Confirmado, Cataluña incrementa un 5% las tarifas sociales en 2025: funcionamiento e impacto en el sector

La Generalitat de Cataluña ha anunciado durante este mes de julio una medida de gran impacto: el incremento del 5% en las tarifas sociales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Esta decisión, enmarcada en el acuerdo alcanzado entre el Departamento de Derechos Sociales y varios agentes del sector, tiene como objetivo principal mejorar las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en servicios sociales concertados y subvencionados.

Tras esta iniciativa, analizamos qué implicaciones tiene este aumento, qué sectores se ven beneficiados, cómo se distribuirá el presupuesto adicional y qué desafíos aún están pendientes en la ruta hacia una verdadera equiparación salarial entre trabajadores del sistema público y concertado.

Qué son las tarifas sociales y por qué son importantes

Las tarifas sociales son los precios que la Administración paga a las entidades del tercer sector y a los centros concertados por prestar servicios públicos de carácter social. Incluyen, por ejemplo, servicios de atención a personas mayores, centros de día, atención a personas con discapacidad, salud mental, inserción laboral y servicios residenciales, entre otros.

Desde hace años, estos servicios enfrentan un desafío estructural: la infradotación económica que impide garantizar condiciones laborales dignas y una atención de calidad. Por ello, cualquier modificación en las tarifas tiene un efecto directo en los sueldos del personal, la calidad del servicio y la sostenibilidad de las entidades.

A qué se debe este incremento del 5% y cómo se reparte

Este aumento de tarifas forma parte de una adenda al Acuerdo de Bases de junio de 2023, firmado entre la Generalitat, las principales patronales del sector social (como La Confederació del Tercer Sector Social y la Unión Catalana de Entidades de Atención a la Persona), y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT).

La subida representa un incremento adicional al 5% ya aprobado en noviembre de 2024, lo que supone un acumulado del 10% en menos de un año. Se trata de una inversión estratégica para afrontar uno de los retos más urgentes del sistema: la falta de personal cualificado y la alta rotación en los servicios sociales.

El nuevo 5% se distribuye de la siguiente forma:

• 4% destinado directamente a los salarios del personal.
• 1% dirigido a cubrir otros costes laborales (seguros sociales, formación, mejoras organizativas, etc.).

Este reparto no es casual: responde a la necesidad de dignificar las condiciones laborales del sector, con salarios que en muchos casos se encuentran por debajo de los 1.200 euros netos mensuales, incluso en tareas de alta responsabilidad y carga emocional.

Mecanismos de control y transparencia

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la creación de un sistema de seguimiento y control del destino de los fondos. Las entidades que reciban el incremento deberán presentar auditorías externas que certifiquen que al menos el 4% del aumento se ha utilizado para mejorar los sueldos del personal.

Esta medida busca evitar desviaciones y garantizar que el esfuerzo presupuestario tenga un impacto real en las condiciones de trabajo.

Hacia una equiparación salarial entre público y concertado

Por otro lado, el acuerdo también contempla avances hacia una equiparación retributiva entre el personal del sector concertado y el público, una reivindicación histórica del tercer sector. Para ello, se elaborará un estudio independiente durante el segundo semestre de 2025, cuyo objetivo será:

• Analizar los convenios colectivos vigentes.
• Medir las diferencias salariales por categorías profesionales.
• Establecer las bases de un modelo de carrera profesional retribuida que reconozca titulaciones, formación continua, experiencia y conocimientos lingüísticos.

Los primeros resultados del estudio estarán disponibles en septiembre de 2025 y permitirán diseñar un calendario de implementación gradual a partir de 2026, según anunció la consellera de Derechos Sociales, Carles Campuzano.

Tensiones entre agentes del sector: la postura de ACAD

Aunque el acuerdo ha sido bien recibido por gran parte del sector, no ha sido firmado por todas las organizaciones. En particular, la Asociación Catalana de Atención a la Dependencia (ACAD) ha manifestado su desacuerdo, al considerar que el incremento no cubre suficientemente los costes reales de los servicios.

ACAD también reclama que se acelere la reforma estructural de las tarifas, con una revisión más ambiciosa que permita alcanzar la sostenibilidad económica de los centros, muchos de los cuales operan con márgenes mínimos.

Una medida necesaria, pero no suficiente

El incremento del 5% en las tarifas sociales en Cataluña representa un paso importante hacia la mejora del sistema de atención social. Aporta oxígeno a un sector que lleva años soportando una presión creciente, tanto desde el punto de vista laboral como económico. Sin embargo, expertos y profesionales advierten que sigue siendo necesario avanzar hacia un nuevo modelo de financiación y regulación, con tarifas estructurales ajustadas a la realidad y con condiciones laborales equiparables a las del sector público.

A medida que el sistema envejece y aumentan las necesidades sociales, garantizar servicios dignos, estables y de calidad no puede depender solo de acuerdos puntuales: requiere un pacto de país que coloque a las personas en el centro.