La cultura asimétrica

En un día cualquiera, un aficionado al teatro necesitará un buen rato para decidir a qué acudir entre la potente oferta de la cartelera de Barcelona. ¿Qué le apetece? ¿Un clásico, un musical, una pieza de pequeño formato o, quizás, algo experimental y rupturista? A partir de ahí, elige, compra y disfruta sentado en su butaca. Un madrileño tiene, prácticamente, el mismo dilema. Hay opciones de sobra, toda la semana. En buena parte del resto de España, en cambio, la elección es bastante más fácil. Y obligada. Por lo general, sólo una opción y algunos fines de semanas. Al menos, así lo confirman los datos de la SGAE: una de cada dos funciones teatrales se celebra en Madrid y Cataluña, que alcanzan, a nivel global, el 53,3% de los asistentes y el 71,5% de la recaudación.

Este fenómeno no se debe a la falta de salas. Casi el 60% de los 1.630 teatros españoles están fuera de Madrid y Cataluña. Hay, eso sí, matices: sólo en esos territorios la presencia de la iniciativa privada es relevante (cuatro de cada diez salas). En Asturias, Cantabria y Extremadura, por ejemplo, hay seis teatros privados; en Navarra, cinco, y en Castilla-La Mancha, cuatro. La Rioja no tiene ningún espacio de este tipo. Tampoco parecen faltar compañías: en 2016 había 3.743, el número más alto desde 2005. Y en torno al 60% de ellas estaba fuera de Madrid y Cataluña. Visto lo visto, el resultado es radicalmente asimétrico: hay infraestructuras, pero no músculo para sostenerlas, salvo donde siempre ha existido público y mercado: Madrid y Barcelona, principalmente.  

Sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Cataluña, radicada en el Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Cataluña, radicada en el Hospital de la Santa Creu de Barcelona

En esa desigual composición ha jugado un papel fundamental los esfuerzos de las administraciones autonómicas y locales, espoleadas por las recompensas políticas inmediatas. No tanto así los del Ministerio de Cultura, pues dado el alto grado de descentralización del modelo de política cultural en España, el alcance de sus acciones es bajo, pese al fuerte impacto  que en ciertas disciplinas –teatro y cine, sobre todo– tuvo la subida en 2012 del IVA del 8 al 21%. Así, el Gobierno central, que viene dedicando a las artes sólo un 0,2% del gasto general del Estado, tiene competencias en la protección de bienes culturales, en la legislación en derechos de autor y en las normas referidas a la libertad de creación y comunicación. También conserva la titularidad en instituciones culturales relevantes. Poco más. 

Esa acusada polarización no se limita, sin embargo, al sector teatral. También tiene su réplica en el mundo del libro. Así, Madrid, con el 21,9%, y Cataluña, con el 21,2%, acumulan los más altos porcentajes en la venta de libros en España. El dato, además, está al margen del factor demográfico, pues ambas arrojan el mayor ratio de ventas en relación a su población: +8,0 y +4,9, respectivamente. Pero las cifras son aún más rotundas en la facturación del mercado editorial en España, ya que las empresas madrileñas y catalanas concentran el 93,2% del total. Así, los sellos madrileños alcanzan el 42,4%, porcentaje que se explica, en buena medida, por el importante peso del libro de texto. Por su parte, las editoriales catalanas suman el 50,8% de la facturación, es decir, acaparan casi 1.180 de los 2.317 millones del global. 

Con lógica, la tendencia es similar en el sector de las librerías. Cataluña concentra el 15,2% del total de este tipo de establecimientos, mientras que Madrid suma un 14,7%, con 584. Pero si se abre el foco al resto de actividades, la polarización de las iniciativas culturales en Madrid y Cataluña es un hecho generalizado. El 40% de las 114.099 empresas del sector están en ambas comunidades autónomas, según las estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En concreto, un total de 25.017 en Madrid, donde destacan las dedicadas a la actividad editorial, y otras 22.974 en Cataluña, con especial relevancia en el sector de la edición, los archivos y bibliotecas y, en tercer lugar, la actividad de traducción e interpretación.  

Por tanto, la desigualdad en el ámbito de la cultura y, como consecuencia, la dificultad de acceder a sus creaciones, es un problema de hondo calado en España. Es, a todas luces, una cuestión estructural, que poco o nada ha ayudado a paliar la recepción de las competencias en materia cultural por parte de las comunidades autónomas, pese al activismo mostrado por algunas de ellas, especialmente las denominadas nacionalidades históricas, en el control normativo y la gestión de las áreas relativas al idioma, los museos, el patrimonio y las artes plásticas y escénicas. Tampoco ha sido decisivo en este ámbito la acción de las administraciones locales, impulsadas desde la Ley de Régimen Local de 1985 a promover “actividades complementarias a las previstas por otros órganos de gobierno y, en particular, las relativas a la cultura”.  

Plano general del Teatro Maestranza, durante un concierto de la Sinfónica de Sevilla.

Plano general del Teatro Maestranza, durante un concierto de la Sinfónica de Sevilla

A nivel general, en los años previos a la crisis, la política cultural de los gobiernos regionales y los ayuntamientos se convirtió en una burbuja orientada a la apertura de nuevos espacios, a la concentración de los recursos en la promoción y a la utilización exclusiva de indicadores basados en el “número de espectadores” como argumento, la mayoría de las veces, propagandístico. Parece ya lejano en el tiempo, pero toda ciudad intentó replicar el efecto Guggenheim, tal como definió Iñaki Esteban en un ensayo la apertura de un nuevo centro de la Fundación Solomon R. Guggenheim en Bilbao con el impactante diseño del arquitecto Frank Gehry. Salvo esta excepción, una insólita combinación de oportunidad política, prestigio cultural y eficaz marketing, el modelo se ha caracterizado por un elevadísimo coste y un escaso nivel de transparencia y participación. También, claro, por su ineficacia. 

Con la llegada de la depresión económica, a pesar de que algunas voces aconsejaban ampliar la atención a los sectores creativos como un medio eficaz para superar la crisis, se produjo una importante retirada de los fondos públicos destinados a la cultura tanto a nivel local como autonómico. Este paso atrás no se limitó a la reducción en términos absolutos que aconsejaba la política general de consolidación fiscal y la reducción del tamaño de las arcas públicas, sino que significó una notable pérdida de la participación porcentual en el presupuesto global. Es decir, la cultura perdió posiciones en términos de prioridad política. Los gobiernos autonómicos recortaron sus presupuestos casi un 50%, de los 2.046 millones de 2009 a los 1.081 de 2015. En la administración local, la caída llegó a un 20%: de 3.876 a 3.107 millones en el transcurso de esos mismos años.

Este cambio de orientación de la política cultural de las comunidades autónomas y los ayuntamientos ha traído algo así como un periodo de aturdimiento, pues los recursos se han destinado a la supervivencia de la maquinaria pública y al mantenimiento de los equipamientos al ralentí. De modo que, de un tiempo a esta parte, el principal beneficiario de las políticas culturales ha sido la propia administración, ya que la reducción de los presupuestos ha provocado que apenas nada llegue a los sectores y los agentes culturales. La inversión en la plantilla y los gastos corrientes superan a veces el 50% de total del presupuesto, por lo que el impacto sobre el funcionamiento del ecosistema cultural es mínimo, cuando no despreciable. 

Así, a las barreras objetivas que permiten acceder a la cultura –el poder adquisitivo, por ejemplo– se suma un problema de base: si en el origen de la actividad cultural, se contrae la fuente de financiación, el asunto –en una escala mayor– se agrava. Para ilustrar por qué la reducción de los presupuestos autonómicos y locales de cultura tiene un mayor impacto en los usos culturales puede ilustrarse perfectamente con la red de bibliotecas, servicio que descansa básicamente en las arcas públicas de los gobiernos regionales y ayuntamientos. España cuenta, a día de hoy, con una biblioteca nacional, 4.070 bibliotecas de acceso público, 2.125 especializadas, 297 de instituciones de enseñanza superior, 216 para grupos específicos de usuarios y ocho bibliotecas centrales de comunidades autónomas.

Concierto al aire libre programado por el Teatro de la Zarzuela con motivo de las fiestas de San Isidro en Madrid.

Concierto al aire libre programado por el Teatro de la Zarzuela con motivo de las fiestas de San Isidro en Madrid

La realidad es que cerca del 80% de esa red depende, en la actualidad, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Todo el peso recae prácticamente en ellas: las diputaciones y las corporaciones locales aportan 54% del presupuesto; el 20,8% proviene de las administraciones regionales y el 10,5% del Estado. Lo que resta proviene de fondos privados. Al recortar dinero en su punto de partida, se paraliza todo el ciclo: no se abren nuevos espacios, no se renuevan los fondos, no se contrata personal. Lo mismo ocurre con otras disciplinas. Por citar algunos ejemplos, las artes escénicas han perdido más de un 30% de sus funciones y espectadores desde 2007, mientras que la danza ha reducido a la mitad los datos de representación, asistencia e ingresos de 2008. 

Para colmo, la orientación de las políticas culturales autonómicas y locales a la creación de nuevas infraestructuras ha llevado al sector a un callejón sin salida. De ahí que desde ciertas plataformas –por ejemplo, la Fundación Alternativas en su Informe sobre el estado de la cultura en España 2016- se defienda la necesidad de “liberalizar” estos espacios para que la ciudadanía y los agentes culturales hagan uso de ellos. “El análisis de casos y experiencias evidencia que muchas de las dificultades en la misión de los espacios de estas características radican en que los “modelos planificados” muchas veces no se dotan de la suficiente flexibilidad para adaptarse a los ritmos y las formas de apropiación de los usuarios”, propone el citado documento.

Por último, el Observatorio Social La Caixa venía a destacar en el estudio El consumo cultural: ¿cuestión de gusto, o de precio? que, al margen de las políticas públicas, la educación es el factor que más influye en el consumo cultural. Tanto de forma directa, porque a mayor educación, mayor interés, como indirectamente, pues a mayor educación, mayor renta y, por tanto, mayor consumo cultural. El estudio apunta que, a corto plazo, y para reducir la importancia de la cuestión económica, las iniciativas políticas deberían combinarse con incentivos fiscales que incluyan “reducciones de la imposición indirecta de los bienes culturales o incrementos en las subvenciones a la producción de dichos bienes”. Sin embargo, también aconseja que, para atajar el problema de la falta de interés, “la política cultural debería integrarse en la educativa”.