Josep Sánchez Llibre
Mientras la gran mayoría de patronales y sindicatos han avalado el acuerdo entre Govern, Gobierno y ERC para reformar, más de una década después, la caducada financiación de la Generalitat, Foment del Treball protagonizó una sonora crítica respecto a un nuevo modelo que inicialmente veían con buenos ojos pero, tras la comparecencia de la ministra de Hacienda María Jesús Montero y el pronunciamiento de Junts, radicalmente en contra, les ha parecido "claramente insuficiente".
Incluso antes de que Salvador Illa les convocara en Palau para explicarles los detalles off the record en un encuentro tras el que entidades como Pimec o la Cámara de Comercio de Barcelona han dado su apoyo a una reforma que, aunque no óptima, consideran "buena para Cataluña". Y al que no acudió Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal. Desmarcándose del sentir mayoritario de los empresarios y de las distintas entidades que, de una forma u otra, les representan.
Los argumentos del líder patronal son que no se corrige el déficit histórico y que el principio de ordinalidad, aunque las partes aseguran que queda blindado, no está suficientemente protegido. Argumentos que también compran otras entidades aunque sin una enmienda a la totalidad, sobre todo por las palabras empleadas, que desmerece el trabajo de un Govern consciente, como no parecen serlo ni Foment ni partidos como Junts, de que no hay muchas más alternativas.
El PP se ha posicionado en contra de este modelo y algunas regiones gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo han asegurado que llevarán la propuesta al Tribunal Constitucional. También otras como Castilla-La Mancha, en manos del socialista Emiliano García-Page, han criticado la pretendida reforma. Todo ello, en el marco de una legislatura estatal que pende de un hilo. Y con la más que probable llegada de una derecha que entonces sí acabaría con cualquier "singularidad".
