Un nuevo ejercicio de voluntarismo

Una de las cuestiones centrales en el debate en torno al referéndum sobre la independencia de Escocia fue la posibilidad de que la libra esterlina siguiera siendo la moneda del nuevo Estado. Los defensores de la independencia así lo querían. Es comprensible, ya que, ante la incertidumbre generada sobre el futuro económico y financiero del nuevo Estado, una nueva moneda habría sufrido con toda probabilidad una devaluación inmediata respecto de la libra.

Solo mencionar algunas cuestiones que la habrían generado: ¿mantendría el nuevo Estado una disciplina fiscal equivalente a la que practica actualmente el Reino Unido, dada la estrategia del SNP en presentar la independencia de Escocia como una necesidad para liberarse de los gobiernos conservadores británicos y asegurar así un Estado del bienestar más amplio? ¿Cuál sería el futuro del sistema bancario escocés, dada su importancia en el PIB, y la calidad de su supervisión y su acceso a la refinanciación en libras? ¿Cómo afectaría el cambio al balance (activos y deudas) de los bancos escoceses y de las empresas en general?, etcétera.

Solo nos queda Andorra como modelo a seguir

Una devaluación del orden del 20% ó 30% habría tenido un impacto negativo inmediato en el nivel de vida de los escoceses, ya que todos los productos de importación habrían visto incrementados sus precios de ese orden. Pero además, y para evitar una espiral inflacionista, el nuevo Banco Central Escocés no habría tenido otra opción que subir los tipos de interés, con el incremento subsiguiente en el coste financiero de las deudas de los ciudadanos y las empresas escocesas.

Es verdad que una devaluación habría supuesto, asimismo, un aumento de la competitividad de las empresas escocesas y, por consiguiente, un impacto positivo en la economía escocesa en general, pero su efecto no se habría sentido en el bolsillo de los ciudadanos en el corto plazo. En definitiva, un escenario nada halagüeño que habría podido llevar a los ciudadanos escoceses a preguntarse si la independencia merecía la pena.

Algo parecido defiende el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) en su informe número 8, sobre 'Política monetaria (euro)', de mediados de julio pasado: el mantenimiento del euro como moneda de una Cataluña independiente (fuera de la UE). Pero para tratar de conseguir que el sistema bancario catalán tuviera acceso a la refinanciación del BCE, propone que se negocie un acuerdo monetario con la UE similar al que tiene Andorra o Mónaco.

Xavier Vidal-Folch ya comentó el informe, pero creo necesario añadir algunos elementos. En primer lugar, dudo de que la UE aceptara negociar un acuerdo monetario con una Cataluña independiente dada la importancia que el BCE otorga al control de la masa monetaria y el precedente que generaría un acuerdo con una economía mucho más grande que la de Andorra o Mónaco. Pero aunque así fuera, el modelo no podría ser el Acuerdo con Mónaco, ya que su situación respecto de Francia equivale a la de un "protectorado": por ejemplo, entre Mónaco y Francia existe una unión aduanera y económica donde el control y la supervisión del sistema bancario la realiza el Banco de Francia, su política de defensa la ejerce Francia y el Ministro de Estado (Jefe de Gobierno) es un ciudadano francés elegido por el Príncipe entre los candidatos propuestos por el Gobierno francés. Supongo que este no es el tipo de relación con España que imaginan los partidos que propugnan la independencia de Cataluña. Solo nos queda Andorra como modelo a seguir.

En caso de crisis, no sería descartable una huida de depósitos de las instituciones financieras catalanas, con lo que ello supondría

Andorra solicitó la negociación del Acuerdo Monetario con la UE en julio de 2003, pero éste sólo entró en vigor en abril de 2012, casi 9 años después. Si bien la Comisión Europea fue la que condujo las negociaciones del Acuerdo, tanto España como Francia estuvieron plenamente asociadas a las mismas (así como el BCE), lo que significó una posición privilegiada de estos dos países respecto a las posiciones negociadoras de la UE.

Los únicos beneficios que el Acuerdo otorga a Andorra son: el uso del euro como moneda de curso legal y medio de pago, la emisión de un montante limitado de monedas denominadas en euros (pero no de billetes) y el acceso de sus instituciones financieras a los sistemas de pago interbancario y de pagos y liquidación de valores de la eurozona. En ningún caso la posibilidad de su acceso a la liquidez (refinanciación) del BCE. El control de la aplicación del Acuerdo está en manos de un Comité Conjunto del que forman parte, además de Andorra, la Comisión Europea (que preside la parte UE), el BCE, España y Francia, y cuyas decisiones se toman por unanimidad. Es decir, España y Francia pueden ejercer un control absoluto sobre el modo de aplicación del Acuerdo Monetario entre la UE y Andorra. No estoy seguro de si un acuerdo de este tipo sería del gusto de la Generalidad y ERC, en particular la composición del Comité Conjunto y su forma de toma de decisiones.

Adicionalmente, y dada la magnitud de la economía catalana, la hipotética aceptación por parte de la UE de negociar tal acuerdo implicaría, con toda seguridad, la obligación por parte de Cataluña de someterse a la disciplina fiscal impuesta por el Pacto de Estabilidad (y su legislación derivada) pero sin gozar de sus beneficios: participar en la toma de decisiones y poder acceder a los paquetes de ayuda (rescates) en caso de crisis económica o bancaria, además del acceso por parte de las instituciones financieras catalanas a la refinanciación del BCE con la garantía del colateral emitido en Cataluña.

Y es, precisamente, aquí donde el problema fundamental reside. Por un lado, el riesgo que supone para el sistema bancario catalán su no participación en los mecanismos de la Unión Bancaria, ya que no gozaría ni de la protección del BCE en tanto que prestamista de última instancia ni del futuro mecanismo de garantía de depósitos de la UE. Por el otro, la existencia de un cierto riesgo de tipo de cambio ante la posibilidad del abandono del euro por parte de una Cataluña fuera de la UE en caso de crisis económica o bancaria. Ambos riesgos, como se comprobó en el caso de Chipre, son bien ciertos y conducirían con toda seguridad a un incremento en el coste de financiación de la deuda catalana (pública y privada). Es decir, un incremento de los costes financieros de la Generalidad, de las empresas (bancos incluidos) y de las familias y, por ende, una reducción del nivel de competitividad tanto de los bancos como de las empresas catalanas (elemento importante en una economía exportadora como la de Cataluña). Además, y en caso de crisis, no sería descartable una huida de depósitos de las instituciones financieras catalanas, con lo que ello supondría.

En conclusión, aun suponiendo que una Cataluña independiente pudiera conseguir un acuerdo monetario con la UE en un plazo razonable, las características del existente con Andorra (el único precedente relevante) no garantizaría el acceso de sus bancos a la refinanciación del BCE (en su colateral puramente catalán), y podría suponer un control del presupuesto (déficit) de las administraciones públicas catalanas por parte de la UE. Además, no resolvería el riesgo implícito que conllevaría la no participación de Cataluña en la UE y el consiguiente incremento del coste financiero asociado tanto para las administraciones como para las empresas catalanas.