Pedro Sánchez / La Moncloa

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Cambio confirmado por el Gobierno: luz verde a la prórroga que congela 600.000 alquileres ante el miedo a subidas del 50%

El Consejo de Ministros aprueba un decreto urgente que congela las rentas durante dos años, aunque la medida depende de un Congreso dividido

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El Gobierno ha movido ficha para intentar frenar la escalada de precios en el mercado inmobiliario. A través de un real decreto-ley, se ha aprobado la congelación de las rentas para más de 600.000 contratos de alquiler en toda España.

Esta medida de emergencia beneficia directamente a unos 1,5 millones de personas. El objetivo es proteger a los arrendatarios que firmaron sus contratos entre 2020 y 2021 y que ahora se enfrentan a procesos de renovación.

Prórroga obligatoria de dos años

La clave del decreto es la renovación automática de estos contratos por un periodo adicional de dos años. Durante este tiempo, los caseros tendrán prohibido aumentar el precio del alquiler, blindando la estabilidad residencial de los inquilinos.

Sin esta intervención, los expertos advierten de subidas inminentes de entre el 10% y el 20%. En algunos casos de zonas tensionadas, el Ministerio de Consumo ha llegado a cifrar los incrementos potenciales en hasta un 50% sobre la renta actual.

El papel decisivo de Junts

Sin embargo, la medida nace con una fecha de caducidad incierta: 30 días. Ese es el plazo legal para que el Congreso de los Diputados convalide el decreto, un escenario que se prevé hostil por la falta de apoyos de PNV y Junts.

En Cataluña, la mirada está puesta en el voto de la formación independentista. Tras haber tumbado decretos previos sobre desahucios, la postura de Junts será vital para decidir si estos 600.000 contratos mantienen el precio o quedan expuestos al mercado libre.

Incertidumbre en el sector inmobiliario

Desde el sector profesional, voces como la de Iñaki Unsain califican el movimiento de "electoralista". Subrayan que el recorrido de la norma es incierto en la Cámara Baja, lo que genera una enorme inseguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos.

El decreto entrará en vigor este mismo sábado tras su publicación oficial en el BOE. A partir de ese momento, se inicia una cuenta atrás parlamentaria donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá negociar contra reloj para evitar un nuevo fracaso legislativo.

Antecedentes de bloqueos parlamentarios

No es la primera vez que el Gobierno se enfrenta a este muro este año. El bloque formado por el PP, Vox y Junts ya ha bloqueado anteriormente medidas relacionadas con la suspensión de desahucios y otras prórrogas de carácter social y habitacional.

Si el Congreso no da el visto bueno en el plazo de un mes, la medida decaerá automáticamente. Esto obligaría a miles de familias a negociar nuevas condiciones económicas con sus arrendadores en un contexto de oferta mínima y precios máximos históricos.