Democracia: no acepten falsificaciones

Los independentistas han propagado con notable eficacia la teoría de que la mejor solución para el conflicto que ellos mismos han creado es la realización de un referéndum o "consulta". A través del voto, el pueblo podría manifestar su voluntad de forma ordenada y pacífica. La consulta permitiría a los catalanes decidir de forma democrática su futuro.

De lo anterior se deriva, lógicamente, que todos aquellos que nos oponemos a la consulta somos contrarios a la democracia. No queremos que el pueblo vote porque tenemos miedo a que su decisión no sea la que a nosotros nos gustaría. Por eso utilizamos la legalidad como una barrera o como una amenaza.

El éxito de la fraseología independentista demuestra hasta qué punto una parte de nuestra clase política, de nuestros intelectuales y de la sociedad ignora el verdadero significado de la democracia. Porque la democracia no consiste sólo en introducir papeletas en urnas, y en plegarse acríticamente a lo que supuestamente quiere la mayoría.

En Cataluña, una parte importante de los ciudadanos no independentistas no se atreve a manifestar sus opiniones en público, o lo hace con muchas cautelas

La democracia debe, en primer lugar, garantizar que todos los ciudadanos puedan expresar sus opiniones con libertad y en igualdad de condiciones. No puede haber elección válida sin esa condición previa. En Cataluña, una parte importante de los ciudadanos no independentistas no se atreve a manifestar sus opiniones en público, o lo hace con muchas cautelas. Los partidos y grupos no nacionalistas sufren continuas intimidaciones y agresiones, cuya intensidad y frecuencia ha ido in crescendo. El Gobierno autonómico utiliza de forma descaradamente partidista los medios de comunicación públicos, y malgasta el dinero público para controlar la línea editorial de muchos medios privados.

Algunas asociaciones y grupos de interés como Òmnium Cultural o la ANC se han erigido en portavoces de todo el pueblo. Con una movilización intensa y permanente, apoyada financiera y mediáticamente desde el Gobierno autonómico, imponen su agenda política a todos los ciudadanos. ¿Quién les ha otorgado legitimidad para hacerlo? En democracia, la legitimidad no proviene de la capacidad para convocar a un gran número de personas vestidas con la misma camiseta y gritando las mismas consignas.

En democracia, el espacio público es para todos, sea cual sea su ideología. Nadie tiene derecho a apropiarse del mismo. En Cataluña, sin embargo, las banderas estelades están en las calles de todos los pueblos y ciudades de Cataluña, no sólo en viviendas particulares sino también en edificios públicos como ayuntamientos, colegios, cuarteles de bomberos... Algunos monumentos o escenarios naturales están permanentemente decorados con la bandera independentista. En multitud de eventos sociales, culturales o deportivos la simbología independentista tiene una presencia destacada. Las personas que no compartimos los símbolos independentistas nos vemos obligados a vivir rodeados de ellos. El independentismo consigue así crear una falsa percepción de unanimidad, e intimidar a quienes pensamos de forma diferente.

La libertad de opinión genera una gran diversidad de posiciones políticas. En Cataluña coexisten muchas posturas sobre cuál debe ser la estructura del Estado: recentralización, autonomía, federación, federación asimétrica, confederación, independencia... ¿Es democrático reducir esa diversidad a dos o tres alternativas mutuamente excluyentes, y obligar a los ciudadanos a escoger entre ellas? Los independentistas quieren enfrentar a los ciudadanos con una pregunta "clara", dicen que para no "confundirlos". Más bien parece que quieren sacar provecho de la polarización de la ciudadanía, obligándola a escoger entre dos opciones moldeadas a su conveniencia.

La mayoría de constituciones democráticas modernas establezcan procedimientos lentos y complejos para la reforma de sus contenidos básicos. Cambiar el sujeto de la soberanía nacional, por ejemplo, es más complicado que definir un límite de déficit presupuestario

Los independentistas y los que se han dejado seducir por su palabrería afirman que el pueblo catalán tiene "derecho a decidir". Sin embargo, la mayoría de los catalanes confiesa no disponer de suficiente información sobre las consecuencias de la independencia. En esas condiciones, ¿no se convierte el "derecho a decidir" en la "obligación de escoger"? Aquí se objetará que tampoco disfrutan los ciudadanos de una información perfecta ante los procesos electorales habituales, y que no por eso son inválidos. Pero en ese caso el ciudadano puede comprobar la calidad de sus decisiones y rectificar al cabo de unos años. En el caso de la consulta independentista, se fuerza una decisión irreversible.

Por último, a los que nos reprochan utilizar la Constitución como un "muro" para las aspiraciones del pueblo debemos recordarles que la democracia tiene principios y reglas de juego fundamentales, que gozan de protección especial y no pueden ser modificadas de la noche a la mañana. Sólo una mayoría suficientemente amplia y sostenida en el tiempo puede aspirar a cambiar dichas reglas. De lo contrario, cualquier mayoría frágil y circunstancial podría aprovechar su condición para provocar cambios irreversibles, sin posibilidad de rectificación por parte de la mayoría que la reemplazara más adelante. De ahí que la mayoría de constituciones democráticas modernas establezcan procedimientos lentos y complejos para la reforma de sus contenidos básicos. Cambiar el sujeto de la soberanía nacional, por ejemplo, es más complicado que definir un límite de déficit presupuestario. Es cuestión de voluntad política, sí. Pero de una voluntad política suficientemente amplia y estable como para pasar el examen.

En resumen, la consulta que promueven los independentistas y aceptan otros grupos políticos de forma ingenua y acrítica no es sinónimo de democracia. Debo recordar, a riesgo de que el Gobierno autonómico me incluya en su lista negra de banalizadores, que los plebiscitos y las manifestaciones multitudinarias son el instrumento de manipulación y falsa legitimación preferido por los regímenes autoritarios.

A los independentistas les gusta contraponer la actitud supuestamente inmovilista y antidemocrática del Gobierno español a la de otros países que han permitido la realización de consultas. Pero el populismo que impera en Cataluña recuerda mucho más a Venezuela. Y cuando Artur Mas y su socio Oriol Junqueras amenazan con elecciones plebiscitarias o huelgas salvajes si no se acepta su consulta, recuerdan mucho más a Nicolás Maduro que a Gandhi o a Martin L. King.