Opositar en Cataluña se ha convertido en un recorrido interminable para miles de aspirantes: trámites redundantes, esperas imprevisibles y un sistema que aún arrastra procedimientos de hace más de tres décadas. Lo que debería ser un proceso ágil para acceder a un empleo público acaba convirtiéndose en una carrera de fondo marcada por la incertidumbre.
En este escenario, la Generalitat prepara un giro de gran alcance que promete alterar por completo la manera de entrar en la función pública. Tras años de críticas por la lentitud y el laberinto administrativo, el Govern ultima una reforma que pone el foco en modernizar el modelo actual y corregir tiempos de espera que hoy se cuentan, de media, en muchos meses.
Un sistema agotado
Las oposiciones en Cataluña están a las puertas de un cambio sin precedentes. Según ha avanzado El Periódico, la Generalitat aprobará una reforma que reducirá drásticamente los tiempos de acceso a la función pública: de los aproximadamente dos años que ahora puede tardar un proceso completo, se pasará a un máximo de diez meses entre la convocatoria y la toma de posesión. El objetivo es poner fin a un modelo demasiado lento y que, en muchos casos, obligaba a los departamentos a depender de interinos durante largos periodos.
La modernización incluye la automatización de trámites, la reducción de plazos de inscripción y de entrega de documentación, y un nuevo calendario anual que fijará antes de marzo la oferta de empleo público. Con ello, el Govern pretende dar más transparencia a quienes opositan y evitar que las necesidades de personal queden desfasadas por culpa de procesos interminables. Una reforma profunda que, según la citada fuente, también agilizará los traslados internos y la cobertura de plazas específicas.
Un sistema en revisión
La Generalitat ultima una reforma ambiciosa destinada a transformar de raíz el acceso al empleo público en Cataluña. Tras años de reproches por la complejidad y la lentitud del sistema, el Govern asume que los procedimientos diseñados hace más de tres décadas ya no responden a las exigencias de una Administración moderna. El objetivo es corregir un modelo que convertía las oposiciones en un trayecto incierto, marcado por esperas prolongadas y una burocracia que ralentizaba la incorporación de nuevo personal.
El diagnóstico es claro: la duración excesiva de los procesos provocaba que muchos departamentos siguieran dependiendo de interinos durante largos periodos y que las necesidades reales quedaran desfasadas cuando finalmente se incorporaban los nuevos funcionarios. La reforma llega como parte de una estrategia más amplia para actualizar estructuras internas y mejorar la capacidad de respuesta en servicios esenciales, desde educación hasta justicia o atención ciudadana.
Cambios que aceleran cada fase del proceso
Entre los ajustes más significativos figura la reducción del plazo para inscribirse en una oposición, que hasta ahora era de 20 días hábiles y que, según la citada fuente, quedará fijado en solo diez días. También se recortará el tiempo obligatorio entre la adjudicación de la plaza y la toma de posesión, que pasará de un mes a, también, diez días, una medida que busca evitar semanas de vacío entre la finalización del proceso selectivo y la incorporación efectiva del nuevo funcionario.
La reforma prevé además agilizar la logística de los exámenes mediante la designación anticipada de los tribunales evaluadores y la concentración de varias pruebas en una misma jornada. Incluso se plantea agrupar distintos pasos burocráticos en un único acto administrativo, con el fin de eliminar duplicidades y acelerar resoluciones. Estos cambios, según avanzó la misma fuente, permitirán que cada fase del proceso sea más rápida, más previsible y mucho menos dependiente de trámites presenciales que hasta ahora ralentizaban de forma significativa el acceso a la función pública.
Digitalización y nuevos calendarios
La nueva arquitectura incorpora herramientas digitales que permitirán automatizar tareas que hasta ahora exigían una verificación manual interminable. Desde la carga de datos hasta la gestión de la documentación, gran parte de los trámites se simplificarán para acortar tiempos y reducir errores. Además, la Generalitat fijará cada año, antes de marzo, la oferta de empleo público, lo que dará a los aspirantes una previsión clara y permitirá ajustar los recursos humanos a las necesidades estratégicas de cada conselleria.
Otro bloque relevante de cambios se centra en la movilidad interna. Los traslados, que hoy pueden demorarse cerca de un año, deberán resolverse en un margen máximo de seis meses. Con esta medida, el Govern busca dotar de mayor flexibilidad a la estructura administrativa y agilizar la cobertura de puestos clave. La reforma, que también modernizará la asignación de plazas específicas, pretende cerrar una etapa marcada por la lentitud y abrir otra basada en la eficiencia, la agilidad y la transparencia.
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