Central nuclear Ascó Europa Press
El Govern excluye a los payeses de las ayudas por el cierre de las centrales nucleares: "Solo piensan en la industria"
El gremio de agricultores presentará un recurso contencioso contra la resolución de la convocatoria de las ayudas del Fondo de Transición Nuclear
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La Generalitat abrirá desde este 1 de julio el plazo para solicitar las nuevas ayudas del Fondo de Transición Nuclear, dirigidas a empresas ubicadas en zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares. Sin embargo, Unió de Pagesos lamenta que su sector "quede excluido" una vez más, a pesar de que la normativa lo contemple como beneficiario potencial.
Estas ayudas están orientadas a impulsar un nuevo modelo productivo ante el cierre de las centrales nucleares de Vandellòs y Ascó (Tarragona), que empezará progresivamente a partir del 2030. Esta línea, dotada de 35 millones, pretende reforzar la economía local, crear empleo y fomentar el desarrollo rural y medioambiental en los 96 municipios situados a menos de 30 kilómetros de las plantas.
Exclusión
La nueva convocatoria está dirigida a proyectos de inversión empresarial, generación de empleo, expansión y nuevas oportunidades de negocio, iniciativas cooperativas, emprendimientos de alto valor añadido y proyectos de innovación tecnológica, pero en ningún momento se hace mención específica a actividades agrícolas.
Esto es precisamente lo que denuncia Unió de Pagesos, que considera que "solo se piensa en la industria" y se ignora al campesinado que vive en las zonas del Ebro, pese a que en la normativa del fondo se detalla este punto.
"Las líneas de actuación prioritarias, y objeto de financiación por parte del fondo, son los proyectos de reindustrialización, la transición energética, el ámbito agroalimentario (incluido el agrícola), el turismo, las nuevas tecnologías y el sector público", indica la ley vigente.
Recurso
Por ello, presentarán muy pronto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra las subvenciones, ya que consideran que se trata de "un desprecio" y que se encontrarían vulnerando los derechos del agricultor.
"Piensan en crear puestos de empleo de industria y no en que la agricultura también puede generar trabajo. Hay trabajadores de grandes empresas que trabajan en los campos y de allí se van a vivir a ciudades, como Salou y Tarragona. Pero los que trabajamos y vivimos en los pueblos no somos beneficiarios", reclama el representante de Unió, Miquel Piñol.
Impuesto ambiental
El Fondo de Transición Nuclear se nutre del impuesto ambiental creado por la Generalitat en 2020 y, desde entonces, ha recaudado cerca de 325 millones de euros, según cálculos del gremio. Pese a ello, los agricultores aseguran no haber visto el dinero y que, en la anterior convocatoria de ayudas, también quedaron fuera.
"En las reuniones para esta nueva línea, la Generalitat nos dijo que no tenían tiempo de convocar nuevas ayudas. Tuvimos dos reuniones y no nos incluyeron. Les advertimos que presentaríamos un recurso si quedábamos fuera de nuevo; creo que no se lo creyeron. Nos respondieron que este año no sería posible para nuestro sector", explican desde el sindicato.
Más inversión
En este escenario, el colectivo agrario reivindica que, conforme a la normativa del impuesto nuclear, la agricultura profesional debe ser "prioritaria" en las ayudas vinculadas al cierre de las centrales.
Exigen convocatorias específicas para agricultores y ganaderos de las zonas afectadas, destinadas a inversiones productivas como mejoras en explotaciones, compra de maquinaria y ampliación de infraestructuras.
Cierre de nucleares
Cataluña es la comunidad que más notará el impacto del cierre progresivo de las centrales nucleares, ya que actualmente estas instalaciones cubren más del 50% de su demanda energética.
En abril de este año, el Consejo de Ministros dio luz verde al inicio del proceso de cierre nuclear en España, comenzando por Almaraz I en 2027. En Cataluña, el calendario prevé que Ascó I cierre en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellòs II en 2035.
Según un estudio de PwC, publicado en marzo pasado, la desaparición de la energía nuclear del mix eléctrico provocará que el coste de la factura eléctrica en Cataluña se incremente entre 543 y 1.221 millones anuales, en función del precio del gas.
