El BBVA lleva al Tribunal Supremo el veto temporal del Gobierno a la fusión con el Sabadell

El BBVA sigue firme en su propósito de quedarse con el Banco Sabadell. Según ha trascendido ahora, el banco presidido por Carlos Torres recurrió hace un mes ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) la condición impuesta por el Gobierno de mantener de forma independiente al Banco Sabadell si prospera la opa sobre esa entidad, lo que impide llevar a cabo una fusión total al menos en los próximos tres años.

El recurso se presentó el pasado 15 de julio porque el banco considera que se ha producido un "perjuicio irreparable" a sus intereses legítimos, como ha adelantado El Español-Invertia. El banco se ha basado en la ley 29/98 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Este permite impugnar los actos de la Administración si "producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos".

Trabas por parte del Gobierno

De hecho, se presentó dos días antes de que la Comisión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España para comprobar si se ha extralimitado en las condiciones impuestas a la operación.

A finales de junio, el Consejo de Ministros dio luz verde a la OPA del BBVA sobre el Sabadell con la condición de que las dos entidades no pudieran unirse en los próximos tres años, lo que a priori complicaba la operación y retrasaba la posibilidad de obtener los 850 millones de ahorros previstos.

Un propósito firme

El BBVA siempre consideró que solo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podía imponer condiciones a la operación de concentración, por lo que el Ejecutivo, a ojos del banco, lo más que podía hacer era validarlas o incluso rebajarlas, pero nunca endurecerlas como finalmente hizo el Gobierno.

El banco asegura que se trata de un proceso judicial contra el Gobierno que no interfiere en la OPA. Tampoco le ha echado para atrás la venta por parte de Sabadell de su filial británica TSB, que altera de forma significativa el proceso, incluido el reparto de 2.500 millones de euros de dividendo extra por parte de la entidad catalana a sus accionistas derivado de la operación.

El Gobierno mantiene su posición

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha pilotado el proceso desde el Ejecutivo, defendió el mes pasado en el Congreso las condiciones de interés general impuestas, por estar "alineadas con la normativa europea".

Además, considera que el proceso puede sentar un precedente que demuestre que se pueden respetar los principios de interés general y hacer una fusión en la que ambas partes ganen dinero, a pesar de que una de ellas tenga que esperar tres años para conseguirlo.