El significado de la independencia

La principal cualidad del independentista de nuevo cuño es la irresponsabilidad, en el sentido de que él no era de suyo independentista, sino que le han obligado a serlo contra su voluntad. Es cierto que en eso coincide con el independentista de antes, sobre todo con el que se ha forjado en democracia y bajo un extenso régimen de derechos y libertades individuales y profunda descentralización política, pero que a pesar de ello justifica su independentismo en que España es un Estado antidemocrático y centralista. El independentismo, el viejo y el nuevo, parte de premisas imaginarias, de ahí que resulte tan complicado rebatirlo con argumentos racionales. Con todo, no hay que dejar de intentarlo.

Así, el supuesto paladín de ese independentismo de última hora, el ex presidente autonómico Jordi Pujol -digo supuesto porque no tengo claro que Pujol no haya sido siempre un independentista agazapado a la espera del momento propicio-, no pierde ocasión de proclamar que se ha convertido al independentismo porque no le ha quedado otro remedio, ya que "España nos quiere destruir" (sic). Curiosamente, es él quien se expresa en esos términos a todas luces desmedidos, pero luego el discurso del miedo lo hacen otros. Lo hacen, claro está, quienes advierten de los costes políticos, comerciales y sentimentales asociados a la independencia, esa palabra mágica que ahora no es nada, que es lo que paradójicamente da alas a sus partidarios para seguir pregonando libremente que lo significa todo.

Poco les importa el hecho de que el control de constitucionalidad de las leyes, incluso de aquellas que hayan sido aprobadas en referéndum por el pueblo, sea uno de los pilares de cualquier Estado democrático de derecho

Sorprende que a Pujol no le haya quedado otro remedio que hacerse independentista justo ahora que Cataluña ha alcanzado las mayores cotas de autogobierno de su historia, y no bajo la dictadura franquista cuando, por la iniquidad congénita del régimen, más justificada parecía estar la adhesión a cualquier causa disolvente. Sin embargo, después de tres décadas de democracia y de extraordinario progreso económico y social, es precisamente ahora que las cosas en España han empezado a ir francamente mal por culpa de la crisis global cuando Pujol ha decidido volver las espaldas al resto de España y decirle adiós, muy buenas. Él y otros ilustres independentistas supuestamente sobrevenidos, como el ex presidente del Parlamento autonómico Joan Rigol o el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que se ha llevado la palma de la irresponsabilidad afirmando que aún hoy no es independentista, pero que en un referéndum secesionista votaría 'sí'. ¡Vaya con el alcalde!

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto y, más recientemente, la ley Wert son algunos de los productos propagandísticos que, debidamente entremezclados con otros más añejos, los nuevos independentistas traen siempre en la boca para justificar su conversión. Por un lado, se afanan en presentar la sentencia del TC como una anomalía que demuestra la escasa calidad de la democracia española y repiten hasta la saciedad aquello de que "esto en un país democrático no ocurre". Poco les importa el hecho de que el control de constitucionalidad de las leyes, incluso de aquellas que hayan sido aprobadas en referéndum por el pueblo, sea uno de los pilares de cualquier Estado democrático de derecho que se precie. En los Estados Unidos el hecho de que las constituciones estatales sean aprobadas en referéndum no obsta al control de constitucionalidad tanto por los tribunales estatales como por los federales. Véase, por ejemplo, la reciente decisión de la Corte Suprema federal de declarar inconstitucional la reforma de la Constitución californiana que suponía de hecho la prohibición del matrimonio gay, una reforma que en el año 2008 había sido aprobada en referéndum por el pueblo de California. Supongo que Estados Unidos tampoco debe de ser un país democrático.

¡A ver si va a resultar que Canadá tampoco es un país democrático según la teoría de los independentistas catalanes!

Por otro lado, sostienen que la ley Wert trata de instituir un derecho a recibir la enseñanza exclusivamente en castellano, sin duda porque saben que, si reconocieran lo que realmente dice la ley, correrían el riesgo de que la mayoría de los catalanes lo considerara cuando menos razonable. Lo que pretende la ley es exigir a los poderes públicos catalanes que reconozcan de una vez el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, tal y como establece el TC. ¡Otra vez el TC interfiriendo en las decisiones del Parlamento autonómico de Cataluña! Sin embargo, una vez más encontramos un caso parecido, esta vez en Canadá, donde la Corte Suprema federal declaró inconstitucional, en el año 2009, la ley 104 de Québec, que pretendía limitar sobremanera el derecho de los padres quebequenses a matricular a sus hijos en escuelas públicas en inglés -que allí sí existe cierta libertad de elección en este aspecto-. ¡A ver si va a resultar que Canadá tampoco es un país democrático según la teoría de los independentistas catalanes! ¿Habrá en todo el mundo algún país auténticamente democrático a la luz de tan acabada teoría? ¿No será que su teoría no se ajusta a la realidad? ¡Bah!, pues si es así, ¡tanto peor para la realidad!, dirán parafraseando a Hegel.

Independencia, repito, es una palabra mágica que ahora mismo no es nada y eso es precisamente lo que permite a sus partidarios insistir en que lo significa todo: democracia, libertad, igualdad... ¡Todo! En realidad, no creo que a los independentistas, que hasta ahora han vivido muy bien achacando todos los males de la sociedad catalana al Estado español, les interese en absoluto lanzarse a la independencia, porque se exponen a conseguirla y perder su pretexto de siempre. Corren el riesgo de que su palabra mágica llegue a ser algo, y así comprobar que no significa absolutamente nada.