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El Supremo cambia las normas: anula el registro de alquileres turísticos del Gobierno por invadir competencias autonómicas

El Tribunal Supremo cambia las normas y anula el registro de alquileres turísticos del Gobierno para eliminar trámites duplicados a los propietarios

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El Tribunal Supremo ha provocado un vuelco normativo en el sector inmobiliario al declarar nulo el procedimiento de registro de alquileres turísticos estatal obligatorio para los arrendamientos de corta duración.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente el recurso presentado, determinando que el Ejecutivo central carece de la potestad legal para centralizar este control.

Esta resolución judicial deja sin efecto directo una de las medidas del Ministerio de Vivienda para frenar el fraude, devolviendo de manera íntegra la gestión inspectora a las comunidades autónomas.

El Estado carece de título competencial

El fundamento principal del fallo judicial radica en el estricto respeto al reparto de competencias básicas que establece en el artículo 149.1 de la Constitución.

El Tribunal Supremo ha dictaminado con claridad que la creación de un registro central de alquileres que actúe a nivel nacional se superpone de forma directa a las herramientas autonómicas que ya se encuentran operativas.

El procedimiento que regulaba este censo estatal fue aprobado mediante un real decreto el 23 de diciembre de 2024. Su puesta en marcha abrió una intensa batalla legal instada por el Gobierno de varias autonomías, como Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, además de asociaciones de alquiler vacacional de Barcelona, Girona y Canarias, quienes consideraban que la norma vulneraba sus funciones.

Los magistrados argumentan que, al regular de forma exhaustiva este registro, el Gobierno central invadió las facultades exclusivas en materia de turismo y ordenación del territorio que ostentan las regiones.

Esta declaración de nulidad deroga el Real Decreto 1312/2024, una normativa que pretendía centralizar el control de las viviendas de uso turístico bajo un único paraguas administrativo.

La ventanilla única digital sigue operativa

A pesar de la nulidad que derriba el censo obligatorio coordinado por el Ministerio de Vivienda, la sentencia no elimina por completo la totalidad del entramado tecnológico diseñado por el Ejecutivo.

El Tribunal Supremo sí ha decidido mantener plenamente vigente el mecanismo de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.

Esta herramienta de conexión digital continuará sirviendo como canal de intercambio de datos con fines estadísticos y de supervisión general de la actividad.

Las plataformas de comercialización en línea como Airbnb o Booking siguen obligadas a remitir información pormenorizada a la Administración, pero ya no existirá el requisito de que los propietarios tramiten un alta paralela en un fichero centralizado del Estado.

Las comunidades autónomas asumen el control

La anulación dictada por el Alto Tribunal traslada de manera directa toda la responsabilidad de control y disciplina del mercado de corta duración a los ejecutivos regionales.

A partir de la publicación de esta sentencia, serán en exclusiva los organismos autonómicos los encargados de vigilar y cerciorarse de que los alojamientos turísticos cumplan estrictamente con las leyes vigentes.

Desde el Ministerio de Vivienda han reaccionado señalando que la decisión judicial deja en manos de las comunidades la labor de inspección y persecución de la oferta ilegal.

El departamento gubernamental ha reclamado de forma urgente a los gobiernos regionales que agilicen las comprobaciones y dejen atrás los modelos basados en simples declaraciones responsables sin fiscalización posterior.

Qué puedes hacer ahora

Si eres propietario de un alojamiento vacacional en España o gestionas inmuebles de corta duración, debes revisar detenidamente el estado de tu inscripción en el registro de alquileres turísticos de tu correspondiente comunidad autónoma.

Asegúrate de que toda la documentación y las licencias locales estén actualizadas, ya que la vigilancia del cumplimiento normativo y las inspecciones dependerán a partir de ahora de tu administración regional.

Recuerda que, aunque no exista la obligación de inscribirte ante el Estado, las plataformas seguirán cruzando datos estadísticos con las administraciones públicas para detectar posibles fraudes fiscales o actividades al margen de la legalidad.