Los sistemas públicos de pensiones junto con la sanidad y la educación son los pilares básicos del Estado del bienestar. Las pensiones públicas de vejez se iniciaron en Alemania con el canciller Bismarck a finales del siglo XIX. Pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se consolidaron y ampliaron en el Reino Unido. Esto sucedió con un gobierno laborista a partir del Informe Beveridge. En el sistema de economía planificada de Rusia y los países de la órbita soviética también se disponía de unas prestaciones para cubrir las necesidades de la genta mayor. Es decir, en Europa han existido desde principios del siglo XX diversos sistemas de pensiones públicos y obligatorios para los trabajadores.

España, a pesar de que se incorporó más tarde al proceso histórico de desarrollo de la sociedad del bienestar, ha realizado un esfuerzo considerable durante las tres últimas décadas. En la etapa democrática se ha recuperado buena parte del terreno perdido en el ámbito de la política social. La brecha social que nos separaba de los países europeos más desarrollados se redujo durante el periodo de 1982-1996, pero volvió a abrirse entre 1996 y 2004, para disminuir aceleradamente durante los años siguientes. Lamentablemente, desde diciembre de 2011, estamos retrocediendo un importante trecho de la senda recorrida. Y es un hecho poco cuestionable que el Gobierno de Mariano Rajoy está haciendo recaer las reformas y ajustes para salir de la crisis en aquellos que tienen menos capacidad de defensa. Además, la severidad de la crisis económica que estamos padeciendo ha hecho que la viabilidad del sistema público de pensiones haya sido seriamente cuestionada.

En consecuencia, el sistema español de pensiones vive hoy una encrucijada histórica. No le falta razón a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, cuando dice que "la reforma de las pensiones es el debate más importante que tiene planteado la sociedad española". Ahora bien, lo que trasluce más allá de las palabras de la ministra es el interés en provocar un cambio en profundidad de nuestro sistema público de pensiones, que responde a planteamientos ideológicos. En esencia se trata de reducir la cuantía de las pensiones contributivas, para ampliar el campo de acción de los fondos privados de pensiones.

Las entidades financieras no dejan de insistir de forma machacona en la inviabilidad del sistema, por lo que éste se colapsará en los próximos años

La Seguridad Social es uno de los sistemas públicos que moviliza más dinero en cualquier país. Y en el caso concreto de España está, a día de hoy, fuera de la órbita de las entidades financieras (bancos, cajas y compañías de seguros). No cabe duda que las considerables cantidades de dinero que se generan en este terreno son un fuerte polo de atracción para las entidades privadas. En esta situación, a nadie debe extrañar que éstas promuevan de todas las maneras posibles la privatización de una parte la Seguridad Social, obviamente la que resulta rentable. Pero para alcanzar sus objetivos, necesitan de alguien que les aplane el camino y el Gobierno del PP se está convirtiendo en el colaborador necesario.

Las entidades financieras no dejan de insistir de forma machacona en la inviabilidad del sistema, por lo que éste, pensiones incluidas -amenazan-, se colapsará en los próximos años. Valga decir aquí que está predicción se repite de forma cíclica. Se hizo en los primeros 70 vaticinando el colapso para los finales de la misma década, se repitió al inicio de los 80, después en los 90 y ahora vuelve el aviso con más fuerza si cabe, y esta vez, además, en medio de una crisis económico-financiera que lo hace todavía más pernicioso.

La reforma de las pensiones afecta a nueve millones de pensionistas. También a aquellos que ya han cumplido el medio siglo de vida y ahora ven próximo el momento de empezar a cobrar su pensión. Pero a éstos les entran todos los sudores del mundo al pensar que, con el factor de sostenibilidad y la supresión del IPC para calcular las revalorizaciones, disminuirá su pensión, y, por tanto, caerá su nivel de vida.

Según datos del Instituto de Estudios Fiscales, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se prevé que las pensiones puedan bajar hasta un 40%. Se ha calculado que con la reforma las pensiones medias lleguen a caer, según vayan las cosas, 1.500 euros anuales. Que la devaluación de la prestación se alargará como mínimo hasta 2022 y que se espera un ahorro anual sostenido de unos 5.000 millones de euros. En conjunto, el Gobierno espera ahorrar 33.000 millones. Es evidente que con esas cifras sobre la mesa la revuelta social está servida.

En estas circunstancias, lo razonable sería que el presidente del Gobierno dejara de esconderse y explicara la situación. Esta sociedad ha dado pruebas sobradas de madurez y si se le explica que la fuerte destrucción de empleo está provocando un elevado déficit en la Seguridad Social que impide revalorizar las pensiones e incluso obliga a recortar las prestaciones de más cuantía como se ha hecho con el funcionariado, la gente comprenderá. Ciertamente no será un plato de gusto para nadie, pero será preferible a generar dudas sobre el sistema público de pensiones en los próximos 30 años.

De todos modos, siendo el presidente del Ejecutivo Mariano Rajoy, con el currículo de comunicador y dialogante que se ha ganado a pulso, haciendo comparecencias de prensa sin preguntas y con pantallas de plasma, tal vez sea más factible pedir peras al olmo.