Formas y fondo de una disputa

Aproximarnos a una realidad supone acercarle nuestra atención en busca de su esencia. Digamos que la realidad es “aquello con que me encuentro y tal como me lo encuentro”. Para captar la señal de la realidad, hay que distinguir siempre lo que hay de ruido y apartarlo. Y, como enseñaba Juan de Mairena, el alter ego de Antonio Machado, por debajo de lo que se piensa está lo que se cree: “Hay hombres tan profundamente divididos consigo mismos, que creen lo contrario de lo que piensan”. Valga esta introducción para tratar de las formas y del fondo de una propuesta de ley. En efecto, se está planteando hacer del catalán, el gallego y el vasco lenguas oficiales del Estado, junto con el español. Sería posible, de este modo, “dirigirse oralmente y por escrito a los organismos estatales en catalán, gallego y vasco”. Y ser contestados en estos tres idiomas. ¿Sólo ellos serían reclamados?

Hay que tomar la iniciativa y no permitir que el nacionalismo aparezca como único defensor de su lengua

En sucesivos escritos en estas páginas de CG, algunos de sus promotores la justifican como un medio para encauzar las tensiones que experimentamos en España, un “conflicto de lenguas que corroe la convivencia”. Se trataría de lograr así una paz lingüística y superar un déficit simbólico. Afirman que la gente desconoce la labor del Estado en ese reconocimiento, y que se hace más de lo que parece. La idea de que el Estado ataca las lenguas cooficiales, o entorpece su progreso, no se ajusta a la realidad. Reiteran que es un proyecto a largo plazo para gestionar nuestra diversidad lingüística. No es una concesión, aseguran, pues el impulso nacionalista no puede saciarse. Pero hay que tomar la iniciativa y no permitir que el nacionalismo aparezca como único defensor de su lengua. Prosigamos. Los patrocinadores reclaman un marco claro de obligaciones de la Administración y derechos de los administrados. Dicen que esa ley solo afectaría a algunos órganos del Estado, los de mayor solera e importancia simbólica. De este modo, se “acercaría estas lenguas a los ciudadanos de las zonas monolingües, ofreciéndoles la posibilidad de valorarlas y vivirlas como propias”. Y especifican que “no hace falta que todos los funcionarios hablen las cuatro lenguas, pero sí que en cada organismo estatal, sobre todo los que funcionan de cara al público, haya al menos alguien capaz de atender en vasco, catalán o gallego”. Se insiste en que “no es preciso que cada rincón de la administración sea cuatrilingüe, porque, además ni el más acérrimo nacionalista lo exigiría”.

¿Qué dicen, en cambio, los que aquí rechazan este proyecto? “No cuesta imaginar los viajes organizados y subvencionados de fanáticos de aquí y de allá que van –supongamos- a un centro sanitario de Jerez de la Frontera a pedir folletos en catalán, gallego o vascuence. Ellos sí que harían valer sus derechos y colapsar los juzgados con sus denuncias por discriminación lingüística”. Denuncian el acoso del nacionalismo, que todo lo aliena, confunde y erosiona, y al que nunca se embrida; tampoco quedaría desactivado con esta ley. “La reivindicación nacionalista no busca mayor eficacia comunicativa, sino voluntad de borrar el estatus de lengua común de la española y evidenciar que todas las lenguas están al mismo nivel”. Tendríamos idiomas oficiales fuera de su ámbito territorial. Y la diversidad lingüística puede resultar antes un estorbo que una riqueza asumible. Éste sería, en definitiva, un falso debate académico, a causa de su trasfondo político. Seríamos llevados a otro sitio del anunciado por los promotores: supondría convertir el Estado autonómico en Estado plurinacional.

Permitir que en las cuatro puntas de España se acceda por fin a la visión de todas las televisiones autonómicas

¿Qué pienso yo al respecto? Primero he esbozado los argumentos propuestos y contrapuestos que se han ido desgranando durante los últimos meses. Unos y otros coinciden en su apoyo al bilingüismo en la enseñanza en Cataluña. Tengo claras dos cosas: primero, que Mr. ‘Top-se’ y su cuadrilla se personarían donde fuera, en Badajoz o en Algeciras, como moscas cojoneras para airear cualquier deficiencia en el cumplimiento de dicha ley. Son los que se dedican aquí a atornillar a los pequeños comerciantes y denuncian las ausencias de rotulación en catalán. De este modo nadie podría vivir con gusto la riqueza lingüística de España, sino como una impertinencia amenazante. Esto es fundamental. Las lenguas se hacen querer por la calidad personal de sus hablantes. La segunda cosa que tengo clara es la necesidad de dar a los niños nociones sobre las demás lenguas y literaturas de España, para que puedan sean apreciadas. Y, por supuesto, permitir que en las cuatro puntas de España se acceda por fin a la visión de todas las televisiones autonómicas. ¡Cuánta gente que no ha pisado jamás España está familiarizada con el español y su mundo, gracias a las antenas parabólicas! Lo que nos hace falta es una mejor interconexión y arraigo; en este afán, todos nosotros coincidiremos.

En definitiva, creo que tal proyecto de ley no es viable, ni es deseable para su buena causa.