en diciembre de 2016.

Bien está lo que bien acaba, pero sería injusto no recordar las dificultades que la comisión promotora ha tenido durante los últimos años ante un Govern que se ha mostrado insensible a la situación de crisis económica de muchos ciudadanos y ciudadanas. Dos elementos que justifican esta afirmación los encontramos en 2011, con en el endurecimiento de las condiciones para cobrar el Renta Mínima de Inserción, aún vigentes, y la congelación, desde 2010, del Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña.

La situación de las familias vulnerables, a pesar de la mejora de la economía, amenaza con cronificarse. La reforma laboral del PP, que contó con el apoyo de CiU, ha generado una nueva categoría: el trabajador pobre

La situación de las familias vulnerables, a pesar de la mejora de la economía, amenaza con cronificarse. La reforma laboral del PP, que contó con el apoyo de CiU, ha generado una nueva categoría: el trabajador pobre. La precariedad laboral actual, en relación a los salarios y la estabilidad, lastra la mejora de los ingresos económicos de las familias. Se puede trabajar y ser pobre, lo que conduce inevitablemente a la pobreza crónica, que afecta especialmente a las mujeres y, en segundo término, a la infancia.

En ese sentido, la Renta Garantizada de Ciudadanía cuenta con un importante elemento que la diferencia del resto de prestaciones anteriores: la complementariedad con las rentas del trabajo. A partir del próximo mes de septiembre, las familias monoparentales con hijos y los beneficiarios de la Renta Garantizada con contratos parciales verán complementados sus ingresos hasta alcanzar la cuantía de la renta, eso sí, sólo durante 6 meses. Éste último elemento fue el que la comisión promotora se vio obligada a aceptar si quería cerrar el acuerdo con el Govern. Hasta el momento, la complementariedad se entendía durante todo el periodo en el que se tenía el contrato a tiempo parcial. Limitarlo a seis meses podría significar un incentivo para no conservar el puesto de trabajo. El tiempo lo dirá.

Si la complementariedad ha ocupado buena parte de las negociaciones, el presupuesto no se ha quedado atrás. Es normal, porque sostenerla en el tiempo requiere de un esfuerzo presupuestario y de recursos de los que el Govern no dispone. En relación a la Renta Garantizada, el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell afirma en un artículo publicado el pasado sábado en la prensa catalana, que su “financiación no está resuelta”. Más allá de las diferencias ideológicas que me separan del señor Mas-Colell, coincido en que es difícil explicar cómo el Govern financiará la Renta Garantizada teniendo en cuenta que se apoyó en el PP para rechazar las propuestas de reforma fiscal que propusimos durante el trámite de presupuestos. De ahí la exigencia de que el acuerdo se acompañe de una memoria económica que aclare su financiación más allá de 2017.

Es difícil explicar cómo el Govern financiará la Renta Garantizada teniendo en cuenta que se apoyó en el PP para rechazar las propuestas de reforma fiscal que propusimos durante el trámite de presupuestos

Atención especial merece un elemento que defendimos desde un inicio: la vinculación de la Renta Garantizada con los itinerarios de inserción social y laboral. Algunos defensores de las rentas garantizadas consideran que sólo la insuficiencia de rentas debe ser la única condición para acceder, y en buena medida así es, pero eso no es contradictorio con establecer programas de inclusión social y laboral que permitan facilitar el tránsito hacia la inclusión. Ahora bien, sólo serán efectivos con un aumento de recursos humanos y económicos en los servicios sociales municipales y también en un agónico Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC). Sólo un ejemplo: en Cataluña existe 1 profesional del SOC por cada 1.000 personas, mientras que la Organización Internacional del Trabajo recomienda 1 por cada 81. El Govern, todavía hoy, no se ha comprometido con ese incremento de recursos.

Por eso he comenzado diciendo que el acuerdo de la Renta Garantizada de Ciudadanía es un paso muy importante, pero no definitivo. Ahora debe trasladarse a la ponencia parlamentaria, y los grupos políticos deberemos perfilarlo e introducir propuestas para conseguir fortalecerla aún más. El PSC hará todo lo que esté en su mano para asegurar su aprobación antes de verano. Las familias en riesgo de exclusión llevan esperado demasiado tiempo una solución potente e integral como ésta, nacida del acuerdo de sindicatos, entidades, Govern y grupos parlamentarios. La pobreza no sólo la podremos atacar con una Renta Garantizada, pero sin duda es un elemento que introduce un cambio de paradigma en nuestro sistema de protección.