Jordi Gruart, experto en vivienda, sobre la subida del 20% del ITP en Cataluña: “Bienvenido al nuevo impuesto castigo”

La entrada en vigor de la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en Cataluña para grandes propietarios y adquisiciones de edificios completos ha sido recibida por los expertos del sector con fuertes críticas.

Este 27 de junio se hicieron efectivos los cambios recogidos en el Decreto Ley 5/2025 (DL5/2025), una normativa que, según la voz de expertos como Jordi Gruart, experto en vivienda, que lo califica como "impuesto castigo".

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La medida fiscal implica que aquellos que deseen invertir en vivienda en Cataluña deben estar "preparados para pagar un 20% de impuestos solo por atreverte a invertir". Este gravamen se aplica específicamente a las transmisiones de bienes inmuebles de uso residencial cuando el comprador es un gran tenedor.

Se considera gran tenedor a la persona física o jurídica que posea más de 10 inmuebles de uso residencial o una superficie construida superior a 1.500 m² en Cataluña. Esta definición se reduce a cinco inmuebles si estos se ubican en una zona declarada como mercado residencial tensionado, categoría que incluye actualmente a 271 municipios en la comunidad autónoma.

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Además, el tipo impositivo escala al 20% en las operaciones basadas en la compra de un edificio residencial completo. Este recargo se aplica independientemente de si el adquiriente es o no un gran tenedor, salvo que se trate de promotores sociales, entidades sin ánimo de lucro o adquisiciones con destino social.

Un castigo que frena la oferta

El propósito esgrimido por el Govern catalán al anunciar los cambios normativos fue establecer una “fiscalidad más justa y más progresiva” para corregir los desequilibrios del mercado y dar respuesta a la emergencia habitacional.

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Sin embargo, la perspectiva del sector apunta a una realidad diferente. Según el análisis de expertos, la idea declarada es "frenar a los grandes especuladores", pero "la realidad es que los inversores se marchan, la oferta se hunde y, claro, los precios suben".

Para muchos actores inmobiliarios, esta es una medida "recaudatoria y confiscatoria" que no solo tiene un escaso efecto real positivo en el mercado de la vivienda, sino que su planteamiento "ataca al que puede poner vivienda en alquiler en el mercado". Las consecuencias lógicas, según el análisis de Jordi Gruart, son: "menos pisos, más escasez, más caro para todos".

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Desde la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), se ha calificado la introducción de estas "medidas altamente penalizadoras y complejas" como un factor que agrava la preocupante situación de desaparición de la oferta existente.

La consultora Colliers confirma que la medida ya ha tenido un "impacto directo en el mercado" incluso antes de su entrada en vigor, citando casos de potenciales compradores que han optado por retirarse de operaciones de compraventa de edificios completos. En este escenario, la subida del ITP introduce una "alteración significativa en un mercado ya tensionado" y eleva la percepción de riesgo entre los inversores.

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La pregunta que queda en el aire, según el experto, es si esta política constituye una "protección al inquilino o un tiro en el pie", dado que los expertos advierten que no fomentará la inversión ni incrementará el mercado de alquiler.