Seguramente es gratificante clasificar a Artur Mas como zombie político, y quizás también sea cierto. Pero posiblemente no lo sea, sino que, al contrario, se encuentre en una situación win-win-win, es decir que sale ganando en cada uno de los tres posibles desenlaces que la presente situación ofrece.

Posibilidad uno es que continuemos con el actual embrollo. Durante un tiempo limitado, pero seguramente más allá de las próximas elecciones autonómicas en 2016, este desenlace mantendría a Mas en el poder para así poder continuar ventilando la cortina de humo que esconde su desastrosa gestión.

Posibilidad dos es la independencia de Cataluña, que elevaría a Mas a la categoría de Padre de la Patria. La tercera es prácticamente igual de buena (o quizás incluso mejor, como veremos más adelante): una autonomía significativamente ampliada también sería vista como un gran éxito de Mas. Esta autonomía plus también le haría a Mas aparecer como el ganador delante de su electorado y aseguraría a CiU la hegemonía durante varias legislaturas, sin tener que pasar por las penurias que una independencia conllevaría.

¿Se puede repescar la idea del pacto fiscal sin tocar la Constitución? ¿Qué margen de maniobra tienen Madrid y Barcelona?

Me atrevo a aventurar que ahora mismo CiU está trabajando en las dos últimas soluciones, sobre todo en la última. "No tengo nadie al lado, vete al Parlamento y a ver quién lo vota". Estas eran, según La Vanguardia, las palabras de Mariano Rajoy al rechazar el pacto fiscal de Mas, hace poco más de un año. Pero no era sólo un rechazo, también indicaba la solución.

Una solución difícil: tal pacto fiscal que imitaba el concierto vasco probablemente no era constitucional. ¿Se puede repescar la idea del pacto fiscal sin tocar la Constitución? ¿Qué margen de maniobra tienen Madrid y Barcelona? Y si hace un año era poco, ¿cómo ensancharlo, idealmente para beneficio de las dos partes?

Retrocedamos otro año más. En 2011 Pedro J. Ramírez indicó una posible solución para el embrollo catalán: más dinero para la autonomía a cambio de respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos en materia lingüística. Hasta hoy en día las encuestas dan el mensaje de que si más dinero se queda en Cataluña, menos votos ganaría la opción separatista. El tiempo nos ha enseñado que existen, sin embargo, dos problemas con esta solución.

El primero es que el nacionalismo catalán dice no fiarse de un simple cambio en la LOFCA. Exige mayores garantías. El otro es que Mas ha marcado la inmersión lingüística como "linea roja", y efectivamente, la inmersión, y con ella toda la normalización lingüística, es un instrumento para el nation building, el fer país, sin el que el nacionalismo catalán perdería una parte importante del control ideológico en el que se basa su acción política. Con unas sentencias judiciales que, por el artículo 3.1 de la Constitución, insisten en que el castellano sea también lengua vehicular en la enseñanza pública, el blindaje para la inmersión posiblemente sólo puede hacerse por la vía del cambio de la Constitución.

Para el nacionalismo catalán, la solución de la autonomía plus sería incluso mejor que la independencia. Dejando de lado la casi imposibilidad de independizarse cuando el Estado no lo permite y la comunidad internacional no reconocería una declaración unilateral, la casi ausencia del castellano en las aulas pondría un Estado catalán en conflicto con la Unión Europea, cuyo punto de vista sobre el tema muy probablemente sería parecido al que expresaron el Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010 y, en consecuencia, el Supremo en sentencias posteriores. En vez de basarse en la Constitución española, la UE argumentaría desde el punto de vista de derechos adquiridos o hasta el de los derechos humanos para recomendar o incluso exigir, en las negociaciones de adhesión de un eventual Estado catalán, que el castellano gozara de plena oficialidad.

Es cierto que un cambio de la Constitución que de entrada toparía con los máximos recelos por parte de las otras CCAA y la necesidad de llegar a acuerdos filigranos con el PP y el PSOE sería ardua tarea

La ley Wert, que los nacionalistas describen como un ataque contra el catalán/Cataluña/la cohesión social (elijan lo que quieran), es de hecho un primer intento de hacer las paces con la inmersión lingüística al margen de las sentencias judiciales: pone un parche donde se necesita un cambio general, representa otro obstáculo para todos aquellos que quieran que sus hijos estudien también en castellano al obligarles a enviarlos a otras escuelas, privadas, y confirma y aprueba así el arrinconamiento del castellano.

Por otro lado, también es cierto que un cambio de la Constitución que de entrada toparía con los máximos recelos por parte de las otras CCAA y la necesidad de llegar a acuerdos filigranos con el PP y el PSOE sería ardua tarea. Tan difícil que requeriría de circunstancias excepcionales para llevarla a cabo.

¿Y qué sería si estas circunstancias excepcionales se llegaran a crear? El reto separatista seguramente se puede clasificar como excepcional. Tan excepcional que hasta los más halcones de la unidad de España -o quizás precisamente ellos- podrían estar dispuestos incluso a cambiar la Constitución. Para evitar el mal mayor, Rajoy finalmente tendría alguien a su lado. Para lograr este objetivo hay que tensar la cuerda al máximo, eso es cierto, pero es precisamente lo que está haciendo Mas, con la inestimable asistencia de lo que se llama a sí mismo sociedad civil catalana. Y por supuesto con la ayuda de un Rajoy inflexible.

La cuerda se tensará aún más. Si la cesión de la competencia para hacer un referéndum no es concedida, cosa más que probable, acto seguido el Gobierno autonómico pedirá amparo a organismos internacionales como la UE. Es dudoso que intervenga la misma UE, más probable es que lo hagan algunos estados, porque tienen más margen de maniobra diplomática. En todo caso, para que intervenga alquien en los asuntos internos de un Estado, la situación en Cataluña debería ser bastante convulsa. Esto es lo que parecen haberle dicho fuentes internacionales no especificadas a Oriol Junqueras antes de que éste amenazara con una huelga, extremo algo ridículo a raíz de una observación (o quizás hasta un consejo) que de todas formas era de cajón: si no hay un problema catalán que lo afecte, el mundo no va a mover ni un dedo. Ergo hay que crear este problema. (De hecho, una fuerte actitud victimista es lo que exige lo del "derecho a decidir", cosa que debe ser tratada en otro artículo). El año que viene, el del Tricentenario, será muy interesante.

La posibilidad de que la comunidad internacional intervenga es real, y es parte de la hoja de ruta de Mas y Junqueras. Pero es más bien una ilusión (¡adiós, Junqueras!) que lo haga a favor de una Cataluña independiente. Lo que desde fuera se pediría a Madrid, y a Barcelona, también sería de cajón: que negocien. La presión internacional flexibilizaría las posiciones enfrentadas y enquistadas, después se pondría a votación popular el resultado de las negociaciones. Y voilà, el referéndum. Es la tercera vía sobre la que se va a votar, no la independencia. Es en este sentido que hay que entender ya esa curiosa "pregunta inclusiva" que han sacado a relucir tanto Mas como Josep Antoni Duran i Lleida. Una tercera vía, pasando por Bruselas y otras capitales. Un largo viaje en tren, para el que Mas ha reservado asiento con su internacionalización, mientras que la oposición catalana, de momento, no va ni en bicicleta.

Los pactos de amor/odio entre CiU y PP también son una especie de tercera vía, ya conocida y probada

En toda esta ecuación un lugar importante ocuparán las elecciones generales de 2015. Serán un momento decisivo. Mirado bajo estos aspectos, la tercera vía de Duran i Lleida ("pacto fiscal, soberanía cultural y nueva Constitución") aparece como tan buena alternativa que uno se pregunta si los aparentes desacuerdos entre él y Mas no son más que simple teatro. Es por esta tercera vía que el nacionalismo catalán histórico, el de CiU, puede realizar todas sus aspiraciones, llegando a controlar el país como Jordi Pujol ni había soñado.

¿Cui bono? Con una CiU hegemónica, ERC se vería reducida a su tamaño natural, y el gran perdedor podría ser un PSC ya tocado por la pérdida de su parte nacionalista, y que defiende su propia tercera vía. Esta no dista mucho de la de Duran, pero al final lo que siempre cuenta es la percepción de los votantes. Siendo los votos del PSC esencial para ganar el PSOE la mayoría en el Congreso, con él se arriesga el PSOE, necesario colaborador de un eventual cambio constitucional. Otro ganador, de manera relativa y por un tiempo limitado, sería Ciudadanos. El PPC estaría condenado a la insignificancia, cosa que al PP estatal no tiene que preocupar mucho, porque los votos del PPC nunca han sido cruciales para él.

Una autonomía plus sería aceptable para el PP estatal, que al fin de cuentas en el espectro derecha-izquierda es partido hermano de CiU. Hay incluso una ventaja adicional para estos dos: en lo nacional seguirán ofreciendo los puntos de fricción necesarios para mantener unidos a sus respectivos votantes. Los pactos de amor/odio entre CiU y PP también son una especie de tercera vía, ya conocida y probada.

Se avecina un emocionante juego a tres bandas, con fases de alianzas cambiantes alternándose con otras de un todos contra todos, según lo pida el momento. Habrá que ver si se impone el sentido común, y a qué grado... Lo preocupante es que tal tipo de constelaciones tiende a llevar al tacticismo partidista, que muchas veces deja de lado las necesidades de los ciudadanos.