Fuera de la Constitución no hay vida... democrática

Descubre Duran i Lleida (el Martín Villa del nacional-catalanismo) que fuera del independentismo también hay vida. Lo que no ha descubierto, ni descubrirá jamás, es que fuera de la Constitución no hay vida democrática posible. En España está ocurriendo algo absolutamente anómalo e inconcebible en cualquier otro país democrático: que se reniegue del fundamento mismo sobre el que el Estado se constituye y del que nace toda legitimidad y legalidad, empezando por la que les otorga el poder a esos mismos que lo utilizan para negarlo y destruirlo.

Que el Estado vaya contra sí mismo; que unos políticos elegidos gracias a la existencia del Estado -y a que ese Estado es democrático- utilicen los recursos y resortes que les otorga para destruirlo, es algo en sí mismo aberrante

Que el Estado vaya contra sí mismo; que unos políticos elegidos gracias a la existencia del Estado -y a que ese Estado es democrático- utilicen los recursos y resortes que les otorga para destruirlo, es algo en sí mismo aberrante. Sin embargo, está ocurriendo, lleva ocurriendo en Cataluña desde hace lustros. Todo esto no sería posible si los partidos mayoritarios y la sociedad fueran conscientes del suicidio programado e inducido al que está siendo sometida por una especie de cirujanos psicópatas que juegan a ver si el enfermo puede vivir sin hígado, sin pulmones o sin corazón. Apuremos la metáfora: pues no, no hay vida sin hígado, pulmones o corazón.

No hay vida democrática sin Constitución. Es el momento de repetirlo, explicarlo y defenderlo con total determinación. Los demócratas no tenemos tarea más urgente. Frente al ataque y desprecio sistemático de los independentistas (a los que se une ahora Podemos); frente a los titubeos de socialistas, abducidos por el independentismo "federalista" de los Iceta; frente a las componendas y apaños de la/os Soraya; frente al pesimismo y derrotismo de los poderes mal llamados "fácticos"; frente a la desesperación e impotencia de la mayoría, es el momento de aclarar y difundir ideas básicas, principios diáfanos que necesitan ocupar el centro de cualquier debate.

El primero, revalorizar y legitimar la Constitución de 1978. Antes de nada, antes de hablar de reforma o renovación de la Constitución, hay que proclamar sin complejo alguno que esta Constitución es plenamente democrática, que está legítimamente constituida y que goza de la aprobación de la mayoría de ciudadanos. Que está, por tanto, absolutamente vigente. No es una antigualla, no es un estorbo, no tiene candado alguno que haya que romper, no es letra muerta, no es el origen de ningún problema, no está impidiendo ningún cambio, no niega ni coarta el ejercicio de ningún derecho o libertad.

La mayoría de los políticos, sin embargo, empujados por el independentismo, tratan de convencernos de que la Constitución se ha convertido hoy en nuestro principal problema. Saben de sobra que el problema no está en la Constitución, sino en los que ni la aceptan ni la respetan. Saben de sobra que, hoy por hoy, sin la posibilidad de una discusión seria, sincera y profunda, será imposible llegar a un mínimo acuerdo sobre los aspectos de la Constitución que sí están requiriendo un cambio o renovación. Lo saben, pero se tiran al monte de la demagogia o la irresponsabilidad con el señuelo de rapiñar votos de no se sabe quién, ni para qué. No tienen claro ni el país, ni el Estado, ni la sociedad que quieren construir o defender, pero sí quieren reformar la Constitución o crear una nueva. Es otra forma de deslegitimar la actual Constitución, sembrar dudas sobre su valor democrático, vaciarla de sentido, hacerla más inoperante.

La actual Constitución, hay que repetirlo, es una buena Constitución; gran parte de su contenido es absolutamente defendible y ha servido para darnos una estabilidad política y social de la que hemos de estar plenamente satisfechos. No hace falta añadir orgullos, no hace falta enfatizar lo que es un hecho indiscutible. Pasados más de 35 años, sin embargo, y teniendo en cuenta la evolución política y social, hay aspectos fundamentales de la Constitución que deben ser revisados y redefinidos (aprovechando, precisamente, la experiencia acumulada). Tienen que ver con la estructura del Estado, con su organización política y con el funcionamiento de las instituciones. Desde la función de la Monarquía a la definición y funcionamiento de las Comunidades Autónomas; de la confusa y absurda oposición entre Gobierno Central y Comunidades Autónomas, enfrentadas en una guerra de competencias exclusivas disgregadora y paralizante; de la organización y funcionamiento de los partidos políticos, los sindicatos, la administración, el sistema judicial, los poderes económicos, la garantía efectiva de la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, incluidos los derechos lingüísticos; de la anulación de cualquier referencia a derechos o identidades históricas, una mejor definición del ciudadano como sujeto jurídico por encima de cualquier otra identidad; del respeto a la voluntad de la mayoría libremente expresada como origen de toda legalidad, etc. De todo esto y más, se puede y se debe discutir para mejor definirlo y aplicarlo.

Hay que proclamar sin complejo alguno que esta Constitución es plenamente democrática, que está legítimamente constituida y que goza de la aprobación de la mayoría de ciudadanos

Hay otro principio general, básico, que hemos de aclarar para contrarrestar la agobiante propaganda y manipulación política del independentismo: el concepto mismo de democracia. Es aquí donde el nacional-catalanismo ha tenido mayor éxito. Los independentistas han logrado convencer a muchos ciudadanos, y hacer dudar a otros tantos, del carácter democrático de nuestra Constitución. El hecho de haberse redactado y aprobado en un contexto excepcional, el de la salida de la dictadura, es argumento suficiente para tildarla de franquista y antidemocrática. Despreciarla, situarse por encima y no aceptar su legalidad, no se presenta como lo que es, sino como un alarde de democracia. Frente a la legalidad "antidemocrática" de la Constitución española, la legitimidad democrática del pueblo catalán. Esta falacia es el fundamento de todo lo demás. Constitución, Gobierno del PP, España franquista y Españoles fachas y antidemócratas (paletos, ocupantes, burdos, atrasados...), todo es uno y lo mismo. En frente, el pueblo catalán, pacífico, demócrata, culto, moderno y creativo. Seres singulares y superiores.

La verdad es otra y radicalmente inversa. Definamos la democracia como lo que es: la voluntad de la mayoría expresada libremente. Esta es la base de la legitimidad de nuestra Constitución, no otra. Nuestra Constitución se fundamenta en la decisión de una mayoría de ciudadanos libres que la aprobaron en 1978 y que, desde entonces, la siguen apoyando a través de su voto y el ejercicio constante de los derechos democráticos que esa Constitución les otorga.

La Constitución no es algo del pasado, una norma caduca basada en un hecho o decisión del pasado, sino algo presente y del presente, algo que los españoles aprobamos y defendemos hoy porque nos ha servido y nos sirve para mantener la convivencia y el Estado con el que regimos nuestras relaciones y solucionamos nuestros conflictos. La Constitución es hoy tan democrática como lo fue el día que se aprobó, y lo seguirá siendo en todas y cada una de sus normas mientras no se modifique a través de la voluntad de la mayoría.

Protestan los catalanistas e independentistas argumentando que ellos no aprobaron esta Constitución (falso, la aprobó el 90% de catalanes, con un 30% de abstención, más que en Madrid) o, en todo caso, que no la aprueban ni aprobarían hoy, y que, por lo mismo, para ellos no es democrática y no están obligados a cumplirla, sino a torearla (o directamente a pasársela por el Arco de Triunfo del Passeig de Sant Joan). El "pueblo de Cataluña" no considera democrática esta Constitución y los españoles no tienen ningún derecho a imponérsela. Así lo repiten con provocadora arrogancia. Se constituyen en el único sujeto legítimo sobre el que asentar el ejercicio de la democracia; quien se oponga a esta verdad, la de que es "el pueblo catalán" el único sujeto de su soberanía y, por tanto, el único sujeto democrático, es un facha-franquista-antidemócrata-españolista.

Nuestra Constitución es legítima por ser democrática, no porque se asiente en ninguna idea esencialista de España, del pueblo español o la nación española, ni porque se base en ningún derecho ni legitimidad histórica o divina

Veamos. Desenredemos este pegajoso razonamiento, basado en afirmar primero lo que se tiene que demostrar, para esgrimirlo luego como argumento. La fuerza persuasiva de esta falacia se basa en oponer "pueblo catalán" a "españoles" (no se nos reconoce como "pueblo"), "Catalunya" a "España". El pueblo catalán quiere ser independiente y éste es un derecho democrático irrenunciable; Cataluña no es España, España no tiene por tanto ningún derecho a impedir que Cataluña sea libre e independiente, insisten.

El mínimo sentido de la lógica nos lleva a intentar definir qué es eso del "pueblo catalán", piedra angular del tinglado. Aceptemos el término "pueblo" para no meternos en más enredos; digamos que pueblo catalán es el conjunto de los ciudadanos que viven en Cataluña (no añadamos, como dijo Pujol, "y trabajan", para no excluir, no sólo a los parados, sino a los parásitos y corruptos). ¿Aceptan esta definición los independentistas? De boquilla sí, afirmar lo contrario les delataría como lo que son, exclusivistas. Dicen que todos forman parte del pueblo catalán, pero en realidad piensan que sólo son ellos el "verdadero" pueblo catalán, o sea, los que se consideran sólo catalanes, y no los que se sienten catalanes españoles, o al revés. Si atendemos a las estadísticas menos interesadas, excluiremos del pueblo catalán más de la mitad de los habitantes actuales de Cataluña. De aceptar esto, si fueran demócratas, deberían decir algo así como que "la mitad menos uno del pueblo catalán quiere votar la independencia", nunca "la mayoría". O lo más correcto: el 30% que dicen apoyó la independencia el pasado 9N. Ese es "el pueblo catalán" con el que se llenan la boca y la papada.

Toda esta asfixiante propaganda y manipulación conceptual y emocional es, además, una gran patraña. Cataluña no es más que un territorio; la tierra no tiene ni lengua ni derechos; Cataluña no es ninguna esencia colectiva que haya pervivido milagrosamente a lo largo de los siglos. No lo es tampoco España, ni existe el pueblo español como entidad ni identidad milenaria, ni lingüística ni étnica. La democracia se fundamenta en la voluntad de los ciudadanos, no en los pueblos considerados como esencias o identidades biológicas, culturales o históricas.

Digámoslo más claro: nuestra Constitución es legítima por ser democrática, y es democrática porque la han aprobado la mayoría de los españoles, incluidos los catalanes de 1978 y los de ahora. No es legítima porque se asiente en ninguna idea esencialista de España, del pueblo español o la nación española; no es democrática porque se base en ningún derecho ni legitimidad histórica o divina. De nada hubiera servido apelar a la historia, a la patria, a las esencias de España, si los ciudadanos españoles no hubieran aprobado libre y voluntariamente por mayoría esta Constitución. Que la propaganda, la coacción e intimidación llevada a cabo por el catalanismo y el independentismo durante casi cuarenta años (los mismos que el franquismo) haya conseguido secuestrar la opinión pública catalana; que los antidemócratas hayan llevado a cabo una infatigable campaña contra España y la Constitución, eso no puede borrar el hecho de que hoy no exista en Cataluña ninguna otra legalidad democrática que la que establece y permite la Constitución.

No necesitamos remontarnos a los Reyes Católicos, ni a Felipe V ni a Felipe VI, para defender el carácter democrático de nuestra Constitución y denunciar, al mismo tiempo, el carácter antidemocrático y totalitario de quienes quieren destruirla.

Quienes erosionan la Constitución, quienes la atacan, quienes la desprecian, quienes no respetan ni cumplen sus normas, son antidemócratas; son enemigos de la democracia y como tales deben ser tratados y perseguidos

España es un territorio con fronteras geográficas definidas en el que viven unos 47 millones de ciudadanos. La mayoría de estos ciudadanos han aprobado un pacto de convivencia que se recoge en la Constitución. Lo hicieron en 1978 de forma natural y libre, no obligados ni engañados ni forzados a hacerlo. Podían haberla rechazado. Decir que esta decisión no fue libre y democrática es un insulto y una provocación. Las Constituciones están vigentes hasta que no se reforman o sustituyan por otras. Hoy sigue existiendo una mayoría que respeta y acepta esta Constitución, y no se opone a que sea renovada o reformada. No hay otra legalidad ni legitimidad democrática. Quienes erosionan la Constitución, quienes la atacan, quienes la desprecian, quienes no respetan ni cumplen sus normas, son antidemócratas; son enemigos de la democracia y como tales deben ser tratados y perseguidos. Intelectual, moral, democrática y legalmente denunciados y perseguidos. Sin complejo de culpa alguna, con la determinación que otorga el derecho a defender la voluntad de la mayoría; con la convicción de estar defendiendo la democracia como el único medio legítimo de asegurar la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos.

Los independentistas tienen una vía democrática para alcanzar su objetivo: una reforma de la Constitución que permita someter la independencia de Cataluña a la decisión de todos los españoles o a que esa mayoría acepte que lo decidan sólo los catalanes. El sujeto de cualquier decisión sobre este tema es el conjunto de ciudadanos españoles. Afirmar que ese sujeto es Cataluña (pueblo, nación) es presuponer que existe una entidad superior (imaginaria, no constituida mediante ningún proceso democrático) que tiene derecho a negar la única legalidad democráticamente constituida y a impedir que los españoles decidan sobre algo que les afecta directamente. Esto es un ataque directo a la democracia. Atacar y destruir la democracia y la convivencia aprovechándose impunemente de la democracia es un procedimiento abiertamente fascista. Los nacionalistas catalanes, hoy independentistas, actúan del mismo modo que el partido nazi de los años treinta.

Vivimos en un país donde están sucediendo cosas que no son normales, actos que son inconcebibles en países como Alemania, Francia o Italia. Allí, ni la Constitución ni los ciudadanos permitirían nada parecido. Allí no es posible atacar a la Constitución, utilizar todos los resortes del poder para socavarla, destruirla o invalidarla y hacerlo con total impunidad y usando para ello, además, el dinero público. Absolutamente inconcebible. Los mecanismos democráticos lo impedirían inmediatamente. Aquí los que se comportan como hicieron los fascistas y los nazis (disfrazados también de nacionalismo) nos dan lecciones de democracia, nos amenazan, asustan y retan cada día con descaro y chulería. Han ganado la batalla ideológica, mediática, propagandística; controlan el lenguaje, tienen la hegemonía intelectual y emocional; dominan muchas conciencias; han utilizado sin titubeos la enseñanza para adoctrinar y ganar adeptos. Lo más irritante ha sido que lo han hecho con el consentimiento de los partidos mayoritarios, que han contribuido así a adormecer a la sociedad. Habrá que empezar a decirlo: no tienen verdaderas convicciones democráticas, son demócratas de salón que han chalaneado con los fundamentos de nuestra democracia, que es tanto como decir con nuestra convivencia y nuestro futuro.

De nuevo y hasta la saciedad: España es un Estado democrático, nuestra Constitución es democrática, quienes la socavan y destruyen están atacando la convivencia pacífica y la base de nuestras relaciones sociales. Lo hacen despreciando la voluntad de la mayoría, imponiendo por la coacción, el insulto y la mentira un proyecto de ruptura y desmoronamiento del Estado. Quien lo consiente es doblemente culpable: por dejación propia y por permitir la impunidad de otros. Defendemos la democracia, defendemos la convivencia pacífica, defendemos la voluntad de la mayoría. España es una nación y un Estado democrático. Su legitimidad nace de una Constitución aprobada por la mayoría, no se fundamenta en el pasado, ni en la historia, ni en la lengua, ni en la cultura, ni en ninguna imposición totalitaria. La historia, el pasado, nos permite comprender que la decisión mayoritaria de 1978 no fue un capricho, un invento, sino que dio continuidad a una realidad histórica que nadie puede borrar, la permanencia de un Estado y una nación de al menos cinco siglos que ha permitido la convivencia y unión entre todos los españoles, incluidos los catalanes, que nunca en su historia han sido una nación ni un estado independiente. Habrá quien niegue estos hechos, que no los acepte y que se invente otra historia para dar fundamento a sus mezquinos propósitos de revancha y a sus delirios de superioridad. Lo único que podemos hacer es poner freno a sus mentiras, chantajes y amenazas. No consentirlo. Con la ley y con la verdad. Con el apoyo de la mayoría. Los partidos actuales parecen incapaces de hacerlo. Creo que ha llegado la hora de que surja un nuevo proyecto político. Parece imprescindible. Podemos va por otra senda, camina en otra dirección, igualmente suicida. Confunde una vía agropecuaria con una autopista. Como van en un todoterreno no lo notan. Detrás, el rebaño, entre esperanzado y desesperado, se deja llevar. ¿Hasta dónde y hasta cuándo?