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Es oficial: Cataluña necesita más de 9.100 millones para afrontar la sequía y el riesgo de inundaciones hasta 2035

El territorio catalán afronta un déficit hídrico creciente que obliga a modernizar infraestructuras y reforzar la resiliencia frente a episodios extremos

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La escasez estructural de agua y el aumento del riesgo de inundaciones se consolidan como amenazas persistentes en España. En Cataluña, la situación es especialmente delicada por la presión demográfica y turística sobre unos recursos cada vez más limitados.

Los expertos advierten de que el cambio climático intensifica los episodios extremos, alternando sequías prolongadas con lluvias torrenciales. Ante este escenario, la anticipación se perfila como la principal herramienta para reducir daños y garantizar el suministro.

Un déficit que exige inversión

Las necesidades económicas para afrontar este reto ascienden a 9.100 millones de euros entre 2026 y 2035 en las cuencas internas catalanas. De esta cifra, 7.909 millones se destinarían a mejorar infraestructuras y cubrir la demanda, mientras que 1.257 millones irían orientados a prevenir inundaciones.

El cálculo procede del informe Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España, elaborado por Typsa y Seopan, que subraya la urgencia de renovar el sistema hídrico. El documento coincide con los diagnósticos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que alertan del deterioro progresivo de los recursos.

Infraestructuras en el centro del problema

Más de dos tercios de la inversión prevista deberían dirigirse a la modernización del ciclo urbano del agua. El objetivo pasa por adaptar instalaciones a la normativa europea y reforzar la capacidad de respuesta ante crisis.

Entre las actuaciones prioritarias destaca la adaptación del saneamiento y la depuración, con una inversión estimada de 6.853 millones de euros. Estas mejoras buscan cumplir con las exigencias comunitarias y optimizar la gestión de las aguas residuales.

Desalación y nuevas fuentes

El informe también pone el foco en la falta de infraestructuras de desalación en las cuencas internas catalanas. Esta carencia contrasta con la elevada densidad poblacional y la actividad turística en el litoral.

En este contexto, el Gobierno ha impulsado proyectos como la desaladora del Foix, con 223 millones, y la ampliación de la planta de Tordera, con 290 millones adicionales. Ambas iniciativas se alinean con las recomendaciones de organismos como la OCDE, que abogan por diversificar las fuentes de agua.

Mejor gestión y control del recurso

Además de las grandes infraestructuras, el estudio plantea inversiones en gestión eficiente y digitalización. Cerca de 500 millones se destinarían a incrementar recursos y optimizar la demanda.

A ello se suman 303 millones para mejorar el estado ecológico de las masas de agua y 278 millones para sistemas de monitorización. Estas medidas coinciden con los programas impulsados por los PERTE y con las directrices europeas en materia de sostenibilidad.

Redes y sistemas a reforzar

El informe identifica también la necesidad de actuar sobre infraestructuras existentes. Destaca la segunda fase del colector de salmueras del Llobregat, valorada en casi 90 millones.

Asimismo, se prevén 387 millones para reforzar la red Ter-Llobregat y 378 millones para mejorar la eficiencia de las conducciones. Estas actuaciones buscan reducir pérdidas y garantizar un suministro más estable.

El desafío de las inundaciones

En paralelo, Cataluña requerirá cerca de 1.300 millones para mitigar el riesgo de inundaciones. La mayor parte, 1.066 millones, se destinará a sistemas urbanos de drenaje sostenible y a infraestructuras como tanques de tormenta.

También, se contemplan inversiones en protección frente a avenidas y mantenimiento de espacios fluviales. Estas actuaciones responden a las recomendaciones de la Directiva europea de inundaciones, que insiste en la prevención como eje estratégico.

La magnitud de las cifras evidencia que la seguridad hídrica se ha convertido en una prioridad estructural. Sin una planificación sostenida y recursos suficientes, el equilibrio entre demanda y disponibilidad seguirá deteriorándose en un contexto climático cada vez más exigente.