Este lunes, el diario ABC lanzó un titular que ha causado sorpresa y desatado una ola de indignación en algunos sitios de España: Pedro Sánchez estaría contemplando prolongar la vida de las centrales nucleares catalanas (Ascó I, Ascó II y Vandellós II) para asegurar el respaldo de ERC y Junts, mientras se mantiene firme en el cierre de todas las demás. La noticia, probablemente tergiversada, ha encendido los ánimos especialmente en Extremadura, donde la central de Almaraz es un motor económico, y en Valencia, hogar de Cofrentes, que ven en este supuesto privilegio (como “singularidad nuclear catalana”, ha sido bautizada) una afrenta intolerable. Este bulo, aunque creíble teniendo en cuenta los trueques de Sánchez con las fuerzas independentistas, expone la hipocresía de un Gobierno atrapado en el dogma antinuclear y, desnudaría también, la hipocresía de Junts y ERC, que hasta hace poco eran formaciones también contrarias a la energía atómica. Pero, contradicciones aparte, el cambalache abriría una ventana de oportunidad para un debate que España lleva demasiado tiempo esquivando.

Las nucleares, demonizadas durante décadas, son seguras, fiables y absolutamente imprescindibles para una transición hacia una economía descarbonizada. En un contexto de creciente demanda eléctrica, donde las renovables aún no garantizan un suministro constante, la energía nuclear es un pilar esencial para reducir emisiones sin condenar a la industria ni disparar la factura eléctrica. Cataluña, que genera una parte mayoritaria de la energía que consume con sus tres reactores, sería el epicentro de este cambio de paradigma. Prolongar la vida de los reactores en Tarragona mientras se clausuran Almaraz o Cofrentes, como plantea la noticia del rotativo madrileño, no solo rompería el principio de igualdad entre territorios, sino que desataría una furia comprensible en regiones que dependen de estas centrales.

Si bien la noticia de ABC parece un globo sonda que responde a una problemática real sobre el futuro energético español, su sola hipótesis pone en evidencia que los intereses partidistas y los pactos de pasillo pueden eclipsar incluso la fobia nuclear de la izquierda gubernamental. Si las nucleares son seguras y necesarias en Cataluña, ¿por qué no en el resto de España? Este supuesto trueque pondría en riesgo la coherencia de la gestión energética, evidenciando la ausencia de una visión de Estado. La noticia también coloca en un brete a Salvador Illa, president de la Generalitat, obligado a navegar entre las contradicciones de su propio partido y las demandas de sus rivales políticos. Si ERC y Junts, desde la oposición, logran arrancar más competencias para el autogobierno catalán en un ámbito tan estratégico como el energético, Illa quedaría en una posición incómoda. En medio de este circo, surge una esperanza: si el bulo fuera en parte cierto podría reabrir un debate necesario. 

Cerrar todas las nucleares menos las catalanas sería un disparate tan evidente que el PSOE no podría defenderlo, y le obligaría a confrontar la realidad: la energía nuclear no es el enemigo, sino una aliada en la lucha contra el cambio climático y la electrificación de la economía, cuyo renacer es un hecho del que pocos países quedan al margen.