Pila amarilla para Jordi Molinera, alcalde de Altafulla (Tarragona)
La presunción de inocencia es un principio básico del Estado de derecho y conviene recordarlo siempre, especialmente cuando proliferan las denuncias y las sospechas. Y, como no puede ser de otro modo, Jordi Molinera, alcalde de Altafulla (Tarragona), también la tiene. Será la Justicia, y no los titulares, quien determine si alguna de las actuaciones que hoy se cuestionan merece reproche alguno.
Pero la política no se rige únicamente por los tribunales. También vive de la confianza. Y esa confianza se erosiona cuando un mismo responsable público empieza a acumular demasiadas polémicas, demasiadas denuncias y demasiadas explicaciones pendientes.
No hablamos de una condena, ni siquiera de una imputación. Hablamos de una sucesión de episodios que, por separado, podrían tener una explicación razonable. El problema aparece cuando dejan de ser hechos aislados y comienzan a dibujar un patrón que obliga a hacerse preguntas.
En democracia no basta con actuar dentro de la legalidad; también hay que evitar cualquier apariencia de opacidad o de trato de favor. La contratación pública exige un plus de transparencia precisamente porque gestiona dinero de todos.
Y cuando un expediente acaba bajo la lupa por la forma en que se preparó, el interés público exige algo más que silencio administrativo o la excusa de las vacaciones.
La mejor respuesta nunca es desacreditar al denunciante, sino abrir las puertas del expediente y explicar cada decisión. Porque la confianza no se impone: se construye. Y cuando esa confianza empieza a resquebrajarse, quien más interés debería tener en despejar cualquier sombra es quien ocupa la Alcaldía.
