El jabalí y la jauría

La situación de algunas figuras muy conocidas, respetadas y queridas del mundo del arte y los espectáculos --la última, el tenor Plácido Domingo-- acusadas de acosos sexuales abusando de su poder sobre el futuro profesional de sus desvalidas víctimas, tiene que ser incomodísima, porque el ataque, que suele proceder de un grupo de damnificados más o menos nutrido, reviste aspectos nuevos e imprevisibles cuya misma novedad impide que haya habido tiempo para orquestar una estrategia de defensa y contraataque.

Estos aspectos nuevos son fundamentalmente tres: en primer lugar, la simultaneidad de varios focos de acusación simultánea desconcierta a la defensa --como un jabalí podría defenderse de un perro, pero no de una jauría--; en segundo lugar, el cambio de mentalidad en las sociedades occidentales; hasta hace poco, determinadas y frecuentes agresiones a la integridad y la dignidad de la mujer no se tomaron con seriedad, sino como cosa chusca e incluso culpabilizando a las víctimas; en correspondencia, éstas solían callar y procurar pasar página, mientras los “depredadores” seguían operando completamente convencidos de su eterna impunidad. Ahora, en cambio, las ofendidas y humilladas se toman el derecho, la obligación y la libertad de denunciar. (Esto es justo, salvo en determinados --pero no pocos-- casos de “víctimas” desaprensivas que se inventan abusos, sea por motivos políticos, sea con ánimo de chantajear al supuesto agresor, sea con ánimo de destruir a alguien superior).  

El tercer elemento nuevo es el del anonimato del acusador. Hasta ahora las incriminaciones públicas, fuesen hechas o no ante un tribunal de justicia, tenían que ir respaldadas, como las cartas al director de los periódicos, por el nombre y el apellido del acusador. Ahora (de la misma manera que so capa de participar en el debate público cualquiera puede infamar a cualquiera en las redes sociales o en los periódicos vertiendo sus infamias en los “comentarios” de los lectores) se puede, de forma anónima y so pretexto del riesgo de sufrir represalias profesionales, liquidar la carrera de cualquiera. Hasta ahora era exigible aportar pruebas del delito y el caso se resolvía bien o mal con una querella en los tribunales; ahora quien juzga y condena es la algarabía en la prensa y en las redes sociales.

Aunque esto tenga una explicación e incluso una justificación subjetiva --ciertos abusos de poder y sexo, abusos morales y profesionales, nunca serían vistos ante un tribunal; y si no fuese por la acusación pública nunca se haría justicia, no solo porque a menudo han transcurrido muchos años y no hay (y acaso nunca hubo) pruebas de ciertos desafueros, sino porque aunque son repugnantes tampoco están tipificados como delito--, la acusación anónima es un regresión medieval, una vergüenza democrática, propiamente el final del Estado de Derecho.

En el caso que nos ocupa la agencia AP, difusora de acusaciones anónimas, se ha comportado con insoportable frivolidad y merece ser castigada mucho más seriamente que el tenor español, cuyo nombre, aunque por cada acusadora, presuntamente seria o claramente grotesca, salga una compañera a defenderle como persona bonísima y perfecto caballero, queda irremisiblemente manchado por la sombra de la sospecha y de la vulgaridad. A ver quién será el siguiente.