El calendario político catalán se clarifica. Hoy podemos afirmar que la consulta o referéndum no se va a acelebrar. Al menos en su versión independentista. Otra cosa es para ratificar una hipotética reforma constitucional. Y no se va a celebrar porque el Estado no va a poder autorizar, aunque quisiera, una consulta que es intrinsicamente inconstitucional. Y porque es un precedente que mantendría la política española en un estado de permanente inestabilidad por el efecto contagio, al menos en el País Vasco, y la voluntad nacionalista de repetirlo cada vez que le conviniera.

Tampoco desde el lado independentista hay gran interés en que se celebre. La encuesta de La Vanguardia daba mayoría a una hipotética tercera vía. Si en sus mejores encuestas la independencia ronda el 50%, teniendo en cuenta que no ha habido campaña seria en contra, y que no es lo mismo una encuesta que el voto real, las probabilidades de un triunfo independentista son escasas a pesar del ruido mediático y de un cierto complejo de los defensores del no.

Esta falta de interés independentista en una consulta legal se convierte en rechazo explícito a una consulta ilegal, aunque formalmente digan lo contrario. No quieren la consulta porque no alcanzaría el 50% de participación en ningún caso y si se realizara por internet y durante una semana, con un censo no oficial, votantes de más de 16 años, etc., no sería tomada en serio por nadie.

Ni independencia ni suspensión de la autonomía son de mi agrado. Es jugar a la ruleta rusa con la certeza de recibir un balazo

Si se mantiene el discurso es para hacer victimismo y tratar de legitimar una declaración unilateral en el Parlamento autonómico. La declaración unilateral es un objetivo alcanzable por los independentistas. Con un voto del 40% del censo electoral (la suma de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP en las pasadas elecciones) los partidos independentistas pueden alcanzar alrededor de las 2/3 de los diputados autonómicos.

Esa hipotetica declaración unilateral vendría acompañada de una acampada en el Parque de la Ciudadela para tratar de forzar la aceptación de facto por parte del Estado. No parece, sin embargo, que tal hipótesis sea muy realista por mucho que Francesc Homs diga que una suspensión de la autonomía es "imposible". Desde luego, es mucho más probable la intervención del Estado y la suspensión de la autonomía que la consolidación de la independencia.

¿Puede evitarse este escenario? ¿Alguien quiere evitarlo? Soy de los que piensa que llegados a este punto los catalanes perdemos sea cual sea el desenlace. Ni independencia ni suspensión son de mi agrado. Es jugar a la ruleta rusa con la certeza de recibir un balazo. La única duda es si morirás en el acto o quedarás parapléjico. La alternativa no me entusiasma, lógicamente.

Preguntaba si este escenario puede evitarse. La única forma, a mi entender, es que los partidos no independentistas refuercen su oferta electoral. En concreto, es imprescindible que, junto a las ofertas del PP y Ciudadanos, se presente a las próximas elecciones autonómicas una oferta potente que agrupe a Unió, PSC y, quizás, a una parte de ICV-EUiA en torno a una tercera vía que contemple una amplia reforma del Estado y una reforma constitucional apoyada al menos por el PSOE y, a ser posible, por IU.

Para que ello sea posible Josep Antoni Duran i Lleida debe decidirse. Pero no vale con esperar a que Mariano Rajoy haga una oferta como ha reclamado en su carta de este viernes. A Artur Mas y Oriol Junqueras no se les calma con una oferta, por buena que sea. Hay que elaborar un interlocutor catalán alternativo. Y el núcleo duro de esta alternativa no pueden ser otros que Duran y el PSC. Si no son capaces de articularla serán colaboradores por omisión de lo que acabe pasando.