Bruselas cambia las normas: obliga a España a eximir el IVA a los autónomos que facturen hasta 85.000 euros

Desde hace un año, España debería haber adaptado la normativa del IVA y es el único país que aún no lo está llevando a cabo. Mientras que otros países como Francia, Alemania o Italia ya están aplicando la exención del impuesto a autónomos, el Gobierno de Sánchez aún se resiste.

En este contexto, la Comisión Europea ha abierto expediente sancionador a España por no transponer y notificar esa directiva, la cual permite eximir del IVA a los pequeños autónomos. “Actualmente España es el único país que no ha transpuesto y notificado esa directiva. El resto de países sí lo ha hecho, aunque haya sido tarde”, explicó ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una representante de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera del Ejecutivo comunitario.

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La nueva directiva sobre el régimen del IVA fue aprobada en 2020 y obligaba a los Estados miembros a trasladar todas sus disposiciones a su legislación nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2024 de cara a su entrada en vigor en 2025.

Esta normativa deja a los Estados miembros decidir libremente si quiere aplicar dentro de sus propias fronteras el llamado IVA franquiciado que permite no repercutir el IVA a las pymes que facturen menos de 85.000 euros al año.

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Según los cálculos de Navas & Cusí, entre 1,5 y 2 millones de pequeños autónomos se están quedando sin la exención que permite la directiva.

La Comisión confirmó que “hoy por hoy” no tiene constancia de que España haya cumplido ya con esta obligación y señaló que, de continuar este incumplimiento, la institución podría elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

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No obstante, Juan Ignacio Navas sostiene que, en los países que ya aplican la directiva, no se han apreciado recortes sustanciales en los ingresos y apunta a que, al simplificar trámites, parte de la economía sumergida podría aflorar.

A la espera de una decisión política, miles de pequeños autónomos continúan soportando obligaciones formales y fiscales que, en otros países europeos, ya han sido aligeradas. La pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo, con Bruselas vigilando de cerca los próximos movimientos.