Cuando un Gobierno se hunde sin remedio en el pozo de la corrupción sistémica, no tarda en mostrar su rostro más autoritario y destructivo.

Pedro Sánchez, asediado por los repugnantes escándalos que salpican a sus ex colaboradores y a su propia familia, se tambalea como un boxeador golpeado por Ilia Topuria. Se ha sumergido en una ciénaga de degradación sin precedentes en la historia moderna de España.

Mientras tanto, sus entrañables socios de investidura, los mismos que niegan la existencia del Estado al que desvalijan, le exprimen sin contemplaciones como a un pelele. Le arrancan competencias, imponen sus condiciones insolidarias y desfiguran la arquitectura institucional sin el menor pudor. Este espectáculo de mercadeo basado en el chantaje de los votos minoritarios, resulta obsceno y siniestro.

Acorralado, el presidente reacciona como un jabalí herido y embiste contra los contrapesos democráticos, al estilo de los sátrapas bolivarianos.

En su punto de mira están la prensa libre y, sobre todo, el poder judicial. El anteproyecto de ley de información clasificada lo evidencia con claridad meridiana. Se propone imponer sanciones de 0,8 a 2,5 millones de euros a los periodistas que se atrevan a divulgar contenidos que el consejo de ministros haya clasificado como “alto secreto”. El objetivo de tal iniciativa no es otro que blindar la opacidad de los gerifaltes estatales, intimidar a los medios y silenciarlos.

De forma paralela, el pluriempleado ministro Félix Bolaños, titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, avanza sin disimulo en su asalto total a la judicatura. Quiere sustraer la instrucción penal a los jueces para entregársela a la fiscalía, que depende del inquilino de la Moncloa.

Si prospera semejante aberración legal, prevista para después de verano, cuerpos como la UCO de la Guardia Civil dejarían de recibir órdenes judiciales, para someterse al dictado del ministerio público. Su actual jefe, Álvaro García Ortiz, está procesado en el Tribunal Supremo por revelación de secretos.

Por si esto fuera poco, Bolaños ha urdido un plan insidioso para modificar el acceso a la carrera judicial. Pretende que un 25% de los nuevos jueces se nombren sin necesidad de haber aprobado la consabida y dura oposición. Ello equivale a abrir la puerta de par en par a la arbitrariedad, al dedazo sectario y a la colonización ideológica de la magistratura.

Este modelo de control político ya actúa con toda desvergüenza en el Tribunal Constitucional, degradado al extremo bajo la tutela de Cándido Conde-Pumpido. Sus apaños con los golpistas catalanes y los “eres” andaluces son tan groseros que ahora le escrutan en Europa y amenazan con arrumbarlo a la cuneta.

El Tribunal de Justicia de la UE comenzó esta semana a examinar la amnistía, que fue avalada por el TC para satisfacer al capo Sánchez. La resolución de la Corte continental se conocerá en el mejor de los supuestos a finales de año.

Dicha instancia también habrá de pronunciar la última palabra en el caso de los expedientes de regulación de empleo de la Junta de Andalucía, un colosal robo de fondos públicos de 680 millones, perpetrado por el PSOE sureño. Los ex capitostes regionales José Antonio Griñán y Manuel Chaves fueron condenados a seis años de prisión el primero, y a nueve años de inhabilitación el segundo. El asunto escaló hasta el TC. Como era de esperar, Pumpido perpetró el pucherazo y les concedió el amparo.

Los regímenes que desprecian a los ciudadanos, pervierten la justicia y amenazan a la prensa, están condenados a consumirse en su propio fuego. Pedro Sánchez ya no gobierna, sobrevive como un náufrago a la deriva, mediante la cesión de parcelas y más parcelas de la soberanía nacional a los separatistas.

Como todo poder putrefacto, dejará tras de sí una ruina moral, unos enormes destrozos institucionales y un país fracturado. Este horrendo final es la consecuencia inevitable de que se mantenga en la cúspide del mando a un psicópata narcisista.