Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos
La actuación de Abogados Cristianos, presididos por Polonia Castellanos, en el caso de la eutanasia de Noelia invita a una reflexión incómoda, pero necesaria, sobre los límites entre la defensa de unas convicciones y el respeto a los derechos individuales.
Nadie discute su compromiso con la protección de la vida ni su coherencia ideológica. Pero la eutanasia en España no es un atajo ni una decisión impulsiva: es un derecho regulado, garantista y sometido a múltiples filtros médicos, jurídicos y administrativos.
En este caso, además, esos filtros se han superado de forma reiterada. Los informes médicos han avalado la decisión de la joven, y las distintas instancias judiciales han ido rechazando los recursos presentados por su familia.
El propio Tribunal Constitucional fue claro al señalar la “manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo”, como sostenía el padre de la joven. Más recientemente, también las instancias europeas han cerrado la puerta a nuevas impugnaciones.
En ese contexto, la estrategia judicial emprendida no solo resulta difícil de sostener jurídicamente, sino que plantea un dilema ético de fondo: qué ocurre cuando la defensa de un principio abstracto se antepone al sufrimiento concreto de una persona. Noelia lleva más de un año y medio librando una batalla que no es solo contra su enfermedad, sino también contra quienes deberían acompañarla: su familia.
Defender la vida es legítimo. Impedir, de facto, el ejercicio de un derecho reconocido y avalado por todas las garantías, quizá ya no lo es tanto. Porque hay líneas que, incluso en nombre de las convicciones más profundas, conviene no cruzar.
