La independencia, a hurtadillas

Dos años después de las últimas elecciones catalanas, convocadas por Artur Mas tras la multitudinaria manifestación del 11 de setiembre de 2012 y su posterior reunión con Rajoy para exigirle un pacto fiscal para Cataluña similar al de las comunidades forales, estamos exactamente donde los partidos soberanistas esperaban que estuviéramos a estas alturas. No donde quisieran, o sea en puertas de la independencia, sino sencillamente donde suponían que íbamos a estar hoy de resultas de su deliberada ruptura por entregas de la legalidad vigente, esto es, en un estado de inquietud y descontento político y social generalizado que es caldo de cultivo para la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas de signo plebiscitario a las que CiU -o por lo menos CDC- concurriría, esta vez sí, con un programa inequívocamente independentista, quizá de la mano de ERC y la CUP. Es evidente que, antes de empezar a hablar claro, necesitaban enredarlo todo para apuntalar a hurtadillas su objetivo.

El comportamiento electoral, no digamos ya el demoscópico, varía sobremanera en función de si se trata de una consulta no vinculante o de un referéndum decisorio

Sin embargo, saben que el actual estado de cosas no les basta para rematar la faena, porque, a pesar del agitado clima político forjado en Cataluña al calor del consabido proceso, ninguna encuesta -ni siquiera las más favorables- les otorga una mayoría suficiente para alcanzar su objetivo último, que en puridad no puede ser otro que la independencia. El último barómetro del CEO (Centro de Estudios de Opinión, de la Generalidad) apuntaba que el 47,1% de los encuestados respondería con un doble “sí” a la pregunta encadenada planteada para la convocatoria del próximo 9 de noviembre, por ahora suspendida por el Tribunal Constitucional. Y eso cuando, según la Generalidad, se trata de una mera “consulta consultiva (sic) sin efectos vinculantes”, poco más o menos que una encuesta informativa, con una doble pregunta inescrutable -tachada de posible “intento de manipulación” por Stéphane Dion, padre intelectual de la Ley de Claridad canadiense-, que difícilmente podrá celebrarse porque “Madrid no nos deja votar”, etc.

Pues bien, está demostrado que el comportamiento electoral, no digamos ya el demoscópico, varía sobremanera en función de si se trata de una consulta no vinculante o de un referéndum decisorio, por lo que no resulta descabellado deducir que ese 47,1%, en cualquier caso insuficiente a todas luces para proclamar la independencia, supone el culmen de las aspiraciones soberanistas, tras dos años de orquestada ceremonia de la confusión. De ahí que hayan decidido desoír la suspensión de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional. Suspiran por un acto final apoteósico, con la Guardia Civil retirando urnas el 9 de noviembre. La voluntad del pueblo aplastada por la Benemérita, ¡qué mejor metáfora para justificar el proceso! Pero no caerá esa breva, entre otras cosas porque de entrada los responsables del mantenimiento del orden público en Cataluña son los Mossos d’Esquadra y, claro, entonces la metáfora pierde toda su fuerza.

Las principales divisas del proceso soberanista catalán han sido desde un principio el unilateralismo y la falta de claridad. El unilateralismo queda claro desde el momento en que se afirma la soberanía del pueblo catalán en detrimento de la soberanía de todos los españoles, incluidos por supuesto los catalanes, que consagra la Constitución. Las dos preguntas decididas unilateralmente por los partidos soberanistas no dejan lugar a dudas: los catalanes no sólo podemos decidir libremente separarnos del resto de España (segunda pregunta) sino que incluso podemos decidir a nuestro albedrío que España se convierta en un Estado federal o hasta confederal (primera pregunta). Dos preguntas, a cual más unilateral.

¿Los ciudadanos del resto de España no tienen derecho a decidir, ni siquiera a opinar, sobre la segregación de parte del territorio de su país?

La falta de claridad del proceso alcanza el paroxismo con la campaña institucional “Tú decides” que llama a la participación en una consulta que en teoría es sólo para opinar. ¿En qué quedamos? ¿Decidimos u opinamos? Conscientes de su incapacidad para alcanzar una mayoría social cualificada y duradera en torno a la independencia de Cataluña, los partidos nacionalistas han revestido su objetivo duro (la secesión) de un lenguaje blando (derecho a decidir, transición nacional, “consulta no referendaria”, etc.) orientado a penetrar de rondón en capas de la sociedad tradicionalmente poco proclives a la causa independentista.

En momentos de agitación como los que vivimos en Cataluña las palabras suelen ser las primeras víctimas, y prueba de ello es la utilización que hacen los partidos soberanistas del concepto de autodeterminación, cuya aplicación a los pueblos promulgada por el presidente Wilson en sus célebres Catorce Puntos (1918) sólo es plausible en contextos coloniales o de ocupación extranjera. Los nacionalistas retuercen hasta reducir al absurdo un concepto, el del derecho a la autodeterminación, que en el fondo sólo es aplicable a la unidad humana básica, el individuo, que puede legítimamente reclamar para sí mismo libertad de acción y conducta con la única salvedad de respetar los derechos de sus iguales y estar dispuesto a limitar su derecho a la libertad en virtud del igual derecho de su semejante.

“La gente tiene derecho a decidir”, dicen desde ICV-EUiA. Pero ¿qué gente? ¿Toda o sólo la catalana? “El pueblo tiene derecho a decidir”, claman los de la CUP, que defienden la existencia de los Países Catalanes. Pero ¿qué pueblo? ¿Sólo el de la comunidad autónoma de Cataluña o el del conjunto de los territorios de lengua catalana? Y finalmente: “El pueblo catalán tiene derecho a decidir libremente su futuro”, sostienen sin ambages ERC y, ahora, CiU. ¿Y qué hay del conjunto del pueblo español? ¿Los ciudadanos del resto de España no tienen derecho a decidir, ni siquiera a opinar, sobre la segregación de parte del territorio de su país? Parece que no, cuando el solo hecho de plantearlo se paga con el sambenito de enemigo de Cataluña y de la democracia.