La hoja de ruta

Una hoja de ruta es un plan que establece a grandes rasgos la secuencia de pasos para alcanzar un objetivo. Gobiernos e instituciones utilizan comúnmente este concepto para las estrategias de desarrollo sectoriales.

En enero de 2011, pocas semanas después de ser nombrado consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña, el Sr. Boi Ruiz recomendaba públicamente a los ciudadanos suscribir una póliza sanitaria con una mutua privada, manifestando además la "suerte que tenemos de que el 26% de los catalanes tengan ya un seguro médico privado".

Como si los ciudadanos fuéramos rematadamente tontos, se nos pretende convencer de que el desvío de esas actividades a entidades con ánimo de lucro, resulta más “barato” que seguir realizándolas en el sistema público que no tiene finalidades lucrativas

Poco tiempo después de esa recomendación, y por si no había quedado suficientemente claro lo que entiende el actual Gobierno autonómico catalán por el "Servicio Nacional Público de Salud de Cataluña" del que tan frecuentemente habla asegurando que lo quiere conservar e incluso mejorar, el Sr. Ruiz detalló mejor su proyecto. Ante un auditorio integrado por directivos de compañías sanitarias privadas y convocado por la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), el consejero de Salud expuso su propuesta para financiar el sistema sanitario público catalán: establecer la obligatoriedad de que los ciudadanos de una determinada renta media o alta suscribieran una póliza aseguradora, a través de la que recibirían asistencia para sus problemas médicos de poca entidad pero seguirían obligados a financiar la sanidad pública, aunque sólo pudieran acceder a ella en supuestos muy graves y a determinar, sin concretar cuáles serían esos supuestos ni quién los determinaría. La idea, conocida, esperada y aplaudida por quienes le escuchaban, fue descartada pocas horas después por la misma Consejería dirigida por el Sr. Ruiz, cuando desde el Gobierno se recordó que tal propuesta vulneraba el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y exigía una nueva redacción de la Ley General de Sanidad, de ámbito estatal, así como la aprobación del resto de las CCAA y también la del Gobierno.

Ante la escasa acogida por parte de sus conciudadanos de apuntarse voluntariamente a una mutua privada, parece ser que el consejero ha decidido velar por los intereses de la sanidad pública catalana utilizando formas menos directas y sin necesidad alguna de que los ciudadanos deban ejercer ningún derecho de opción ni de elección. Para conseguir tales fines ha aplicado, de forma sistemática y generalizada, recortes presupuestarios en todos los centros concertados animando a los directivos de los mismos, todos ellos designados y aleccionados desde la propia Consejería, a conseguir los recursos económicos que él mismo les ha disminuido, compitiendo en el mercado sanitario con las entidades privadas, estableciendo una doble puerta de entrada al sistema que facilita el acceso prioritario, de aquellos que pueden costeárselo, mediante pago directo. Esa era su propuesta inicial: los que tengan recursos propios, que suscriban una póliza privada y, si no quieren suscribirla, que paguen para acceder al sistema. Se ha conseguido el efecto aunque, eso sí, se nota bastante el cuidado.

Además, y de forma complementaria, el consejero ha propiciado, bajo la excusa de una mayor “eficiencia” cuando no el reiterado mantra de la supuesta “reordenación territorial de la actividad”, el desvío de actividad asistencial hacia entidades privadas, algunas de ellas perteneciente o vinculadas a “amigos” y “conocidos”, todos ellos habituales usuarios de la “puerta giratoria”, entronizada por buena parte de la casta dirigente catalana en favor de sus intereses privados. Así, hemos visto cómo, entre otras muchas actividades, la asistencia oftalmológica del Hospital de Viladecans, parte de la cirugía traumatológica del Hospital Clínico, la fisioterapia y la rehabilitación de múltiples centros públicos... han sido desviadas a entidades privadas, a las que están vinculadas conocidos personajes del mundo político-sanitario catalán, con la excusa de la mayor rentabilidad, el menor costo, o la falsa invocación a las economías de escala. Pero es que además, y como si los ciudadanos fuéramos rematadamente tontos, se nos pretende convencer de que el desvío de esas actividades a entidades con ánimo de lucro, resulta más “barato” que seguir realizándolas en el sistema público que no tiene finalidades lucrativas.

El consejero Ruiz, como responsable que ha sido de una de las patronales de ese sector "concertado", conoce muy bien las “posibilidades” que esa red sanitaria catalana ofrece para poder huir del sistema público, de sus controles y de sus garantías

Carecería de fundamento hablar de desmembramiento de lo público si no se hubieran llegado a conocer diversos informes en los que se analiza la posibilidad de trocear la sanidad pública para abrirla al capital privado, creando consorcios de entidades "públicas y privadas". En el 2011 se filtró ya en los medios de comunicación no subvencionados un documento denominado La Gobernanza del ICS; datado en ese mismo año, aunque no conocido hasta 2013, se hizo pública una buena parte del informe elaborado por PricewaterhouseCoopers (PWC) en el que se proponía la privatización de 18 hospitales catalanes. El departamento de Salud calificó en su día el informe de "planteamiento teórico", aunque en el mismo se entraba al detalle en la propuesta de privatización de las ambulancias y del centro de operaciones del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), la de una red de más de treinta laboratorios clínicos y del Instituto de Diagnóstico por Imagen, la gran empresa tecnológica que gestiona estos servicios en los ocho hospitales del Instituto Catalán de la Salud.

El Instituto Catalán de la Salud (ICS), es la mayor empresa pública de Cataluña con más de 40.000 trabajadores y que gestiona ocho de los hospitales con más actividad y la mayoría de los centros de atención primaria (CAP). Desde el año 2010 ha estado sometido a duros tijeretazos presupuestarios por parte de la Generalidad y se ha visto obligado a disminuir la actividad asistencial de forma alarmante, tanto a nivel hospitalario como en asistencia primaria.

El ICS es el único organismo sanitario de Cataluña público al 100% y, por tanto, sometido al control estricto de ese tipo de entidades. El resto de instituciones que configuran la red pública catalana prestadora de servicios sanitarios, ahora SISCAT y antes XHUP, carecen de esas características y están excluidos de ese riguroso control; esa red está integrada por entes totalmente privados o pertenecientes al sector público aunque conservando formas jurídicas privadas que les permiten huir del rigor administrativo y, por tanto, son más fáciles de compatibilizar con el modelo sanitario que desea y propicia el Gobierno autonómico catalán. El consejero Ruiz, como responsable que ha sido de una de las patronales de ese sector "concertado", conoce muy bien las “posibilidades” que esa red sanitaria catalana ofrece para poder huir del sistema público, de sus controles y de sus garantías, y posibilitar así el beneficio privado a través de la inversión pública.

La Generalidad niega que se trate de abrir los centros al capital privado, pero no aclara qué tipo de empresa se va a constituir y aunque asegura que no hay intención de fragmentar el ICS, la realidad indica todo lo contrario

El ICS representa un escollo en esa generalización del modelo que se pretende implantar y es por ello que, tal como la consultora PWC detallaba en su informe, la Consejería que dirige Boi Ruiz -ese consejero que inició su mandato recomendando a sus conciudadanos apuntarse a una mutua privada- ha decidido unificar en las comarcas leridanas un 80% de centros gestionados por el Instituto Catalán de la Salud y otro 20% por una empresa pública, Gestión de Servicios Sanitarios. La Generalidad niega que se trate de abrir los centros al capital privado, pero no aclara qué tipo de empresa se va a constituir y aunque asegura que no hay intención de fragmentar el ICS, la realidad indica todo lo contrario.

Después de la tremenda disminución presupuestaria, reiterada y mantenida durante los últimos años, el consejero Ruiz aseguró que en el año 2014 no se impondrían más recortes sanitarios. A pesar de tales afirmaciones, los rumores indican todo lo contrario; se habla de un nuevo hachazo presupuestario de 60 millones de euros, a llevar a cabo en los 6 últimos mese del año: 40 millones (6.655 millones de pesetas) en la sanidad hospitalaria concertada, y veinte millones (3.327 millones de pesetas) respecto a la hospitalaria pública pura, la del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Parece ser que esta nueva agresión a la sanidad catalana debía ser discutida y, en su caso, aprobada o rechazada, en una reunión del Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud que estaba previsto celebrar hace pocos días, pero que fue suspendida in extremis.

Ese Consejo, presidido por Boi Ruiz, está integrado por 22 personas que son representantes territoriales, corporativos, sindicales y empresariales. Será interesante conocer qué hace cada uno de ellos si es que finalmente se reúnen, puesto que podría darse el caso que esa suspensión fuera definitiva, dependiendo de que ERC siga o no prestándose como muleta de la lamentable política sanitaria del gobierno de CiU.

En algunas ocasiones las muletas no son una ayuda, sino todo lo contrario. Una de las novelas de Frederick Forsyth narra cómo su protagonista "Chacal" idea un plan infalible y lo ejecuta sin dejar ningún cabo suelto. Todo está perfectamente pensado y calculado, todo es verosímil. "Chacal" se disfraza de veterano de guerra, con sus medallas y con una muleta donde lleva camuflada una carabina artesanal con la que planea asesinar al Presidente. Pero en la ficción, a diferencia de lo que pasa en la realidad, no hay daños colaterales ni víctimas inocentes.