¿El Estado garantiza nuestra seguridad?

No hace muchas fechas escribí en un artículo titulado 'Estamos en Guerra', con motivo del atentado de Charlie Hebdo en Francia, que hacía falta una voluntad firme y decidida de los países occidentales para defender los derecho humanos en contra de los fanatismos religiosos. Concretamente comente: "Es la comunidad internacional la que debe de adoptar las medidas oportunas cuando sus miembros son atacados o ella misma en su conjunto, estas pueden ser complementadas con otras medidas de seguridad que puedan tomar cada país, siempre dentro del derecho internacional”.

Lo que nosotros llamamos en libertad "el derecho de información" puede significar el ser objetivo de su causa

Hoy los medios de comunicación nos informan de que en España hay más de 1200 centros dedicados al culto islámico y, entre ellos, alrededor de 100 de la llamadas Mezquitas Salafistas que se dedican a mentalizar a la gente en la yihad.

Lo más importante de la noticia de prensa es que de dicha información son sabedores los responsables de la seguridad del Estado, es decir los cuerpos y fuerzas de seguridad así como los responsables políticos. Esto último no deja de ser una preocupación ya que según manifestaciones del ex ministro José Bono, el gobierno del mismo signo que el actual, el del presidente Aznar, tuvo conocimiento de un posible atentado Islamista a través del CNI, tres días antes que ocurriera, posteriormente se produjeron los atentados en los trenes de Atocha.

No creo que haga falta aquí recordar en que se basa el Islamismo radical o ¿qué es el yihadismo? y ¿cuál es su objetivo y sus métodos?. Todos tenemos en la retina el asesinato de personas degolladas por no comulgar con sus ideas, o sencillamente por haber transgredido, según ellos, las enseñanzas de su profeta, que se transforma a su entender en ofensa, lo que posiblemente, en occidente, no sería más que una pequeña nota de humor.

El mero hecho de informar de lo que sucede en los territorios ocupados por estos islamistas radicales, hoy en expansión, que no es otra cosa que lo que nosotros llamamos en libertad "el derecho de información" puede significar el ser objetivo de su causa.

En nuestras propias carnes hemos visto el dolor de familias destruidas por los atentados del 11 de marzo de 2004, donde perdieron la vida 192 ciudadanos y resultaron heridos más de 1900 personas

Asímismo, mantenemos en nuestra mente el secuestro de cientos de niñas por ir al colegio, la matanza indiscriminada en poblados de países que se resisten a ser engullidos por el establecimiento de un Estado Islámico o la destrucción de templos e imágenes del siglo IX A. de C. en Irak.

Esta violencia es utilizada como instrumento de terror y de sometimiento, cuando no, como publicidad para la captación de nuevos simpatizantes y futuros yihadistas.

La complacencia de los estados democráticos, el no intuir los peligros de este tipo de radicalismos, nos está llevando a actos de terrorismo deleznables. La simple creencia de que un territorio les pertenece porque hace mil años fue su lugar de residencia, es suficiente motivo para que se produzcan atentados de los cuales todos nos horrorizamos una vez que pasan y nos puede llevar a actos de guerra.

Los países democráticos en apariencia son débiles, y esa debilidad está en la propia esencia de la democracia, en el sistema como dicen ellos, los cuales son verdaderos artistas para ver los resquicios del mismo y las lagunas legales.

La democracia, sin duda el sistema mejor de gobierno de los pueblos, está basado en unos valores en los que todos y cada uno de los ciudadanos debemos creer y practicar. Si ello no es así, hay que corregirlo de inmediato con leyes proporcionales. Los elementos ajenos a la democracia y a los derechos humanos están fuera del sistema y no son merecedores de vivir en un Estado donde sus reglas de juego no son respetadas.

La complacencia de los estados democráticos, el no intuir los peligros de este tipo de radicalismos, nos está llevando a actos de terrorismo deleznables

En infinidad de ocasiones nuestros mandatarios, ya sean estatales, autonómicos o municipales, en un alarde de ser más demócratas que nadie, más respetuosos que nadie con las libertades, confunden "las tetas con las témporas" y ello hace un flaco favor a la convivencia, les instalan mezquitas, les permiten indumentaria propia de otros tiempos de opresión y tiranía.

Esto que, a priori, según algunos pudiera ser un ejemplo de convivencia de civilizaciones, en la práctica se convierte en una especie de colonización, en principio pacífica que, a la postre, da cobijo al integrismo. Pues quien crea que como somos más, estos se van integrar en nuestra cultura, no pueden estar en mayor error. Lo que pasa en realidad es que mantienen su cultura, sus leyes y su religión, se convierten en guetos dentro de nuestras ciudades que acaban de dejar de ser transitados por los ciudadanos autóctonos y en casos muy peculiares hasta por la policía. Cuando no, intentan la captación para su causa, pervirtiendo a nuestros jóvenes aún no formados, ávidos de aventuras como si se tratara de jugar con la Play Station.

Somos sabedores que la libertad, la democracia, el progreso, tienen sus riesgos y esos riesgos se traducen en coste. Somos sabedores que la seguridad nunca es al cien por cien, somos conscientes de todo ello, pero ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar?

El hecho de vivir libre, no tiene precio, pues es derecho principal de la declaración de los derechos humanos, y en función de ello estamos dispuestos a soportar determinados inconvenientes que son intrínsecos a la seguridad. ¿Entonces donde debemos de situar el grado de seguridad?

Parece lógico que, para defender nuestro sistema, debemos de preocuparnos del origen del problema. Si es así, en primer lugar no deberemos facilitar la presencia en nuestro territorio de todo aquel que no respete los Derechos Humanos, sabemos que hay creencias e ideologías que difunden criterios contrario a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestras ideas de libertad, igualdad y justicia social. En definitiva, no podemos darle un bidón de gasolina a un pirómano, o preparar el campo de aterrizaje a los enemigos del progreso.

Cataluña tiene en su territorio más de la mitad de las mezquitas salafistas, alrededor de cincuenta, construidas o autorizadas su actividad por los gobiernos municipales o autonómico, ¿será por eso que en un baremo de cuatro sobre posibles atentados islamistas, Cataluña tiene un tres?