Mucho se ha discutido sobre la conveniencia política de la impugnación de esto, esta cosa, que no tiene nombre, organizada no se sabe muy bien por quien, bajo la cobertura de no se sabe muy bien qué normativa. Ya saben, sobre si quizás no fuera más adecuado ridiculizar esta cosa, que no sabemos como denominar, y mirar hacia otro lado para dar al Presidente Mas margen de maniobra para agotar la legislatura y esperar que mientras tanto la tormenta se calme.

Empieza a hacerse lugar la idea que sacando personas a la calle y ocupando el espacio público se puede llegar a tomar el poder y cambiar de régimen

Somos de la opinión que lamentablemente se han traspasado una serie de líneas rojas que hacen superflua este análisis de conveniencia. España, a pesar de la corrupción que todo lo arrasa, es un Estado democrático y de Derecho. Un Estado miembro de la Unión Europea. Todo esto exige mantener ciertos estándares y no permitir actuaciones, más o menos inocuas, carnavalescas si se quiere, que a pesar de todo establecerán un precedente. Hay vida más allá del 9N en España y en la Unión Europea. No se puede tolerar que una Administración no publique sus decisiones en los diarios oficiales y se desconozca la cobertura jurídica de sus actuaciones. No es posible descargar toda la responsabilidad sobre funcionarios, ciudadanos al fin y al cabo, que desconocen qué normas apoyan e ignoran si están cometiendo una ilegalidad. Es inadmisible que desde una Administración se creen bases de datos políticas sobre los ciudadanos, que esto y nada más que esto habría sido la lista de participantes/votantes o cómo queramos denominarlo. Y lo más importante, no valen ni subterfugios ni cambios de sentido para incumplir decisiones del Tribunal Constitucional.

Ahora que la nueva suspensión es un hecho, hay que asegurarse que el domingo no haya un solo local abierto. Y hay que ir a todas. La Delegación del Gobierno tendrá que recordar de nuevo a todos los secretarios de Ayuntamiento que no se pueden ceder locales para esta cosa. E igualmente habrá que comunicar a los directores de instituto que no pueden entregar las claves a ningún particular sin ninguna orden escrita y debidamente publicada. Y si por eso hay que aplicar el articulo 155 de la Constitución, el que es una traducción literal del articulo 37 de la alemana, porque el Gobierno central dé órdenes directamente a los directores de instituto con efecto al 9N (y sólo por eso), al Presidente Rajoy no le tendrá que temblar el pulso.

No habrá una nueva marcha sobre Roma, nunca más en Europa occidental una minoría, o una mayoría, tanto da, tomará el poder en un Estado democrático y de Derecho ocupando la calle 

En Cataluña ni hay fascistas ni "camisas negras" que zurren los rivales políticos, pero sí que empieza a hacerse lugar la idea que sacando personas a la calle y ocupando el espacio público se puede llegar a tomar el poder y cambiar de régimen. Una nueva marcha sobre Roma, para entendernos, casi 100 años después. Al poder se llega en las elecciones y las constituciones se modifican según las reglas que ellas mismas establecen. España, lo reiteramos, es un Estado democrático y de Derecho, miembro de la Unión Europea. Y esto obliga. Hay que defender el Estado de Derecho. Ignorar lo que se preparaba para el domingo rebajaría sustancialmente la calidad de la democracia española y europea. Tengámoslo claro: establecido el precedente, otros Gobiernos regionales, como el de las Canarias, aprenderían que por la sencilla vía de no publicar decisiones en el diario oficial podrían esquivarse los mandatos del Tribunal Constitucional. Y también al resto de Europa, por ejemplo en Italia, donde la región del Veneto ha convocado un referéndum sobre la independencia, tomarían nota.

Todo indica que la defensa del Estado de Derecho será recompensada por el bloque soberanista con una denuncia contra España ante las instituciones europeas y la ONU. Ojalá lo hagan, y los escuchen! así el Gobierno de España podrá explicar qué sucede en Cataluña. Entretanto, si los soberanistas están carecidos de ideas, les dejamos cinco puntos que no pueden faltar a la denuncia:

  • Denunciamos que somos incapaces de ponernos de acuerdo sobre el estatus competencial y financiero de Cataluña, sea dentro o fuera de España.
  • Denunciamos que lo que realmente se está cociendo aquí es la lucha por la presidencia de la Generalitat en la próxima legislatura.
  • Denunciamos que buscamos desesperadamente una foto para presentar España en el extranjero como un Estado no democrático y que algún despistado se lo crea, si puede ser muchos.
  • Denunciamos que tenemos los mismos derechos políticos que cualquier otro ciudadano español.
  • Denunciamos que no hemos agotado los mecanismos constitucionales al alcance para realizar nuestros objetivos políticos, que por otra parte somos incapaces de consensuar, ni tenemos la menor intención de hacerlo (ambas cosas).
Y si quieren, que añadan en la denuncia la foto que el Presidente Mas con tanto énfasis busca: Centenares de personas con las manos en alto con una papeleta ante los locales, cerrados y, naturalmente, custodiados por los Mossos, designados por la votación. Porque justamente ésta será la foto del triunfo de un Estado democrático y de Derecho, España, sobre un principio de insurrección. Justamente ésta foto! Exactamente esta foto será la que mejor simbolizará el triunfo de la democracia. Hay que proclamarlo con orgullo y sin complejos. Que lo sepa toda la Unión Europea y la ONU: No habrá una nueva marcha sobre Roma, nunca más en Europa occidental una minoría, o una mayoría, tanto da, tomará el poder en un Estado democrático y de Derecho ocupando la calle y saltándose los mecanismos constitucionales previstos.

Y quien quiera votar, ya lo sabe, que lo haga en las autonómicas y en las generales, como todos los españoles.