Ya es oficial: esta es la nueva propuesta de ley para limitar la compra de viviendas

Los Comunes, el partido vinculado a la exalcaldesa Ada Colau, han presentado una nueva propuesta de ley para limitar la compra de viviendas con fines de inversión, lo que consideran compra especulativa.

La iniciativa forma parte del acuerdo presupuestario con el Govern y sustituye a otra propuesta que ya habían registrado el año pasado, aunque ahora introduce cambios importantes.

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Viviendas heredadas

Uno de los puntos más relevantes tiene que ver con las viviendas heredadas. Si una persona recibe un piso en herencia, no se le aplicarán las mismas restricciones que a los grandes propietarios.

Sin embargo, no podrá dejarlo vacío. Tendrá que elegir entre vivir en él (o que lo haga un familiar de primer grado), venderlo o alquilarlo como vivienda habitual respetando los límites de precio establecidos en las zonas tensionadas, que actualmente abarcan casi toda Cataluña. En cambio, si lo que se hereda es un edificio entero, sí se aplicarán las limitaciones previstas para grandes propietarios.

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La Generalitat ya cobra un impuesto a los pisos vacíos en manos de empresas para intentar que salgan al mercado. Con esta propuesta, los Comunes van más allá, porque no solo penalizan tener la vivienda desocupada, sino que obligan a darle un uso concreto.

'Grandes tenedores'

El objetivo principal de la ley son los llamados grandes tenedores, es decir, quienes tienen cinco o más viviendas en zonas tensionadas. A estos propietarios se les prohibiría comprar pisos individuales si no es para vivir en ellos. No podrían adquirirlos para alquilarlos después ni para reformarlos y venderlos.

En el caso de particulares que no sean grandes tenedores, sí podrían comprar viviendas, pero solo para vivir en ellas o para alquilarlas como residencia habitual con el precio limitado. También, podrían adquirir pisos para familiares hasta segundo grado. Las segundas residencias quedarían limitadas a una por hogar y no podrían alquilarse.

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Ley urbanística catalana

Ahora la propuesta inicia su tramitación en el Parlament, donde podrá modificarse mediante enmiendas. Además, existe debate sobre si esta regulación encaja legalmente.

El Govern y los Comunes quieren aprobarla a través de la ley urbanística catalana, pero desde el sector inmobiliario ya han anunciado que la recurrirán, al considerar que afecta al derecho a la propiedad privada y que una medida de este alcance debería aprobarse mediante una ley orgánica en el Congreso.