La politica de gestos, lo que ahora se llama postureo, acapara la política catalana desde que se puso en marcha el procés. Gestos han sido desde el denominado “proceso participativo” del 9-N de 2014 --una votación a la que solo acudieron los convencidos, sin ningún valor real-- hasta las resoluciones aprobadas por el Parlament que sus propios promotores saben que no se cumplirán, incluidas las que anticipan la celebración de un referéndum unilateral de independencia para septiembre del año próximo.
El 12 de Octubre, una fiesta nacional española con arraigo más que discreto, era propicia para los gestos. Así, la CUP comenzó su show pidiendo en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona la retirada del monumento a Colón porque “enaltece el colonialismo y el esclavismo”. Su moción fue derrotada, pero el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, se permitió recordar que el equipo de gobierno de Ada Colau “ha criticado las connotaciones colonialistas y de nacionalismo rancio del 12 de Octubre” y aceptó la incorporación al monumento del final de la Rambla de una alusión al colonialismo. En medio de la polémica, no podía faltar la voz del independentismo superfriki, los miembros del Institut de Nova Història, que salieron a defender la estatua porque Colón “era catalán”.
Lo que la CUP y sus adláteres han ensayado en Badalona es un acto de desobediencia al Estado como la resolución aprobada junto a Junts pel Sí en el Parlament el 9-N de 2015
Esta afición a revisar el pasado, con connotaciones de infantilismo político, se manifestó también en la polémica sobre la estatua donada a la ciudad por el expresidente del COI Juan Antonio Samaranch, artífice de la concesión a Barcelona de los Juegos Olímpicos de 1992. La CUP pidió su retirada de la casa consistorial, el equipo de Colau no lo aceptó, pero, a cambio, retiró la leyenda que daba noticia de la donación de Samaranch a la ciudad. Ahora, pues, la estatua está desnuda y el remedio --o el ridículo-- es peor que la enfermedad. Para protestar por la descortesía, un grupo de altos cargos de la organización olímpica se ha negado a acudir a una celebración convocada por la alcaldesa con motivo del 30º aniversario de la designación, que se cumple esta semana. En este caso, la que ha quedado desnuda es la actitud de Colau.
El tercer gesto, este con ribetes de esperpento, ha sido el forcejeo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badalona para abrir las dependencias el 12 de Octubre, jornada en la que “no hay nada que celebrar”, como dice la etiqueta de Twitter, porque el Día de la Hispanidad “marca la fecha de inicio de toda una serie de barbaridades que engloban el genocidio y el expolio que los pueblos de Sudamérica y América Latina sufrieron” (fin de la cita). Tras aceptar en principio la prohibición judicial de apertura, los concejales de Guanyem Badalona (Podemos, la CUP e independientes) desobedecieron la orden y uno de sus dirigentes, José Téllez, rompió la resolución judicial a las puertas del consistorio.
Pese a que algunos expertos se han apresurado a exculpar a los concejales, nada menos que las cuatro asociaciones judiciales --incluida la progresista Jueces para la Democracia-- se pusieron de acuerdo para publicar un comunicado conjunto en el que señalaban que “el desprecio público a las resoluciones judiciales supone un serio ataque a la función de los tribunales de justicia y al papel que estos desempeñan en la convivencia pacífica”.
Para acompañar a sus aliados de la CUP, algunos consellers, como Junqueras, Comín y Borràs, hicieron como que trabajaban. Gestos que serían ridículos si no fueran patéticos
Pero lo de menos en este caso es la discusión jurídica de si se les puede aplicar a los concejales el delito de desobediencia. Lo que la CUP y sus adláteres han ensayado en Badalona es un acto de desobediencia al Estado como los que viene propugnando el partido antisistema y que consiguió introducir en la resolución aprobada junto a Junts pel Sí en el Parlament el 9-N de 2015. La CUP quiere que Badalona sea el Arenys de Munt de la desobediencia, tal como la población del Maresme se convirtió en la pionera de las consultas populares por la independencia que culminaron después en el simulacro de referéndum del 9-N.
Para acompañar a sus aliados de la CUP, algunos consellers, como el vicepresidente Oriol Junqueras; el de Salud, Toni Comín, ambos de ERC, y la de Gobernación, Meritxell Borràs, de la antigua CDC, hicieron como que trabajaban. Gestos que serían ridículos si no fueran patéticos.