España arde. Desde Cádiz hasta Galicia las llamas consumen miles de hectáreas de bosque y obligan al desplazamiento de cientos de personas que, en la distancia, contemplan impotentes cómo sus hogares quedan reducidos a cenizas.

Las altas temperaturas han sido, sin duda, determinantes. Como también lo ha sido la escasa limpieza de los montes, por escasez de recursos económicos, y los miles de pinos secos que no se han talado y que favorecen la propagación de los incendios.

Pero igualmente, y esto es indudable, la falta de medios ha provocado que, una vez declarados varios de los incendios, haya sido imposible actuar de forma inmediata.

No hace mucho, a mediados de abril de este mismo año, las ministras de Defensa y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, las Sras. Robles y Aagesen, presentaron en la Base Aérea de Torrejón las novedades del dispositivo de lucha contra incendio para este verano.

Catorce aviones apagafuegos, mil cuatrocientos militares y cincuenta y cinco drones para la detección temprana de focos y la monitorización de la evolución de los fuegos. Todo ello, según las citadas ministras, con la finalidad de lograr "una respuesta más rápida y precisa en la lucha contra los incendios".

Un absoluto fracaso. Un dispositivo que, por una u otra razón, no ha evitado el que probablemente está siendo el verano más negro de la historia reciente de nuestro país, sobre todo en la antes verde y hoy calcinada Galicia.

Y digo por una u otra razón porque, al igual que sucedió con el gran apagón del 28 de abril de este mismo año, probablemente nunca lleguemos a conocer las causas reales del desastre ni, por supuesto, el o los culpables, por su impericia, de haberlo facilitado.

Pero, si bien es cierto que la comisión de un error, siempre que no sea catastrófico, puede perdonarse con una sincera y rápida dimisión, no ocurre lo mismo con determinados comportamientos, del todo imperdonables, consistentes en conseguir rédito político a costa del sufrimiento ajeno.

Frases y alusiones que hemos leído en medios de comunicación y redes sociales de algunos políticos en las que se ha culpado al rival, descargándose cada uno de responsabilidad, de los incendios en Castilla y León o Andalucía. Una estrategia indigna que ya presenciamos el pasado año con ocasión de la Dana, que acabó con la vida de cientos de personas en mi Comunidad Valenciana natal.

Y mientras esto sucede, y muchos políticos, en su particular vodevil, se asestan puñaladas los unos a los otros, los españoles de a pie, cubo en mano, se aprestan a auxiliar a sus vecinos aun a riesgo de sus vidas. Al igual que los militares y los bomberos, con especial mención a aquellos voluntarios que, como el presidente de la Diputación de Zamora, han regresado anticipadamente de sus vacaciones para enfundarse de nuevo el traje de extinción.

Dicho esto, ¿qué ocurre cuando los incendiarios son descubiertos?, ¿cuál es la respuesta que prevé el Código Penal? Habremos de acudir a los artículos 351 y siguientes.

Una pena de prisión de uno a cinco años y una multa de doce a dieciocho meses para aquellos que incendien montes o masas forestales.

Penas que se agravan, a prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, si el incendio alcanza especial gravedad, por ejemplo, cuando afecta a una superficie de considerable importancia o altera significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecta a algún espacio natural protegido.

Y que se agravan aún más si, por causa del incendio, ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, en cuyo caso la pena de prisión ha de ser de diez a veinte años y la multa de doce a veinticuatro meses.

Sanciones que a muchos les parecerán del todo insuficientes, sobre todo en el primer supuesto, ya que, al no exceder de dos años en muchos casos la pena de prisión impuesta, ésta podría suspenderse. Y el incendiario, aun condenado, no ingresaría en prisión, pudiendo volver a actuar, dado el perfil de este tipo de delincuentes, nada más salir por la puerta del juzgado.

Todo ello unido a la dificultad de descubrir al autor del incendio y, más allá de las meras sospechas, de aportar al proceso pruebas concluyentes que conduzcan de forma indubitada a su condena.

En resumen, faltan medios, tanto preventivos como de reacción inmediata, y la legislación penal es del todo mejorable para evitar que, quienes incendian los bosques, vuelvan a hacerlo.

Un cóctel de ingredientes inflamables que ha terminado por explotar este verano de 2025.