David Cid, diputado de los Comuns
El debate sobre el acceso a la vivienda en Cataluña exige rigor y soluciones efectivas. Pero la insistencia de los Comuns en mantener su Proposición de Ley contra la "compra especulativa" de vivienda —a pesar del contundente y unánime dictamen en contra del Consell de Garanties Estatutàries (CGE)— no hace más que agravar el problema.
El dictamen del CGE ha supuesto un duro golpe para la formación de Jéssica Albiach, al determinar que la norma vulnera el Estatut y derechos constitucionales básicos, como la propiedad privada, la herencia y la libertad de empresa.
Además, el órgano consultivo advierte de la invasión de competencias exclusivas del Estado y critica el abuso del procedimiento exprés de lectura única en el Parlament, con una ley tramitada sin escuchar a los ayuntamientos ni garantizar un debate parlamentario riguroso.
Nadie niega la gravedad de la crisis habitacional en Cataluña, pero las restricciones desproporcionadas y la arbitrariedad acaban produciendo el efecto contrario: reducen la oferta, paralizan la inversión y encarecen los precios.
