Una de las minas de potasa de Súria.
El espejismo verde de ICL: la coartada sostenible que asfixia a la comarca del Bages
Quince años después de anunciar su plan estratégico, la minera sortea sentencias ecológicas, cancela la reindustrialización del Bages sin fondos europeos y acapara recursos hídricos
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La huella industrial de ICL Iberia en la comarca del Bages contrasta frontalmente con su discurso corporativo.
La reciente revelación de que un residuo minero de la compañía se está comercializando en la industria agroalimentaria española con altos niveles de bromo no es una anomalía en su cadena de producción.
Es el resultado de un modelo de negocio que, durante la última década, ha instrumentalizado la transición ecológica para consolidar su hegemonía en la Cataluña central.
El plan maestro
El paraguas que cobija esta estrategia se bautizó entre 2011 y 2012 como Plan Phoenix. Con una inversión inicial anunciada de más de 300 millones de euros, la filial de la multinacional israelí (antigua Iberpotash) prometió instaurar la minería del siglo XXI.
El folleto corporativo hablaba de sostenibilidad económica, ambiental y social, de concentrar la actividad en Súria y de implementar la economía circular. Quince años después, la realidad judicial y social del territorio cuestiona ese relato.
La trampa del 'vertido cero'
Para comprender cómo un gigante que facturó 322 millones de euros en su filial española en 2023 logra exprimir los vacíos legales para dar salida a sus desechos, hay que diseccionar la joya de la corona de su minería sostenible: el sistema ZLD (Zero Liquid Discharge).
Históricamente, la minería potásica ha sido devastadora para los recursos hídricos. Como solución al problema reputacional y legal de la contaminación de los ríos, ICL incorporó esta tecnología de cristalización y evaporación.
Instalaciones de Iberpotash en Súria / EUROPA PRESS
Proveedores internacionales comercializan los sistemas ZLD para la gestión de todo el ciclo del agua en aplicaciones industriales, impulsando la eficiencia para eliminar las descargas líquidas.
El objetivo del ZLD es evitar a toda costa que las aguas residuales acaben en el medio ambiente. En las instalaciones de Súria, la purga sobrante de la producción de sal de alta pureza —que antes se vertía con todas sus toxinas y metales— ahora se evapora en circuitos cerrados.
Transformación de las sobras
Pero en la química, la materia no desaparece, se transforma. Al lograr el aplaudido "vertido cero", el sistema atrapa y concentra todas las impurezas insolubles en una fracción sólida. El bromo, entre otros elementos, queda encapsulado en esta sal residual.
Atrapada en su propia promesa de "economía circular" y con la necesidad de dar salida a las 100.000 toneladas anuales de este subproducto para no acumular más escombros, ICL buscó vías de comercialización.
Lo que en la documentación ambiental inicial se destinaba a usos estrictamente industriales (química base o sal de carreteras), acabó cruzando la línea roja del consumo humano a través de un acuerdo comercial con el grupo salinero francés Salins.
El escudo judicial
El rastro físico del impacto de ICL en Cataluña se concentra en Sallent, donde se alza El Cogulló, una inmensa escombrera de 40 millones de toneladas de residuos salinos. Durante años, esta montaña ha exudado agua salada que, con las lluvias, se ha filtrado contaminando acuíferos y campos de cultivo.
Depósito del Cogulló de residuos de las minas de Iberpotash en Sallent, Barcelona
La gestión de estos vertidos llevó al Tribunal Supremo a declarar nula la autorización ambiental de la Generalitat en 2015, el mismo año en que un juzgado de Manresa condenó a directivos de la empresa y constató el desastre ecológico en la comarca.
Tras una larga batalla judicial impulsada por vecinos y plataformas ecologistas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó en 2019 una sentencia histórica: obligó a ICL Iberia a devolver el paraje de El Cogulló a su estado natural en un plazo máximo de 50 años.
La respuesta de la multinacional fue envolverse en la bandera de la transición energética. En 2022, la compañía anunció el proyecto Cogulló Solar Plant, una iniciativa para cubrir la ladera de la montaña de sal con 12,5 hectáreas de placas fotovoltaicas capaces de generar 45 megavatios.
![Depósito del Cogulló de residuos de las minas de Iberpotash en Sallent, Barcelona / EP](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2015\/03\/18\/business\/19008406_836458_320x120.jpg"])
Aunque sobre el papel luzca como una apuesta por las energías limpias, en los ayuntamientos y entidades ambientalistas se percibe como una hábil maniobra dilatoria.
Sindicatos como Unió de Pagesos temían que la instalación del parque solar —envuelto en una compleja tramitación urbanística— sirviera como excusa perfecta para retrasar sine die la costosa retirada de la sal ordenada por la justicia.
Sed en la mina
La desconexión entre el relato corporativo y el territorio se ha hecho aún más profunda a raíz de la gestión de los recursos naturales.
Aunque ICL presuma de sus circuitos cerrados, la gestión global de sus escombros mineros requiere diluir inmensas cantidades de salmuera para bombearla hacia el mar a través de un colector, una infraestructura de 120 kilómetros que lleva décadas provocando episodios de contaminación por fugas.
La ejecución de esta limpieza llevó a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a validar en 2021 una concesión que otorga a ICL el uso de 6,68 hectómetros cúbicos anuales procedentes de la depuradora de Manresa a partir de 2027. Esto supone entregar a la minera el 80% de la capacidad de la instalación.
El estallido social se produjo en febrero de 2024, cuando la Generalitat decretó el estado de emergencia por una sequía histórica, aplicando recortes de hasta el 80% al sector agrícola.
![Depuradora de Manresa](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2024\/02\/26\/business\/835676550_12510311_320x180.jpg"])
Los payeses, obligados a pagar para obtener agua salubre debido a la salinización de sus pozos provocada por la propia minera, calificaron de "inmoral" que se priorice el lavado de residuos industriales frente a la supervivencia del campo, denunciando que ICL acaparará un volumen de agua equivalente a 2,5 veces el consumo de toda Manresa.
Socializar el daño
El Plan Phoenix también se cimentaba sobre la promesa de la reindustrialización, pero la ejecución de sus grandes apuestas ha estado estrechamente vinculada a la inyección de fondos públicos.
El ejemplo más reciente se consumó en diciembre de 2025. ICL y la china Shenzhen Dynanonic habían proyectado una fábrica de materiales para baterías de vehículos eléctricos en los antiguos terrenos mineros de Sallent.
La inversión prometida era de 285 millones de euros, pero en cuanto el Innovation Fund de la Comisión Europea les denegó una subvención de 140 millones, la compañía canceló la operación por "un cambio de estrategia global", dejando a la comarca sin su ansiado faro industrial.
Este celo corporativo con el dinero propio contrasta con la factura que la actividad minera deja en las arcas autonómicas. Según el cálculo de auditores independientes, como el elaborado por el Estudio Ramon Folch, la fianza minera exigida por la Generalitat a ICL ronda apenas los dos millones de euros, una cantidad 50 veces inferior a la estimación real del coste de limpieza, que fijaban en un mínimo de 100 millones.
El río Llobregat, a su paso por Sant Joan Despí
Ante la pasividad de la administración, la ACA ha tenido que destinar en las últimas tres décadas cerca de 200 millones de euros de dinero público para intentar paliar la salinización del Llobregat, el río que abastece al área metropolitana de Barcelona.
El fin del mecenazgo
Para operar con este nivel de fricción ambiental y judicial, ICL tejó durante años una inmensa telaraña de influencia en el Bages. Ejerciendo un mecenazgo constante, la empresa compró la paz social patrocinando al equipo de baloncesto de la ciudad (Bàsquet Manresa) hasta 2018, financiando al Parque Geológico Geoparc, a la Fira Mediterrània y participando en organismos clave como la Fundación Cardona Històrica o Bages Impuls.
Pero ese escudo de proximidad ha terminado por resquebrajarse. Esa imagen de modernidad se desvanece al revisar la siniestralidad de sus instalaciones: en la última década, seis trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales en las minas de la empresa, los tres últimos —tres geólogos— en un grave desprendimiento ocurrido en Súria en marzo de 2023.
Protestas en abril
A la siniestralidad y el hartazgo ecológico se ha sumado la condena social. Colectivos como Revoltes de la Terra y Boicot ICL han convocado movilizaciones masivas el 17, 18 y 19 de abril exigiendo la expulsión de la multinacional.
La presión del territorio ha forzado a instituciones emblemáticas como el Teatro Kursaal o el campus universitario UManresa a romper definitivamente sus históricos lazos de patrocinio con la empresa. Lo hacen ahuyentadas por el prolongado impacto ambiental de la actividad extractiva y las recientes controversias corporativas a nivel internacional que rodean a su matriz.
