El Consejo de Ministros ha dado el “visto bueno” —en palabras del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo— al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2018, unas cuentas que incluyen rebajas fiscales y subidas a los pensionistas y a los funcionarios, y cuya aprobación está ahora en manos del Congreso, adonde llegarán el 3 de abril.
Para empezar, los PGE incluyen una rebaja del IRPF para las rentas más bajas. En concreto, se reducirá el mínimo exento en el IRPF, que subirá de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes. Y habrá una rebaja adicional para quienes perciben entre 14.000 y 17.000 euros anuales. Todo ello beneficia a 3,5 millones de contribuyentes y a 1 millón de pensionistas.
Autónomos, jóvenes y dependientes
Otras medidas que incluyen los PGE son la tarifa reducida para los nuevos autónomos, el complemento salarial para jóvenes y las partidas para dependencia y pobreza infantil.
Además, contemplan una subida de las pensiones mínimas (entre el 1% y el 3%, con cerca de seis millones de beneficiarios) y de viudedad (+2%, hasta el 54%). En detalle, las pensiones mínimas subirán un 3%; las no contributivas, otro 3%; quienes ingresan 700 euros mensuales cobrarán el 1,5% más; y hasta 860 euros, percibirán un 1% más.
subida pensiones
La subida de las pensiones
Los PGE también añaden una mejora de las condiciones laborales y salariales de los funcionarios para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,75% para el 2018; del 2,25% para el 2019; y del 2% para el 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,9% y un máximo del 8,79%. Y se mantiene la jornada semanal de 37,5 horas, aunque cada Administración puede establecer otras jornadas ordinarias.
mejoras funcionarios
Mejoras salariales para los funcionarios
Otras novedades son la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y el aumento de 50 millones en la partida para becas de estudio, hasta los 1.472,9 millones (+3,5%, el mayor incremento desde el 2014).
La equiparación salarial de los policías
En materia de oferta de empleo público, se eleva al 100% la tasa de reposición en sectores prioritarios y al 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto.
En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local, la tasa de reposición sube al 115%. Además, los PGE incorporan también el acuerdo del Ministerio del Interior con los sindicatos que contempla 1.207 millones en tres años para conseguir en 2020 la equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles y que, en la práctica, se verá reflejado en 2020 en un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720 euros en la de los guardias civiles.
Infraestructuras
También incluirán partidas para el Corredor Mediterráneo y otras infraestructuras, y un incremento de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas “muy por encima” de los 4.500 o 4.700 millones de euros sobre la financiación de este año.
Igualmente, están previstas ayudas para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan pagar la guardería, que se articularán a través de un impuesto negativo y de un aumento de los permisos de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir de 2018, según lo acordado por el Gobierno y Ciudadanos.
Las cuentas públicas de 2018 también contendrán una subida de los valores catastrales para buena parte de los 1.831 municipios en los que se actualizarán las referencias de 2018.
Con retraso
El proyecto presupuestario debía haberse aprobado en septiembre del 2017, pero la crisis catalana y la retirada del apoyo de Ciudadanos —que ahora votará a favor— y PNV —es una incógnita— lo pospusieron hasta ahora, una fecha considerada límite por el Gobierno ya que de retrasarse más se solaparía con el debate del techo de gasto de 2019.
Este presupuesto es "realista" porque se basa en el equilibrio financiero y permitirá cumplir el objetivo de déficit público pactado con Bruselas, del 2,2 % del PIB, al tiempo que la mejora de la actividad aumentará la recaudación fiscal y permitirá adoptar nuevas medidas.