A favor de Enrique VIII

A partir de Enrique VIII, Inglaterra prohibió a los católicos ocupar cargos públicos. No se trataba, contra lo que han defendido siempre los partidarios de Roma, de una discriminación religiosa, sino de una razonable decisión política. Se justificaba porque los católicos aceptaban que un gobernante de un país extranjero (El Vaticano) estaba por encima de la autoridad real.

Entre las leyes inglesas y las romanas, los católicos daban preeminencia a estas últimas. Si se añade la tendencia del papado a entrometerse en los asuntos del César y a decidir quién debe y quién no debe gobernar, se comprende que la corona de Inglaterra no aceptara empleados sospechosos de infidelidad.

Con el tiempo, los católicos han podido acceder al funcionariado inglés, pero a condición de reconocer que las leyes les afectan igual que al resto de la ciudadanía.

En España, la Iglesia católica nunca ha tenido estas restricciones, pese a que papas y obispos han metido sus narices en asuntos políticos.

La tolerancia con los católicos ha sido paralela a la persecución a otros credos, cristianos o no.

En Inglaterra, unos y otros han llegado a un acuerdo que pone la ley por encima de la voluntad de un Dios improbable. Aquí hay prelados y dirigentes políticos que defienden que no hay que respetar la ley si va en contra de sus convicciones religiosas. Que crean realmente en lo que dice la Biblia es irrelevante. La utilizan como les conviene para justificar sus intereses.

Las acometidas de la derecha contra el derecho de las mujeres a abortar tiene como telón de fondo la no aceptación por parte de esa misma derecha de leyes que no se sometan a su divinidad.

No es casualidad que las comunidades donde las mujeres tienen más problemas para abortar sean las gobernadas por el PP.  Sus dirigentes se amparan en un hipotético derecho a la vida del “nasciturus”. Los que hayan estudiado latín tal vez recuerden que esa forma corresponde al participio de futuro. Y el futuro, por más que se empeñe Isabel Díaz Ayuso (cuya sintaxis es lamentable), no se da en el presente. Hace referencia a lo que aún no es. Será o no será.

En nombre de ese ser que no es se lamina el derecho a las mujeres del presente. Y esas sí que son y están. Ahora. Aquí.

La solución pasa por limitar la presencia en los aparatos de Estado a quienes anteponen sus creencias a la ley.

No significa esto que los políticos y funcionarios (sobre todo, jueces) no puedan ser católicos. Pueden serlo en la intimidad, pero no pueden violentar las leyes. Deben acatarlas, como el resto de los mortales.

Vale la pena recordarlo: ser funcionario no es obligatorio.

Hace algunos días, un tribunal negó a un testigo de Jehová el derecho a ingresar en el Ejército porque rechazaba portar armas. Sería igual de lógico que se impidiera a los miembros de esta secta cristiana ser médicos especializados en transfusiones, dado que niegan que éstas deban realizarse.

La misma norma debería aplicarse a los médicos que no quieren practicar abortos. Pueden negarse en el sector privado, pero hacerlo en un centro público limita los derechos de las mujeres que legalmente deseen abortar.

Nadie puede obligar a un médico a trabajar en la sanidad pública y universal. Pero si decide hacerlo, debe ponerse al servicio de la ciudadanía, no del obispo de turno.

Detrás de cada negativa de la derecha a reconocer los derechos aparece una presunta norma de mayor rango basada en una interpretación libre de su libro sagrado, la Biblia. Y es interpretación libre porque no siempre aplican la misma regla. Cuando no les conviene, sostienen que el texto debe ser interpretado (por ellos).

Josué, uno de los jueces beligerantes de Israel, ordenó al sol y a la luna que dejaran de moverse para que el día se alargara hasta el final de una batalla. Y se pararon. ¿Hay que interpretarlo literalmente? ¿Se lo cree alguien de verdad?

El libro del Éxodo (21,7) autoriza a los padres a vender a una hija. Si un cristiano presidente de una comunidad autónoma pretendiera organizar un mercado muchachas, ¿sería admisible? ¿Sigue siendo de 30 siclos de plata (entre 290 y 600 gramos) el precio de una doncella o hay que actualizarlo con la inflación?

La ventaja de las leyes que garantizan derechos como el aborto o el divorcio (al que también se opusieron en su día los del partido fundado por Fraga) es que no obligan a nadie a nada.

El inconveniente de actitudes como las de los dirigentes católicos del PP es que prohíben comportamientos que la ley permite.

La religión es aceptable en la intimidad y en las iglesias, pero no en el Boletín Oficial del Estado.