Blindar la desigualdad

Hace unos días pasé por el que ha sido mi instituto en Sant Cugat durante 29 años y pude comprobar que han dejado para todo el verano una senyera de grandes dimensiones en la fachada en la que se puede leer: "Som i serem escola catalana. No a la Llei Wert". Es la consigna de todo el curso. Recoge el espíritu de la ominosa manifestación en Barcelona del 14 de junio pasado.

Otro aspecto inaceptable para ellos es que haya algunas pruebas comunes de nivel en toda España. Aquí lo que procede es la 'cohesió social', ligada al desacato de la ley y al uso coercitivo de la lengua catalana

Resulta que lo que les molesta de dicha ley a los separatistas –entre los docentes son legión– no es su falta de principios en cuanto a que no garantiza la igualdad de derechos de todos los escolares y de sus progenitores, sino que los privilegios que concede a los nacionalistas sean, a su juicio, insuficientes.

Es evidente que en Cataluña la posibilidad de que los alumnos que lo deseen puedan recibir parte de sus clases en español, como optimistamente pretende la ley, es bastante baja. La Generalidad ya se encarga de obstaculizar el ejercicio de ese derecho. Primero porque no ofrece en la preinscripción la posibilidad de elección de lengua. Segundo, porque se niega a hacer pública la lista de colegios públicos o privados donde el español es también lengua vehicular –sabemos que la oferta es inexistente en la red pública y muy escasa en la privada–. Tercero, porque en el supuesto de que algunos padres hayan dado con una de estas "excepciones", que suelen ser colegios de élite muy caros, tienen que adelantar las altas mensualidades antes de que el Ministerio les abone la cantidad a cargo de los presupuestos de la Generalidad.

Otro aspecto inaceptable para ellos es que haya algunas pruebas comunes de nivel en toda España. Esa mínima medida de cohesión en el sistema educativo no 'mola'. Aquí lo que procede es la cohesió social, ligada al desacato de la ley y al uso coercitivo de la lengua catalana.

Analicemos de qué va el cuento. Parece razonable contrastar las consignas nacionalistas al uso, que se ofrecen a modo de razones o argumentos, con datos sociológicos objetivos. Doy por fiables los del Idescat (Instituto de estadística de Cataluña) más recientes sobre población y lengua (2013).

• Lengua familiar o inicial
   o Catalán: 31,0 %
   o Castellano: 55,1 %
   o Ambas: 2,4 %

• Lengua de identificación
   o Catalán: 36,4 %
   o Castellano: 47,5 %
   o Ambas: 7,0 %

• Lengua habitual
   o Catalán: 36,3 %
   o Castellano: 50,7 %
   o Ambas: 6,8 %

A la vista de estos números, carece de sentido sostener que "la" lengua de Cataluña es el catalán, y es una quimera pretender convertirla en seña de identidad suprema de esta comunidad. No estaría mal hacer de vez en cuando un poco de ejercicio de aproximación a la realidad y empezar a aceptar, aquí y en el resto de España, que el principal hecho diferencial en Cataluña es que tenemos dos lenguas propias, además de oficiales.

No estaría mal hacer de vez en cuando un poco de ejercicio de aproximación a la realidad y empezar a aceptar que el principal hecho diferencial en Cataluña es que tenemos dos lenguas propias, además de oficiales

Si comparamos los porcentajes de lengua inicial con los de lengua de identificación, observamos que hay un trasvase, nada desdeñable, de hablantes de castellano hacia el catalán y hacia ambas lenguas. En un ambiente de libertad, esto sería bastante difícil de entender. De todas formas, los que nos seguimos identificando con el español o castellano –sin renunciar al conocimiento y uso ocasional o frecuente de la otra lengua– somos un 11% más que los que se identifican con el catalán. Esto quiere decir que no aceptamos, por lo menos de buen grado, abandonar nuestra lengua y relegarla a un ámbito absolutamente privado, que es lo que persigue con denuedo el establishment nacionalista.

De eso va la impostura de reclamar el blindaje del sistema lingüístico que desde hace varias décadas rige en los colegios e institutos públicos de Cataluña (sistema que sólo contempla el catalán como lengua vehicular en la enseñanza y de relación entre individuos) y escoger como lema "Per un país de tots, l’escola en català", incluyendo el recreo, los comedores y las excursiones. Sería más honesto y mucho más breve reclamar la prohibición del español –más allá de su estudio como lengua extranjera– y la retirada de su estatus como lengua oficial.

Dicen que la ley –LOMCE— amenaza la "inmersión lingüística", un "logro sagrado" alrededor del cual giran en gran medida las reivindicaciones nacionalistas. Conviene, por tanto, dedicarle especial atención al concepto.

¿Qué es? Sencillamente, educar en una lengua distinta a la materna, desoyendo las recomendaciones de la UNESCO y de los pedagogos de prestigio (no supeditados a directrices políticas). Aunque en todos los programas de inmersión se dice perseguir el bilingüismo, todos los expertos coinciden en afirmar que para que tengan éxito, deben efectuarse de modo voluntario, iniciarse cuando la lengua materna del niño está suficientemente asentada (sin prescindir totalmente de ella) y en un contexto de respeto y prestigio hacia la misma.

O sea, que el intocable sistema de inmersión a la catalana consiste en educar a unos en su lengua y a otros no, sin observar ni una sola de las cautelas mencionadas para los inmersionados. Detrás de semejante trato selectivo, no hay buenas intenciones. Si así fuera, practicarían la inmersión total con los niños catalanohablantes, educándolos en castellano. Tiene todo el aspecto de una discriminación que, como toda discriminación, resulta lesiva para todos; para los unos porque les hace notar que tienen la lengua equivocada; a los otros porque les hace sentir superiores. Teniendo en cuenta que este trato diferenciado se prolonga a todas las actividades extraescolares, sin dejar resquicio para que la lengua del grupo discriminado encuentre acomodo, una tiende a pensar que todo esto responde a un proyecto perfectamente diseñado de ingeniería social, con el que se pretende no que los castellanohablantes nos enriquezcamos aprendiendo la otra lengua del entorno, sino que aborrezcamos la nuestra.

Un derecho fundamental no se consensua; se respeta. Si tenemos dos lenguas oficiales, no se puede imponer una sobre la otra. Las dos se tienen que ofrecer por igual

Después de tres décadas de control lingüístico e ideológico, han llegado a la desvergüenza de identificar el bilingüismo en las aulas con un ataque al catalán. Por ello, las escuelas implicadas por los autos del TSJC, que obliga a introducir un 25% de castellano como lengua vehicular en los grupos en los que algún padre se "ha atrevido" a solicitar enseñanza bilingüe para su hijo, se han sentido legitimadas para orquestar un auténtico acoso a las familias demandantes. A esa orquesta se han sumado directores, profesores, AMPAs, Escoles Cristianes de Catalunya, Moviments Pedagògics y hasta ayuntamientos. Los tachan de romper la convivencia y de obligar a todos los compañeros de su hijo a recibir una asignatura en castellano, además de la específica de esta lengua. Una vez más, un intento de desprestigio del castellano, cuyo uso normal en el aula se presenta como un castigo. Con esa actitud, ponen de manifiesto su desprecio a la ley y a la otra lengua propia de Cataluña, ofendiendo a más de la mitad de la población que nos sentimos identificados con el español. Esto, por lo visto, es cohesión social.

Afirman que hay un consenso prácticamente unánime entre todos los progenitores para que sus hijos se eduquen exclusivamente en catalán. Para que haya consenso, tiene que haber planteamiento previo y debate abierto sobre las distintas propuestas, y aquí se han escatimado ambos requisitos. De cualquier manera, un derecho fundamental no se consensua; se respeta. Si tenemos dos lenguas oficiales, no se puede imponer una sobre la otra. Las dos se tienen que ofrecer por igual. Las posibilidades son pocas: bilingüe equilibrada, escuela solo en catalán, y escuela solo en castellano; no hay más.

Sin embargo, el próximo curso seguiremos siendo desiguales en derechos y obligaciones, gracias también a un gobierno central que se considera constitucionalista...