La gran estafa de la LOMCE

La llegada del Partido Popular al Gobierno de España en las pasadas Elecciones Generales con una rotunda, histórica mayoría absoluta, hizo vislumbrar a aquellas personas y asociaciones que durante años, décadas han luchado por el derecho a ser escolarizado en castellano en Cataluña, una exigua luz al final del túnel. En esta ocasión, no cabían excusas. El Partido Popular tenía la oportunidad de predicar con el ejemplo, de materializar a través de las reformas legales pertinentes las libertades y derechos que habían dicho defender durante sus años de oposición. Tenían la ocasión, quizás única, de terminar con el modelo obligatorio de inmersión lingüística en Cataluña y garantizar el derecho de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos en lo referido a la lengua de enseñanza en todas las Comunidades Autónomas con lengua cooficial.

En materia de derechos y libertad lingüística, el proyecto de Ley presentado por el Gobierno del Partido Popular era una propuesta redactada con moral de perdedor o con la intención maliciosa de embarullar la situación para aparentar que se hacía algo

La alegría dura poco en casa del pobre y la opción elegida por el Gobierno del Partido Popular para llevar a cabo esta tarea puso en guardia, desde un primer instante, a los padres y entidades implicados en esta lucha. De entrada, el Gobierno renunciaba a elaborar una Ley que dotase de efectos a la oficialidad del castellano establecida en el artículo 3 de la Constitución Española y que garantizase, así, el derecho a la escolarización en la lengua común de todos los españoles. Sorprendentemente, la vía elegida por el Gobierno para este descomunal empeño, para resolver definitivamente años de marginación, abuso e injusticia, era la puerta trasera de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación, una disposición adicional cuyo contenido levantaba dudas donde se esperaban certezas y creaba problemas allí donde se esperaban soluciones.

En materia de derechos y libertad lingüística, el proyecto de Ley presentado por el Gobierno del Partido Popular era una propuesta redactada con moral de perdedor o con la intención maliciosa de embarullar la situación para aparentar que se hacía algo, cuando, en realidad, no se tenía ganas de hacer nada. Como punto de partida, se asumía de manera tácita la independencia de hecho de las Comunidades Autónomas a la hora de establecer el modelo lingüístico en sus respectivos ámbitos. El Gobierno aceptaba como inevitable la imposibilidad de hacer cumplir la Ley en las autonomías bilingües y, en especial, en Cataluña, al prever en la propia ley los mecanismos y procedimientos a seguir en caso de no aplicarse la Ley, dando por hecho el incumplimiento de ésta por parte de los Gobiernos regionales. Para ello la LOMCE ideaba un procedimiento legal novedoso y preocupante por el que, si las Administraciones educativas competentes no garantizaban la oferta docente pública en lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable, los padres tendrían derecho a llevar a sus hijos a un centro privado donde existiese dicha oferta, siendo los gastos de escolarización asumidos por la Administración educativa correspondiente. El argumento, la excusa, era forzar a las CCAA sedicentes a aceptar en la práctica un modelo de educación bilingüe por la vía de los hechos consumados y de la sanción económica. Lo que esta vía suponía, en realidad, era lanzar a los padres más valientes e irredentos a una nueva batalla legal, al peregrinaje entre Administraciones, al enfrentamiento a la presión social, a la maquinaria descomunal y bien engrasada del Gobierno Autonómico de turno. Que esto había de ser así, se podía anticipar a la luz de la proliferación en el texto de conceptos jurídicos indeterminados - “proporción razonable” o “estado de normalización de la lengua propia”- que eran una invitación a la arbitrariedad y una declaración de principios del Gobierno y de su falta de voluntad política para enfrentarse al problema y actuar en consecuencia. Una falta de voluntad política tan patente que fue necesaria una enmienda de UPyD al Proyecto de Ley para que en éste constase de manera explícita que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado.

En todo este proceso de despropósitos, de dejación de responsabilidad y abandono a su suerte de los ciudadanos de las CCAA bilingües por parte del Gobierno de España, al Partido Popular sólo le quedaba un clavo por clavar en el ataúd del derecho a la escolarización en castellano en las Comunidades con lengua cooficial y, más en concreto, en Cataluña. Sorprendentemente, o no, en los medios de comunicación pasó prácticamente inadvertida la publicación el pasado 30 de julio del Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado 4 de la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Al margen de la capacidad económica de las familias solicitantes, de acuerdo con el Decreto, los padres que se aventuren a iniciar este viaje lo deberán hacer, al menos en Cataluña, sin cartas de navegación, ni mapas, ni un pobre GPS que los ampare

La lectura del Decreto aprobado por el Gobierno resuelve las incógnitas que el redactado de la LOMCE abría en relación al derecho a ser escolarizado, al menos en una proporción razonable, sea esto lo que sea, en castellano. Las esperanzas puestas en la Ley no eran grandes, pero el análisis del articulado pone ante nosotros una estafa sin paliativos. La inseguridad jurídica, la indefinición, la complejidad de los procedimientos establecidos es tal, que podemos predecir, ahora y sin temor a equivocarnos, que los padres catalanes que recurran a esta vía para que sus hijos puedan ser escolarizados en castellano será testimonial, si es que alguna vez algún alumno llega a ser escolarizado por este procedimiento. Por supuesto, este hecho servirá como munición al nacionalismo gobernante que lo utilizará como argumento para victimizarse, hacer alarde de la inexistencia del problema e insultar a los padres que se atrevan a iniciar este proceloso periplo con incierto destino, señalándoles como un puñado de extravagantes inadaptados gobernados por el auto-odio.

El Decreto que regula la compensación de los costes de escolarización previstos en la LOMCE, la Ley que había de garantizar el derecho a la enseñanza en castellano en toda España, exige de entrada y como medida claramente disuasoria el pago previo a cargo de las familias que se vean obligadas a escolarizar a sus hijos en un centro privado, poniendo como límite de pago la cantidad de 600€, cuando es sabido que no hay en Cataluña ningún colegio privado, no concertado, donde la escolarización esté por debajo de alrededor de los 800€. Con ello, el Gobierno hace dejación de su obligación de garantizar una enseñanza pública y universal en castellano, pues sólo podrían recurrir a esta vía aquellas familias capaces de pagar un diferencial de entre 200 y 400€ al mes. Por si esto no fuera suficiente, el derecho a recibir la compensación se reconoce con posterioridad a la matriculación y al pago de las sucesivas cuotas mensuales hasta que la solicitud sea aceptada… o denegada. Evidentemente, esto supondría que, además de la diferencia entre el límite de pago y la cuota real del centro, la familia debería asumir el gasto de, como mínimo, ese curso, u optar por cambiar de centro a sus hijos una vez iniciado el periodo lectivo.

Al margen de la capacidad económica de las familias solicitantes, de acuerdo con el Decreto, los padres que se aventuren a iniciar este viaje lo deberán hacer, al menos en Cataluña, sin cartas de navegación, ni mapas, ni un pobre GPS que los ampare, en medio de una flagrante indefinición e inseguridad jurídica y con un destino incierto e improbable. Para comenzar, la Administración educativa catalana se niega, de forma consistente y reiterada, a facilitar a los padres la información sobre la oferta educativa en castellano en las respectivas zonas educativas, por lo que estos deberán iniciar un peregrinaje centro por centro para conocer los diferentes proyectos lingüísticos y cerciorarse, hasta donde puedan, de que dicha oferta lingüística en una proporción razonable en castellano y sostenida con fondos públicos, no existe en su municipio. Por si, aún así, a alguien le pareciese que el Gobierno le estaba poniendo las cosas demasiado fáciles a aquellas familias que deseen que sus hijos sean educados en castellano, aunque sólo sea en una proporción razonable, el Decreto se acoge a la excepción de la regla de la Ley del Procedimiento Administrativo y establece el silencio administrativo negativo, con lo que, de presentarse la solicitud y no obtenerse respuesta de la Administración, los sufridos padres deberán interponer un largo y costoso proceso contencioso-administrativo.

El PP ha utilizado de nuevo los derechos de los castellanoparlantes como moneda de cambio para no excitar al insaciable monstruo nacionalista. Nos ha dejado al albur de los totalitarios de la peor manera posible

Como padre implicado en el mundo asociativo por los derechos y libertades individuales en Cataluña, como miembro de UPyD, un partido que ha hecho de estos dos principios – el Estado de Derecho y la libertad- sus dos ejes vertebradores, me siento engañado e indignado. El Partido Popular ha utilizado de nuevo los derechos de los castellanoparlantes como moneda de cambio para no excitar al insaciable monstruo nacionalista. Nos ha dejado al albur de los totalitarios de la peor manera posible, aparentando hacer algo, cuando no hacía, ni quería hacer nada. Ha publicado el Decreto de tapadillo, sin publicidad. No ha hecho ninguna campaña para informar a los padres que quieran que sus hijos sean escolarizados en castellano de que existe, supuestamente, esta posibilidad. Como de costumbre, los nacionalistas nos han ganado por la mano y, sorprendentemente, o no, con su implacable maquinaria construida minuciosamente durante décadas, no han tardado en utilizar el nuevo marco legal para su propio beneficio. Tanto la LOMCE como el Decreto que la desarrolla son, en estos momentos, utilizados por las organizaciones nacionalistas de la Comunidad Valenciana para organizar campañas exigiendo el derecho a la educación en catalán, denunciando la discriminación de aquellas familias que no pueden acceder a este derecho.

Empieza un nuevo curso en medio del estruendo de la amenaza secesionista y las bravuconadas del totalitarismo nacionalista. El ruido nos puede hacer mirar hacia otro lado y ver cuestiones como la libertad de opción lingüística como un tema menor, un entretenimiento de toreros de salón en mitad del estrépito de la batalla que ocupa el centro de la escena. No nos engañemos, todo forma parte de lo mismo. Es la lucha, vieja como el polvo, por la libertad frente a la intolerancia.