Pedro Sánchez / La Moncloa

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Ya es oficial: la nueva ayuda del Gobierno de 2.400 euros para padres con hijos menores de 18 años que residan legalmente en España

El objetivo de la ayuda es aliviar el coste de la crianza y afrontar la baja natalidad, uno de los retos demográficos del país

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Tener hijos supone un abanico de gastos que algunos españoles no pueden sostener. La crianza se ha convertido en un factor de gran presión económica para miles de hogares en el país.

Además, España es uno de los países de la Unión Europea con más pobreza infantil.

200 euros mensuales

Por ello, el Gobierno ha propuesto la prestación universal por crianza.

Esto permitiría que las familias reciban hasta 2.400 euros al año por cada menor de edad que tengan a cargo. Lo que se traduce en una ayuda de hasta 200 euros mensuales.

Presupuestos Generales del Estado

Dicha medida formaría parte de la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 aprobada por el Consejo de Ministros, y pretende acercar a España a los modelos de apoyo familiar ya existentes en varios países europeos.

Es crucial recordar que la ayuda todavía no ha entrado en vigor, y que depende de la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Que los niños salgan de la pobreza

Es decir, a pesar de que las familias aún no pueden solicitarla, ha abierto el debate sobre el supuesto impacto que podría tener sobre la economía doméstica y la pobreza infantil.

Según UNICEF, una ayuda de 200 euros mensuales por hijo podría resultar en que más de medio millón de niños y niñas en España salgan de la pobreza.

No hay requisito socioeconómico

La organización estima que la prestación podría reducir la tasa de pobreza infantil en unos 7,1 puntos porcentuales. Esto significaría un cambio relevante en la situación social española.

A diferencia de otras medidas de ayudas para la ciudadanía, esta propuesta no requiere una situación socioeconómica determinada.

Condiciones necesarias

Algunas de las características que las familias deberán cumplir son: tener hijos menores de 18 años a cargo (como padres o tutores legales), residir legalmente en España y estar empadronados en territorio español.

Además, deberán presentar documentación como: el libro de familia, el certificado de empadronamiento, y el DNI o NIE de los adultos responsables.

Compatibilidad de ayudas

Está previsto que esta ayuda sea compatible con otras ya existentes. Es decir, si hay una familia que recibe el Ingreso Mínimo Vital o tienen deducciones fiscales relacionadas con la maternidad no crianza, no se quedarán al margen de recibir esta prestación.

A pesar de que en España ya existen varias medidas con la intención de apoyar a las familias con menores, esta se convertiría en la única con carácter universal.

Estabilizar la crianza

La medida propuesta por el Gobierno pretende que el apoyo llegue a todos los hogares con menores, y no solo a los que se encuentran en una posición socioeconómica vulnerable. Eso permitiría ampliar la cobertura y normalizar un sistema de apoyo por parte del Gobierno que estabilice la crianza.

En este contexto, la propuesta se enmarca en un momento en el que cada vez más familias reclaman políticas públicas que ayuden a aliviar el coste de la crianza.

Abre el debate

La posible puesta en marcha de una prestación de estas características también reabre el debate sobre el papel del Estado en el apoyo a las familias.

En varios países europeos existen desde hace años ayudas periódicas por hijo a cargo, con el objetivo de reducir desigualdades, reforzar la protección social y evitar que la crianza dependa en exceso de la capacidad económica de cada hogar.

Ayuda universal

Frente a otras ayudas condicionadas por renta, situación laboral o nivel de vulnerabilidad, esta medida aspira a llegar a muchas más situaciones familiares.

Además, la medida podría tener un impacto más allá del alivio económico inmediato. Sus defensores sostienen que una prestación periódica ayudaría a reforzar la igualdad de oportunidades desde la infancia y a reducir parte de la presión que soportan muchas familias en los primeros años de vida de sus hijos. Por eso, aunque aún no esté en vigor, ya se ha situado en el centro del debate social.