Los fiscales ausentes en Cataluña

El Ministerio Fiscal se rige por los principios de legalidad y dependencia jerárquica según establece su Estatuto Orgánico y es evidente que los funcionarios destinados en Cataluña, con su inacción y con su discrepancia, han incumplido ambos principios.

Han aireado sus diferencias y han desatendido su obligación de vigilar por el respeto de las instituciones constitucionales

Parece evidente que dichos fiscales han sucumbido a la presión político social que se vive en una Cataluña en la que el poder político, la opinión publicada y sus poderosos tentáculos lo copan todo.

Entre sus obligaciones figuran velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social y el pasado 9 de noviembre Artur Mas les desafió abiertamente sin que se sintieran concernidos.

Las reiteradas suspensiones acordadas por el Tribunal Constitucional del referéndum separatista no dejaban margen a la especulación sobre el alcance de la decisión y a pesar de ello, decidieron no actuar cuando podían y debían hacerlo.

Han aireado sus diferencias y han desatendido su obligación de vigilar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos.

Su proceder deja malherido el Estado de derecho al que deben proteger y los inhabilita para garantizar que en Cataluña siga aplicándose, amparándose en una supuesta neutralidad política que no existe cuando se traspasan los límites de la legalidad y se abandona a la intemperie a los que cumplen con sus obligaciones ciudadanas.

Han actuado con notoria imprevisión máxime cuando mantuvieron reuniones previas al 9 de noviembre con el Fiscal General del Estado a fin de coordinarse en la respuesta a la anunciada y previsible desobediencia al mandato judicial emanado del Tribunal Constitucional, del que propio Presidente de la Generalidad se jactó públicamente esa misma noche.

Su proceder deja malherido el Estado de derecho al que deben proteger

En definitiva, un cúmulo de desatinos vestido de autonomía funcional inapropiada y desconcertante fruto de quiénes no asumen la elevada responsabilidad que tienen encomendada a la hora de velar por el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles.

Impulsar la acción penal cuando se es parte procesal no implica necesariamente obtener una sentencia condenatoria, pero no ponerla en marcha supone tratar con distinto rasero a los ojos de la sociedad a unos respecto de otros, sean políticos o no, y francamente, cuando las instituciones se desentienden de sus obligaciones su propia existencia es abiertamente cuestionada por los que creen en ellas y por los que no.