Alcalde de la Bisbal del Penedès
La familia de una alcaldesa del PDECat hace caja con un ‘pelotazo’ urbanístico en el Penedès
La justicia catalana ha admitido a trámite un recurso contra la aprobación de un plan para cambiar el uso del suelo en un polígono de La Bisbal
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La justicia catalana ha admitido una denuncia contra posibles irregularidades en la aprobación municipal de un cambio de uso del suelo en una zona de Les Planes del Vent, en el Baix Penedès (Tarragona). La denuncia apunta a un posible conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos afectados pertenecerían a familiares directos de la alcaldesa, Agnès Ferré, y de la teniente de alcalde, Judith Vidal.
En concreto, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien ha admitido un recurso contencioso-administrativo contra la votación del pleno municipal sobre este cambio urbanístico que se extiende por más de 70 hectáreas en La Bisbal del Penedès. En este espacio, se pretende construir un polígono industrial.
Fuentes de la oposición municipal --quienes presentaron la denuncia-- aseguran a Crónica Global que ambas autoridades deberían haberse abstenido de votar. Además, sostienen que inicialmente intentaron ocultar esta información al no revelar su relación con los terrenos involucrados.
Proyecto polémico
La historia se remonta a finales de 2022, cuando la alcaldesa Ferré presentó un proyecto promovido por una empresa privada, Codelfe, para construir un polígono logístico en la entrada del municipio.
El proyecto fue planteado como una vía para impulsar la economía local, con la creación de hasta 1.500 empleos. Además, se enmarcaba dentro del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.
Oposición
La iniciativa generó rechazo entre diversos sectores, sobre todo de colectivos agrarios, ecologistas y los mismos habitantes, debido a que no querían una zona industrial a la entrada del pueblo que aminorara su calidad de vida.
"Gran parte se mostró en contra. El malestar lo notó todo el mundo, incluso el equipo de gobierno, y de ahí que tiraran para atrás y retiraran la propuesta. Después negaron que lo construirían y así fueron reelegidos en las elecciones siguientes", recuerdan las fuentes de La Bisbal Decideix.
Ferré, del PDECat, fue reelegida en mayo de 2023 gracias al apoyo de ERC y PSC.
Nuevo intento
Tras la primera intentona, pasaron varios meses hasta que el proyecto volvió a ponerse sobre la mesa, pero esta vez bajo la denominación de Parque Empresarial y reduciendo el número de hectáreas de 84 a 74.
Ante esta situación, un grupo de vecinos impulsó una consulta popular para conocer la opinión de la comunidad sobre este cambio urbanístico y, en general, sobre la construcción del nuevo polígono industrial Les Planes del Vent.
El ayuntamiento se opuso a esta iniciativa y realizó varios intentos para frenarla sin éxito. Según las voces municipales, el consistorio habría utilizado dinero público para contratar a una empresa con el fin de desacreditar la votación. La consulta se celebró en septiembre de 2024 y participaron unos 1.200 vecinos del centro histórico y La Miralba. El 62,6% votó en contra del proyecto. Cabe mencionar que esta medida no era vinculante.
Beneficios
Según un estudio de viabilidad económica de 2024, el proyecto urbanístico de Les Planes del Vent generaría unos ingresos totales de 49 millones de euros por la venta del derecho a construir, es decir, por permitir edificar en los terrenos.
De este total, unos 7,35 millones de euros (el 15%) se entregarían al ayuntamiento, tal como exige la normativa urbanística, en concepto de cesión de uso. Este importe puede incluir suelo para equipamientos, zonas verdes u otros usos públicos.
Maniobra municipal
Así las cosas, en marzo de este año el pleno municipal aprobó la modificación del cambio urbanístico en cuestión, pasando los terrenos de uso agrario a industrial edificable.
Pero poco antes de esta luz verde, la oposición detectó el posible conflicto de interés por la implicación de Ferré, y de la teniente de alcaldía, Judith Vidal. No obstante, una maniobra municipal consiguió que ambas pudieran votar.
La defensa de la alcaldesa se basó en que su familia había adquirido el terreno en 1997, mucho antes del plan territorial de 2010, y que la parcela representaba únicamente un 0,01536% de la superficie afectada, por lo que la calificó como "irrelevante", según recogió Diari Més. En el caso de Vidal, aportó una nota registral que acreditaba que la finca no era de su propiedad.
Denuncias
Frente a esta situación, La Bisbal Decideix presentó este mes un contencioso ante el TSJC, que ya ha sido admitido recientemente. Aunque el recurso no cuestiona el proyecto en sí, impugna la validez de la votación del pleno.
En paralelo, los vecinos --miembros de la comisión que impulsó la consulta popular-- presentaron denuncias ante la Oficina Antifraude de Cataluña y el Síndic de Greuges para investigar el presunto uso indebido de recursos públicos del ayuntamiento para hacer campaña contra la mencionada consulta popular.