Sanidad pública catalana: Crónica de una muerte anunciada

No se trata de una muerte por causas naturales, ni tampoco puede atribuirse a motivos accidentales ni, como algunos pretenden hacernos creer, es consecuencia de la crisis económica que utilizan como coartada para desmantelar servicios y prestaciones sociales. Se trata de una muerte anunciada, perfectamente planificada desde los poderes públicos de Cataluña, y ejecutada con nocturnidad, premeditación y alevosía. Alevosía y desvergüenza puesto que, a pesar de que las evidencias son notorias y clamorosas, los responsables de tal asesinato las niegan de forma contumaz y reiterada y, como si la desfachatez no fuera todavía suficiente, se permiten despreciar y acusar de demagogia a todos aquellos que las denuncian.

La Consejería de Salud está cumpliendo, paso a paso, las recomendaciones del informe Aproximación a un nuevo planteamiento estratégico para las empresas públicas y consorcios de salud de la Generalidad, que fue elaborado en el año 2011 por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) y que el periódico 'El País' hizo público en enero del 2013. Ese informe había sido solicitado, según dicen, por Josep Prat, el que era en ese momento el máximo responsable del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y que, en la actualidad, está siendo investigado y ya está imputado por múltiples supuestos delitos en relación a su actuación en el ente público Innova. Ni que decir tiene que, de forma inmediata a que ese informe saliera a la luz pública, el Consejero Ruiz y todo su equipo negaron vehemente cualquier intención de aplicar las recomendaciones contenidas en el mismo y que consistían, básicamente, en la descripción del proceso para fragmentar el ICS, la mayor empresa catalana, en una veintena de sociedades.

Desmembrar el ICS, la única empresa sanitaria al 100% pública de Cataluña, ha sido y es uno de los principales objetivos del Consejero Ruiz desde que llegó a su cargo provinente de la patronal sanitaria

Desmembrar el ICS, la única empresa sanitaria al 100% pública de Cataluña, ha sido y es uno de los principales objetivos del Consejero Ruiz desde que llegó a su cargo provinente de la patronal sanitaria catalana Unió Catalana d’Hospitals. El ICS ha sido siempre "la bestia negra" de la actual cúpula del Departamento de Salud, copada por los directivos de esa patronal, que prefieren huir de los controles y garantías administrativas a las que legalmente esta obligado el ICS, para gozar de la libertad de acción, gestión, contratación y dirección que permiten el resto de las figuras jurídicas bajo las que actúan la mayor parte de centros concertados que, teóricamente, pertenecen al sector público. Precisamente Innova, incursa en una instrucción judicial por fraude a gran escala, es el paradigma de lo que ese tipo de "entes públicos" pueden llegar a facilitar.

Para conseguir el objetivo perseguido, es decir, fragmentar el ICS y sustraerlo del derecho público, el informe de la consultora PWC definía dos fases de actuación:

1.- Fragmentar el ICS en entidades públicas con autonomía de gestión, mediante la constitución de sociedades mercantiles o de consorcios, integrando otros centros sanitarios, públicos y/o privados. Ese seria el primer paso, y el indispensable, para una posterior privatización, como deja patente el consejo de la consultora: "Nuestra recomendación es una entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto político y social del plan".

2.- Traspasar la asistencia sanitaria pública a entidades de gestión privada, bajo el falaz argumento de una mayor eficiencia. Tras analizar varias opciones, PWC se inclina por elegir la concesión administrativa y el concierto como fórmulas deseables, llegando incluso a plantear la duración de los contratos, que sería de "10 años salvo que dicho contrato comprenda también la ejecución de obras, en cuyo caso podría ser de hasta 50 años".

En estos momentos se está ejecutando ya la primera fase. En Lérida, sin participación social ni profesional y sin ningún control parlamentario, el nuevo ente jurídico que permitirá integrar el ICS con la empresa pública Gestión de Servicios Sanitarios S,A. estará listo a primeros de enero del 2015. Así lo manifestó la secretaria del Departamento de Salud, Roser Fernández, ante algunos parlamentarios de la Comisión de Salud. Al parecer, la creación de ese ente, que se presenta bajo el eslogan de "Lleida hi guanya" ("Lérida gana"), será el desideratum para todos los profesionales y para todos los ciudadanos de esa región sanitaria, a pesar de que, desagradecidos e ignorantes como son, todos esos supuestos beneficiados se oponen y denuncian oscuros intereses.

Los objetivos de la primera fase están garantizados: huída del derecho administrativo y del control parlamentario, y vía libre al negocio de individuos y grupos empresariales próximos al poder político

Para justificar la creación de ese ente leridano se invoca la "singularidad" de la región pero, al parecer, todas las regiones catalanas deben ser muy singulares puesto que los "planes" para el resto de Cataluña son similares y, eso sí, siempre siguiendo la hoja de ruta del informe elaborado por PwC.

En Tarragona, la opacidad es total. En marzo de 2013, el director del ICS y los responsables de los centros privados que configuran la Red del Hospital Santa Tecla, que algunos encuadran en la "Convergència de los negocios", firmaron un Convenio de Colaboración que contiene una peculiar cláusula de confidencialidad que llega al extremo de impedir que las personas que participen o que los proyectos que se realicen en desarrollo de ese Convenio queden reflejados en soporte de ningún tipo.

En Gerona está prevista también la creación de un nuevo ente, con autonomía de gestión y personalidad jurídica propia, que agrupará la asistencia primaria de la provincia de Gerona y que, ahora, depende directamente del ICS. También silencio y opacidad total.

Según el Director General del ICS, y en la línea de la consejería, todo son ventajas, para trabajadores, usuarios y ciudadanos en general. "No queremos hacer una revolución, sino una evolución", asegura Joaquín Casanovas, actual Director del ICS, quien niega tajantemente cualquier privatización.

Entre esas múltiples "ventajas", esa nueva gestión implicará un cambio sustancial en el modelo de las relaciones laborales de los trabajadores, teniendo en cuenta que si bien hasta ahora la mayoría del personal del ICS es estatutario, en el futuro las nuevas contrataciones se harán en régimen laboral. A diferencia del personal estatutario, el personal laboral se regula por un convenio colectivo del sector, en este momento inexistente, y la oferta de empleo y la contratación dejarán de estar sujetas a las normas imperativas de derecho público (anuncio de oferta pública de empleo, concurso de méritos, oposición...) y las retribuciones de los directivos y altos cargos tampoco estarán limitadas por las normas presupuestarias públicas.

Los objetivos de la primera fase están garantizados: huída del derecho administrativo y del control parlamentario, y vía libre al negocio de individuos y grupos empresariales próximos al poder político. A los que denuncien intereses o se lamenten de los daños colaterales, basta con acusarles de demagogia, de corporativismo o de incapacidad de evolución y de adaptación a una supuesta modernidad. Si las cifras y los datos no son favorables: hay que negarlos con reiteración y contundencia. Es decir, basta con una buena dosis de cinismo.

La ejecución de la segunda fase es más compleja y requiere un análisis detallado que será objeto del siguiente artículo.