Mollinedo: “¿Infierno fiscal?, eso no resiste un mínimo análisis en España”

Llevan años casi como misioneros de una causa complicada. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo y Carlos Cruzado, han querido plasmar toda su experiencia y con la idea de revertir la situación en el libro Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing). Lo que señalan es que el gran grueso de los ingresos del Estado, desde el campo de los impuestos, llega a través del IRFP, pero las grandes fortunas suelen tributar a través de eficaces y sofisticados mecanismos que llevan a un pago muy menor de lo que deberían. ¿Van demasiado lejos Mollinedo y Cruzado? Ante la aseveración constante por parte de determinados círculos políticos y financieros, sobre “el infierno fiscal” en España, o en determinadas comunidades autónomas, como Catalunya, Mollinedo, en una entrevista con Letra Global, considera que no tiene ningún peso: “¿Infierno fiscal?, eso no resiste un mínimo análisis en España”.

La presión fiscal ha sido analizada, precisamente, en el libro. Mollinedo admite que en los últimos años se ha reducido una diferencia histórica en relación al resto de países de la Unión Europea. Si en 2011 la presión fiscal, en relación al peso en el PIB de España era del 32%, en el último año analizado, 2021, ha subido al 39%. La media, en ese mismo año, en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea es del 41,7%. Todavía hay 2,7 puntos de diferencia, que restan al Reino de España unos 32.584 millones de euros. La presión fiscal ha sido subiendo, con pesos como el 34% en 2013; 34,7% en 2017; 35,4% en 2019, o 37,7% en 2020. Pero, ¿quién asume el grueso de esa fiscalidad?

Mollinedo entiende que lo que se marcó en la Constitución Española de 1978 se ha ido “desvirtuando”, al inclinar la balanza hacia los impuestos indirectos, cuando se había decidido que fueran equitativos, con un fuerte anclaje en los directos, en los relativos a la renta personal. Los dos técnicos de Hacienda constatan en el libro que se ha producido un cambio con los años: “La traslación desde la imposición directa a la indirecta, --y dentro de la directa, desde las rentas de capital a las del trabajo--, las posibilidades de elusión de las grandes empresas y fortunas, las amnistías fiscales, la competencia a la baja de las comunidades autónomas –con la práctica desaparición en algunos casos de los impuestos de patrimonio y sucesiones—así como nuestro déficit en presión fiscal con respecto a la media de la UE, resultan bastante ilustrativos”.

La cuestión es que los tipos efectivos en los impuestos no se cumplen, y pueden pagar más por el impuesto de sociedades empresas medianas que las grandes compañías y multinacionales. Mollinedo incide en que “se ha pasado a una menor recaudación por el impuesto de sociedades, cuando el ciclo económico ha sido mejor en los últimos años”. Aunque la recaudación ha crecido en los últimos ejercicios, con casi 31.000 millones al cierre de 2022, en 2006 la cifra era de 41.675 millones de euros. La crisis económica de 2008 hizo estragos, pero, posteriormente, con la recuperación, no se ha trasladado a la recaudación.

Baja presión fiscal y corrupción

José María Mollinedo insiste en que no se puede hablar de infierno fiscal, como se afirma en determinados círculos políticos y económicos. Y que hay que pensar en la economía sumergida y en la relación que se establece: “El término infierno fiscal no resiste un mínimo análisis, como se deduce del diferencial histórico que tenemos en relación con la UE”. En el libro se señala con insistencia, al considerar que los países más desarrollados de la OCDE, que generalmente presentan mayores tasas de presión fiscal, tienen cifras de economía sumergida bajas o relativamente moderadas, “mientras, los países menos desarrollados, con niveles de presión fiscal más bajos, presentan altas tasas de economía sumergida. Y ello es debido fundamentalmente a los menores niveles de control tributario y de conciencia fiscal de sus ciudadanos, así como al índice de corrupción, dada su vinculación con el fraude. Los niveles de corrupción presentan una alta correlación con la economía sumergida. A mayor corrupción de un país, mayor economía sumergida”.

En España los dos técnicos de Hacienda identifican distintos problemas que impiden que el modelo fiscal sea, realmente, proporcional y eficaz, respondiendo a los criterios marcados en la Constitución. “Hay tres cuestiones –señala Mollinedo—que se relacionan con la insuficiencia recaudatoria, insuficiente equidad y alto nivel de economía sumergida y fraude fiscal”.

Lo que acaba pasando es contradictorio. “Aunque el sistema puede calificarse de progresivo, su progresividad es muy imperfecta –como indica el informe España 2050--, especialmente en lo que se refiere a los perceptores de las menores rentas, por cuanto ‘las personas más pobres –según el informe—pagan más impuestos en términos relativos a sus ingresos que las de clase media, debido sobre todo a las cotizaciones sociales y los impuestos indirectos. Y, por otro lado, aunque nuestro sistema fiscal presenta una proporción entre impuestos directos e indirectos similar a la de la media de la UE, su capacidad recaudatoria y redistributiva es considerablemente menor que la de nuestros vecinos europeos”.

Sucesiones y Patrimonio

Otra cuestión planea en el debate sobre la fiscalidad, y guarda relación con un debate filosófico de calado. Mollinedo reivindica el papel del impuesto de Sucesiones y de Patrimonio, y rechaza la “competencia a la baja que han realizado las comunidades autónomas”, por lo que pide una "armonización fiscal". Esa competencia ha provocado que Madrid atraiga a grandes fortunas, porque ha dejado sin efecto, con bonificaciones caso del 100%, los dos impuestos. La paradoja es que, en nombre del liberalismo político, se rechaza unos impuestos que fueron defendidos desde el liberalismo político para defender la igualdad de oportunidades.

“A este respecto resulta llamativo que ahora sean los sectores políticos más liberales los que se decantan por la eliminación del impuesto, cuando fueron los grandes economistas liberales, firmes defensores de la propiedad privada, como John Stuart Mill, quienes propusieron un impuesto de sucesiones cuasi confiscatorio en aras del principio de igualdad de oportunidades”.  Y se hace referencia a la idea de Stuart Mill –en el libro—que proponía el impuesto para “poner un límite a lo que una persona puede adquirir por la benevolencia de los demás sin haber realizado ningún esfuerzo para adquirirlo”.

¿A quién beneficia esas bonificaciones? “Podemos decir que la supresión del impuesto de Sucesiones beneficia fundamentalmente a los herederos de los declarantes del impuesto sobre patrimonio, y especialmente a quienes se sitúan en los tramos más altos de base imponible declarada”.

En el libro se señalan todo un compendio de situaciones, de prejuicios y de falsas teorías. Mollinedo y Cruzado conocen bien el paño.