El pacto de los montes

En el mes de mayo del pasado año, y por acuerdo del Gobierno autonómico de Cataluña, se constituyó la Comisión denominada “por el Pacto Nacional de Salud” cuyos objetivos, según se manifestaba en ese mismo acuerdo, eran “impulsar y promover un amplio consenso social para un sistema sanitario público y universal” y que, además, fuera “sostenible en términos económicos, de calidad y equidad y, al mismo tiempo, excelente en resultados”. Esa Comisión debía elaborar un documento de bases para ese “Pacto Nacional de Salud”, recogiendo las aportaciones de todos los grupos parlamentarios y de otros agentes del sistema sanitario catalán, que estaban ya integrados en un denominado “Consejo Catalán de la Salud”, otro de los diversos organismos consultivos y asesores de la Consejería de Salud y del que forman parte, además de prácticamente todos los altos cargos de la Consejería de Salud, representantes de Consejos comarcales y de otros organismos públicos y privados, miembros de las patronales sanitarias y de los Sindicatos mayoritarios en el sector.

Lo que se pretende es consolidar el modelo sanitario actual, consistente básicamente en la compra, por parte del ente público CatSalut, de servicios sanitarios a entidades proveedoras, pero huyendo como de la peste de la creación de un auténtico servicio público de salud

Vale la pena recordar las declaraciones del consejero Ruiz en el momento en que se constituyó esa Comisión, en las que manifestó su voluntad de que las sesiones de trabajo debían “ir más allá de la defensa de intereses particulares, partidistas o corporativos para poder llegar a un acuerdo independiente de la coyuntura política” como -según él- “ha ocurrido siempre en el ámbito sanitario catalán”. En ese mismo acto de constitución, el consejero afirmó también que “el sistema sanitario público catalán es un modelo de éxito que los ciudadanos valoran positivamente y que, a pesar de las restricciones presupuestarias, mantiene un nivel de servicios adecuado”. Esa declaración de intenciones, llegaba al punto de pretender conseguir “trabajar por un modelo estable, que aisle la sanidad del debate diario, y que sea aplicable por futuros gobiernos, sean del color que sean” Ahí es nada.

A pesar de todas esas inmejorables intenciones declaradas, nadie podía llevarse a engaño puesto que de lo que se trataba, y así lo dejó muy claro el consejero, era de “mejorar el modelo actual, que necesita algunos retoques y algunas mejoras”. Es decir: cambiar alguna cosa o, al menos hacerlo ver, para que nada cambie. Según las optimistas previsiones anunciadas por el consejero, el documento de conclusiones de esa Comisión tenía que estar listo en septiembre de 2013. A finales de febrero de 2014, y después de 12 reuniones de trabajo, el documento sigue sin haber pasado de la fase de “borrador” y, aunque finalmente pase a la fase de “conclusiones”, a tenor del redactado de los múltiples borradores elaborados hasta ahora, su contenido estará bien lejos del tan cacareado consenso.

Los primeros en abandonar el “barco” fueron los representantes del grupo parlamentario de la CUP-AE. En unas contundentes declaraciones a la prensa, la representante de esa formación parlamentaria anunció que abandonaban ese supuesto “Pacto Nacional de la Salud” porque “lo que pretende ese pacto es tapar las vergüenzas, limpiar la cara y seguir con un modelo en el que la corrupción parece tener más defensa que los derechos de los usuarios, de los trabajadores y de la calidad asistencial”. La diputada Isabel Vallet manifestó que “bajo el paradigma de la excelencia se quiere legitimar un modelo de negocio con la sanidad pública catalana” y que desde el gobierno “se recorta para privatizar y se privatiza para enriquecerse”.

Esas manifestaciones ponen el dedo en la llaga, puesto que la intención -bien poco oculta- del consejero Ruiz, y del gobierno del que forma parte, no es otra que la de conseguir un “pacto” que evite el cuestionamiento del discutido modelo sanitario catalán, debilitado y afectado por sucesivas oleadas de recortes y un sinfín de casos de corrupción en los que están involucrados los principales “ideólogos” del sistema. De lo que se trataba, y de lo que se trata, no es de “llegar a un acuerdo independiente de la coyuntura política, y al margen de intereses partidistas” como anunciaba el Sr. Ruiz, sino que lo que se pretendía y se pretende es conseguir un pacto que no tenga en cuenta las gravísimas repercusiones sociales y sanitarias que han producido en Cataluña la defensa de los intereses partidistas y privados que representa y defiende el consejero Ruiz y el gobierno del Sr. Mas. En resumen: un pacto de no agresión a su gobierno, a su partido y a los intereses privados que se benefician de su política sanitaria.

En el mes de octubre de 2013, la pomposamente denominada “Comisión de Investigación sobre la gestión en el ámbito sanitario y las relaciones entre el sector público sanitario y las empresas” aprobó sus conclusiones finales sobre la teórica investigación parlamentaria de las numerosas irregularidades en el sector sanitario, que se habían hecho públicas a través de la prensa no subvencionada. Los votos de la Sociovergencia catalana, la que ha controlado la gestión sanitaria durante más de 30 años, consiguieron rechazar todas las propuestas que alertaban sobre esas manifiestas irregularidades, a pesar de que una buena parte de ellas habían sido ya apreciadas por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, por la Fiscalía Anticorrupción e incluso por los Juzgados de instrucción. Ninguna desviación presupuestaria, ningún caso de corrupción, ninguna malversación, ningún tráfico de influencias, ningún conflicto de intereses, ninguna responsabilidad… Nada que decir sobre los numerosos y notables imputados en el caso Innova, con el Sr. Prat y el Sr. Manté a la cabeza; nada que decir sobre los concursos públicos y el Sr. Bagó, que era Presidente del Grupo Serhs (que se los adjudicaba) y, a la vez, Presidente del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (que los adjudicaba); nada que decir sobre el Sr. Cuervo que, con la ayuda del Sr. Varela, consiguió defraudar al Instituto Catalán de la Salud (ICS) y cobrar dos sueldos por el mismo trabajo… Curiosamente, una de los acuerdos más concretos de esa Comisión fue el de remitir esas conclusiones a otra Comisión, la del Pacto Nacional por la Salud, a fin de que fueran tenidas en cuenta en la elaboración de ese “Pacto Nacional” orientado a realizar unas supuestas mejoras en ese idílico “modelo catalán” que, precisamente, es el mismo que ha facilitado y permitido las irregularidades que, en teoría, debía analizar la Comisión Parlamentaria.

No hay peor mentira que ocultar la verdad, y todavía es peor la tolerancia que estamos desarrollando ante políticos mendaces, manipuladores y tramposos. Lo mejor es dejarlos solos para que puedan atribuirse el éxito de ese “pacto de los montes”

A principios de este mes de febrero ha sido ICV-EUiA quien ha abandonado el Pacto anunciando, además, que no lo firmará. Josep Vendrell, portavoz de ese grupo parlamentario en la Comisión de Salud, afirma que la propuesta que impulsa la Conselleria “no aborda los principales problemas del sistema sanitario de Catalunya” que, según el diputado, son los ajustes presupuestarios decididos e impuestos por el gobierno, la disminución de puestos de trabajo en el sector, el aumento de las listas de espera, el incremento del copago y del repago, la reducción de los servicios, la reordenación asistencial orientada a favorecer intereses privados, la coexistencia de asistencia pública y privada -“de pago”- en los mismos centros que reciben fondos públicos….. Vendrell pone de relieve que, en la actualidad, el gasto sanitario por habitante ha disminuído notoriamente, retrocediendo en más de una década, y que ese Pacto no establece ningún compromiso concreto para recuperar esa disminución ni garantizar la suficiencia del sistema.

He tenido ocasión de leer algunos de los borradores de ese Pacto y el contenido de los mismos deja bien claro que lo que se pretende es consolidar el modelo sanitario actual, consistente básicamente en la compra, por parte del ente público CatSalut, de servicios sanitarios a entidades proveedoras, pero huyendo como de la peste de la creación de un auténtico servicio público de salud. Un modelo sanitario verdaderamente público no puede limitarse a crear una regulación de mercado, sino que ha de garantizar el ejercicio del derecho a la salud de los ciudadanos; pero lo que no puede obviarse, porque resulta patente, es que lo que se pretende conservar y “mejorar” es un modelo “pseudopúblico” y favorecedor de intereses privados, próximos cuando no propios.

Siguiendo los pasos de ICV-EUiA, también el Sindicato CCOO ha abandonado recientemente el Pacto: disienten de las propuestas sobre copagos sanitarios, que se preveen como fuente de financiación, y porque culpabilizan a los usuarios de consumir recursos inadecuadamente. CCOO defiende un modelo público de Sanidad y no acepta la posibilidad de lucro por parte de algunas entidades y el escaso control respecto a los gestores de los centros sanitarios. UGT ya ha manifestado que no lo firmará porque tampoco está de acuerdo con la institucionalización del copago. Ambos Sindicatos, al igual que ICV-EA manifiestan también que no puede aceptarse que ese pacto no garantice el acceso universal al sistema sanitario a todas las personas que residan en Cataluña, con independencia de su situación administrativa.

Ciutadans, uno de los partidos que junto con la CUP e ICV-EUiA, ha sido muy crítico respecto al sistema sanitario y a la actuación de sus gestores, también se plantea retirarse aunque, de momento, sigue en la mesa. Jose Manuel Villegas, portavoz de ese grupo en la Comisión Parlamentaria de Salud, manifiesta que contempla el pacto “con distancia y frialdad” y critica que no se admitan los errores que han conducido a conflictos de intereses ni se establezcan garantías para que esas situaciones no se repitan. Villegas recuerda el triste resultado de la Comisión de Investigación sanitaria para afirmar que si este Pacto se cierra también sin asumir responsabilidades ni crítica alguna, ve imposible que su grupo lo asuma.

No he tenido ocasión de conocer las últimas versiones de ese Pacto nacional pero, si mantienen la “línea” de las que sí he leído, no puede haber partido, sindicato, asociación ni organización de cualquier tipo que, teniendo un mínimo de vergüenza, no abandone esa Comisión de inmediato. Baste un ejemplo de redactado falaz y tendencioso: “El sistema sanitario se financia vía recursos fiscales, principalmente impuestos y en mucha menor medida aportaciones de los usuarios. En los últimos años, a pesar de la disminución del Presupuesto de la Generalidad de Catalunya en cifras absolutas, el peso del presupuesto destinado a las políticas de salud se ha incrementado, pasando del 36% (2010) al 38% (2012)”. Nótese que se hace referencia al porcentaje destinado a Sanidad del montante total del Presupuesto, para poder enmascarar así la disminución presupuestaria superior al 25% que ha padecido la sanidad catalana en relación a ejercicios anteriores.

No hay peor mentira que ocultar la verdad, y todavía es peor la tolerancia que estamos desarrollando ante políticos mendaces, manipuladores y tramposos. Lo mejor es dejarlos solos para que puedan atribuirse el éxito de ese “pacto de los montes” sanitario que pretenden sirva de espejo y guía para gobiernos futuros. Dios no lo permita.