En la vida política hay muchas formas de obstrucción. Lo es, por ejemplo, la de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se ha negado a dotar de fondos la reforma sanitaria del presidente Obama, lo cual ya ha ocasionado el cierre de la Administración Pública del país y quién sabe si en un futuro próximo males mayores. Lo era también, en tiempos de la Segunda República española, la táctica de los grupos de oposición en las Cortes durante los últimos gobiernos de Manuel Azaña, consistente en recurrir a todas las artimañas imaginables -en palabras del cronista Josep Pla, a "la manipulación de los recursos parlamentarios más brutales"– para ir dilatando el proceso de tramitación de una ley. Y lo está siendo asimismo, en el campo de la enseñanza pública española, la llamada a la movilización de las formaciones de izquierda y nacionalistas cada vez que un cambio legislativo cualquiera atenta contra sus intereses.

El pasado jueves el Congreso de los Diputados aprobó la nueva ley de educación, la LOMCE, y para el próximo jueves 24 de octubre ya hay convocada una huelga general en la enseñanza. Por supuesto, entre ambos hechos existe una relación de causa a efecto. Pero nadie vaya a creer por ello que los convocantes, la llamada Plataforma Estatal por la Escuela Pública, han esperado a conocer el texto legal definitivo, con las modificaciones introducidas a lo largo de la tramitación parlamentaria, para llamar a la huelga. Qué va. El paro está convocado desde hace un mes. Y no sólo el paro; también lo que la Plataforma ha denominado "mesas de consulta ciudadana", colocadas desde el pasado 23 de septiembre en colegios, institutos y universidades para que los ciudadanos digan si rechazan cualquier tipo de política educativa y, en concreto, las llevadas a cabo por el Gobierno central -las respuestas se harán llegar este jueves al presidente Rajoy-, y "marchas en verde", que deben converger, entre el 2 y el 9 de noviembre, en el mismísimo Palacio de la Moncloa. Ah, y como en esa Plataforma están también representados los estudiantes, que no se cortan nada en estos casos, ellos empezarán la huelga dos días antes. Total, para lo que aprenden en clase.

¿Acaso un partido que dispone de mayoría absoluta no puede cumplir con uno de los puntos cardinales de su programa electoral?

Como se deduce fácilmente de lo expuesto hasta aquí, con las movilizaciones programadas no hay voluntad alguna de influir en los contenidos de la ley -lo que sí podía suceder, otorguemos a los convocantes el beneficio de la duda, con la anterior huelga general del 9 de mayo-. En la medida en que el Senado, esa Cámara fútil, va a ratificar lo aprobado en el Congreso, se trata de expresar en la calle la disconformidad del lobby educativo. Pero no tan sólo. Se trata también de obstruir, de impedir que la ley sea aplicada con todas las garantías a partir del próximo curso. Para ello, nada como crear un estado de opinión deslegitimador. Por ejemplo, esos titulares de gran parte de la prensa española que insisten en que la LOMCE ha sido aprobada "sólo con los votos del PP". ¿Y? ¿Acaso un partido que dispone de mayoría absoluta no puede cumplir con uno de los puntos cardinales de su programa electoral? No les negaré que a mí me habría gustado que los cinco diputados de UPyD votaran también a favor de la ley, entre otras razones porque quiero creer que el modelo educativo de unos y otros es, en esencia, el mismo. Pero, por lo que sea, no ha sido posible. Lo cual no invalida para nada la ley, por más que la oposición saque a pasear el mito de la pluralidad, como si los acuerdos entre muchos fueran necesariamente mejores. No lo dirán por el Pacto del Tinell.

O sí. Puesto que detrás de esas movilizaciones y de ese estado de opinión está la firme voluntad de los partidos de izquierda y nacionalistas de no renunciar al statu quo que les confiere el actual modelo educativo. Que -conviene repetirlo, por cuanto esta es otra de las falsedades reiteradamente publicitadas- no es uno más de los muchos que se han sucedido en democracia, sino el único que ha sido aplicado en verdad, durante cerca de tres décadas, bajo distintas leyes y con los resultados de todos conocidos. Hace poco vivimos en Baleares, con la movilización docente contra el TIL, un anticipo de lo que se avecina en toda España. Como muy bien dijo entonces José María Albert de Paco, los docentes tomaron la calle "por lo que el TIL supone de restablecimiento de la legalidad y, de algún modo, también de la realidad". Ahora, buena parte de los pertenecientes al sistema de enseñanza público español se aprestan a hacer lo propio, y a arrastrar en el empeño a padres y alumnos, con la segunda ley educativa -la primera fue la LOCE, que ni siquiera llegó a aplicarse- que, con mayor o menor acierto, intenta cambiar de raíz el modelo imperante. No cejarán. Obstruirán hasta donde sea preciso, en la calle y en las aulas. Se insubordinarán. Se declararán insumisos, con el estímulo de consejeros como Irene Rigau. Se juegan mucho. Y, por supuesto, nada de lo que se juegan tiene que ver con la verdadera educación.