'Natura abhorret vacuum'

En un artículo publicado en El Debat antes de las elecciones del pasado noviembre de 2012 titulado Cataluña, nuevo Estado de Europa ya explicaba una consecuencia jurídico-política inevitable de la hipotética secesión de una parte del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea (UE): el nuevo Estado queda fuera de la UE y debe solicitar su admisión para volver a entrar. En el supuesto que nos ocupa, Cataluña quedaría fuera de la UE y España, que ya es miembro de la Unión, continuaría como tal.

Son reglas muy básicas del derecho internacional que nunca han sido cuestionadas ni por los estados, ni por la UE, ni por el resto de organizaciones internacionales, ni por los expertos en la materia. Lo que se decía desde CiU y ERC en Cataluña durante la última campaña electoral catalana, y se suministraba sin escrúpulos por los medios adscritos al nuevo régimen catalán, era, sin más, una mentira de proporciones gigantescas. Intuyo que lo sabían. El ciudadano debía prestar su consentimiento al programa soberanista del modo más desinformado posible no fuera que se parara a analizar y sopesar pros y contras. Se debía atizar las pasiones que bloquearan el ejercicio más elemental de la racionalidad.

Esta consecuencia específica de la secesión, que se produciría tanto si la secesión fuera o no acordada con España, nunca ha sido controvertida en términos jurídicos desde los orígenes de la ONU. Mas, Homs, Mas-Colell, Junqueras et al. han sido simplemente desenmascarados por la UE, harta de que jueguen con sus símbolos para vender burras, aunque sean catalanas. El dosier recientemente enviado por la Generalidad a las embajadas europeas y mundiales sobre los objetivos del dret a decidir, la vía catalana y el nuevo Estado de Europa, sumado a todos sus extravagantes movimientos internacionales de este último año, han colmado el vaso y propulsado una respuesta fulminante y clara por parte de Pia Ahrenkilde, la portavoz de la Comisión.

Una aclaración para los que no sean expertos en derecho de la UE: la Comisión es conocida como la guardiana de los tratados de la UE y, además de velar por su cumplimiento, tiene también la competencia principal en materia de representación exterior de la UE. No es una opinión cualquiera sobre el tema, sujeta a cambio como una pluma abandonada al viento. Ese es el estilo del presidente de la Generalidad, no de las instituciones europeas que se toman sus funciones en serio.

El vacío jurídico-político que supondría la salida de la UE y de España implicaría un aumento descontrolado de los riesgos para la actividad empresarial

Luego, solicitar la adhesión de Cataluña a la UE sería una cosa y obtenerla, otra muy diferente. La solicitud debe ser admitida por unanimidad de los miembros de la UE (28 estados, España incluida) antes incluso de iniciarse cualquier negociación. Concluida esa negociación, y si el juicio de la Comisión es que el candidato cumple los requisitos para convertirse en un nuevo miembro de la UE, los 28 estados miembros tendrían que decidir libremente -sin estar sujetos a la evaluación previa de la Comisión o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea- y de nuevo por unanimidad, si aceptan o no al candidato. Es decir, Cataluña se independizaría de España y saldría de la UE para luego hacer depender su reingreso del voto soberano de España y de 27 estados europeos más. Buen negocio. Se deja de depender de un Estado (España), para pasar a depender de 28, inclusive el Estado del que te has hecho independiente.

Así, una declaración unilateral de independencia, sin el acuerdo previo del resto de España, o lo que es lo mismo, al margen de la Constitución española, inclusive si acabara siendo tolerada por el Estado -las probabilidades son rayanas a cero- abriría un período indefinido de tiempo hasta la incierta adhesión que causaría indefectiblemente una catástrofe económica, política, social y cultural a todos los catalanes sin hacer distingos sobre su ideología previa, independentista, confederalista, federalista, autonomista, centralista o abstencionista. Diga lo que diga el denominado Col·lectiu Wilson, que desprecia todas estas fundamentales cuestiones legales en sus falsos estudios científicos de los beneficiosos efectos de la independencia para la economía catalana. Sus integrantes son economistas desconocedores de los más básicos rudimentos del derecho internacional público y del derecho de la UE. Incluso de las reglas que regulan el mercado interior de la UE. Y parten de la premisa que se ha demostrado manifiestamente errónea de que Cataluña, sus ciudadanos y empresas, continuarían beneficiándose del estatus de miembro de la UE.

Natura abhorret vacuum (la naturaleza siente horror ante el vacío), decía Aristóteles. Con más motivo la actividad empresarial. El vacío jurídico-político que supondría la salida de la UE y de España implicaría un aumento descontrolado de los riesgos para la actividad empresarial (impagos, pérdida de mercado, inflación, aumento de impuestos, etc.). Los directivos de las empresas tendrían la obligación de evitarlos para asegurar su cuenta de resultados, esto es, su supervivencia económica. Y con ella, la de sus trabajadores. No tardarían en marcharse, como ya sucedió en el Québec (Canadá) con su referéndum en el momento en que los empresarios creyeron que existía el riesgo de que el resultado de la consulta fuera sí a la independencia. Y muchas no volvieron por si acaso.

Una sugerencia para el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, que ha organizado el neutral congreso de diciembre de este año bajo el título: "España contra Cataluña", habrá que pedir más presupuesto a la Generalidad, tan sobrada de tesorería como va, para organizar otros congresos el año próximo; uno titulado: "Europa contra Cataluña", más adelante uno sobre "El mundo contra Cataluña", el siguiente: "Las constelaciones contra Cataluña"; otro, bajo el rótulo de "La confederación de Galaxias contra Cataluña"; y finalmente "El Universo entero contra Cataluña".