María Rosario Jiménez Rubio

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Examen a los protagonistas

María Rosario Jiménez Rubio

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La controversia por una escritura hipotecaria redactada en catalán y rechazada por un Registro de la Propiedad de Málaga ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende el caso concreto: cómo garantizar un funcionamiento homogéneo de los registros en un país con varias lenguas cooficiales.

María Rosario Jiménez Rubio, decana del Colegio de Registradores de España, tiene ante sí el reto de contribuir a que estas situaciones no se conviertan en un foco recurrente de inseguridad jurídica.

Por un lado, la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública respalda que, si el registrador no conoce la lengua en la que está redactado el documento, corresponde al notario aportar la traducción.

Por otro, queda abierta una discusión más amplia sobre los procedimientos que deben aplicarse cuando una escritura autorizada legalmente en una comunidad autónoma debe producir efectos registrales en otra.

La decisión ministerial aporta un criterio para este supuesto, pero no elimina la necesidad de reflexionar sobre cómo se gestionan estos trámites. La cuestión no debería reducirse a un enfrentamiento entre territorios o lenguas, sino abordarse desde la perspectiva del servicio público, la seguridad jurídica y la eficacia administrativa.

Ahora, el Colegio de Registradores puede desempeñar un papel constructivo a la hora de promover pautas compartidas, aclarar los procedimientos y favorecer que notarios y registradores sepan de antemano qué requisitos deben cumplir los documentos que circulan entre comunidades autónomas.

La existencia de varias lenguas oficiales no tiene por qué traducirse en incertidumbre ni en respuestas dispares ante situaciones similares. Para evitarlo, sería conveniente avanzar hacia criterios de actuación uniformes y claramente definidos, que establezcan cuándo debe aportarse una traducción, quién debe asumir esa tarea y cómo se preservan los efectos de la presentación de los documentos.

Una regulación clara beneficiará a los profesionales y, sobre todo, a los ciudadanos.