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El transporte público en Cataluña es un pilar fundamental para la movilidad de millones de ciudadanos. La red de trenes, metros y autobuses garantiza la conexión diaria entre la capital, Barcelona, y su densa área metropolitana, además de las capitales de provincia. Esta infraestructura es vital para la economía y la vida social, permitiendo que miles de personas acudan a sus puestos de trabajo y centros de estudio.

Sin embargo, el futuro inmediato de este servicio se presenta incierto en términos de coste para el usuario. Desde 2022, el Gobierno central y la Generalitat aplicaron grandes descuentos en los abonos para aligerar la carga económica de las familias. Estas bonificaciones expiran definitivamente el próximo 31 de diciembre, abriendo la puerta a un posible e importante encarecimiento de las tarifas a partir de 2026.

Negociaciones

Sílvia Paneque, Consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecològica de la Generalitat, ha admitido recientemente que el Govern no puede garantizar que el próximo año se mantengan estas bonificaciones. Asegura que aún es «prematuro» avanzar las tarifas del próximo ejercicio porque la decisión dependerá, en buena parte, de las conversaciones con el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, de quien la administración espera concretar compromisos de financiación compartida.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, a su llegada a una rueda de prensa tras el Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 3 de junio de 2025 David Zorrakino / Europa Press

La consellera del ejecutivo catalán ya ha revelado la postura que defenderán en la próxima revisión de precios: aplicar una subida que se equipare al IPC. El Govern argumenta que, además de las bonificaciones coyunturales, el sistema de transporte necesita una mayor inyección de recursos para poder mejorar e invertir en la red. Con todo, Paneque sí ha puntualizado que la única tarifa con vigencia garantizada es la T-Jove. Esta continuidad se debe a que el Ministerio ha confirmado una dotación económica específica para este título. El resto de las medidas tarifarias dependen de alcanzar un "acuerdo compartido" con el Gobierno central.

Tarifas actuales

Las tarifas de la ATM se mantienen con significativas bonificaciones para los usuarios frecuentes gracias a la financiación conjunta del Estado y la Generalitat. Un ejemplo claro es la T-Usual de una zona, que actualmente cuesta 22 euros al aplicársele un 50% de reducción. Por su parte, la T-Jove trimestral, dirigida a menores de 30 años, tiene un precio fijado en 44 euros. Los títulos de menor uso, como el billete sencillo o la T-Casual, han quedado excluidos de estas rebajas.

Validación de un trayecto de bus con una tarjeta física de T-mobilitat ATM

Si no se alcanza un nuevo acuerdo en 2026, los títulos volverán a su precio de origen, previo a la reducción. Esto implicaría que el coste de la T-Usual se duplicaría hasta situarse en unos 44 euros o incluso superarlo.  El resto de abonos no bonificados experimentarán incrementos alineados con el IPC. La confirmación final de estas variaciones dependerá por completo de la negociación con el Gobierno central y del plan tarifario que establezca la ATM.

Un caso distinto es el de Rodalies, cuyo periodo de gratuidad concluyó en julio. Desde entonces, Renfe aplica abonos con costes específicos: 20 euros al mes para el público general y 10 euros para los viajeros menores de 26 años.

Posturas

Asimismo, este contexto genera tensiones políticas. De hecho, se trata de uno de los puntos de fricción entre el Govern y los Comunes, socios imprescindibles para aprobar los presupuestos. El partido liderado por Jessica Albiach considera una línea infranqueable eliminar o recortar las bonificaciones. Así pues, esta situación pondría en riesgo el acuerdo en las partidas.

La organización sostiene que mantener las rebajas es fundamental para garantizar la movilidad de jóvenes, estudiantes y personas con menos recursos, especialmente en un contexto de encarecimiento del coste de la vida. Por otra parte, la consellería de Territori opina que la revisión es necesaria para garantizar inversiones. Todo en el aire.

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