Pila roja a Esther Pérez
Se considera a la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la también fiscal Esther Pérez, como la alto cargo que ha pergeñado el anteproyecto de Ley de Integridad Pública. Texto que se enmarca en el Plan Estatal de la Lucha contra la Corrupción.
Y lo cierto es que la intención puede ser positiva, pero la ejecución es, cuanto menos, cuestionable. Lo demuestra un informe reciente del Consejo de Estado, órgano que alerta de que la futura norma puede erosionar la capacidad de la justicia para luchar, precisamente, contra la mala praxis.
Lo avanzó El Confidencial, citando un documento que firma la exministra de Presidencia, Carmen Calvo. La también exvicepresidenta del Gobierno advierte de que carece de sentido sustituir la inscripción y el control notarial públicos por un documento virtual donde figure la transmisión de participaciones.
Negro sobre blanco, el anteproyecto de ley lleva visos de convertirse en otra chapuza de Pérez, que acumula diversas polémicas, desde los aranceles impuestos a las notas emitidas por los registradores al Registro Único de viviendas turísticas, que derribó el Tribunal Supremo.
Son deslices que están convenciendo a cada vez más ciudadanos de que Pérez no propugna la seguridad jurídica que se desprende de su cargo, sino al contrario.
El Gobierno aún tiene tiempo de actuar antes de que sea demasiado tarde. La Dirección General de la exfiscal jefe de Valladolid debe rectificar en sus múltiples frentes. O bien su superior director, el ministro Félix Bolaños, deberá tomar decisiones contundentes.
