Alícia Romero
Tras meses y meses de trabajo, probablemente eclipsada por otros consellers durante el primer año y medio de legislatura de Salvador Illa al frente de la Generalitat, Alícia Romero ha logrado la compleja misión, nacida del acuerdo de investidura entre ERC y PSC, de poner de acuerdo a los republicanos y al Gobierno de España para presentar una reforma del modelo de financiación que resulte satisfactoria para todos, también para una amplísima mayoría del empresariado catalán.
Un acuerdo que blinda el principio de la ordinalidad y sumará 4.700 millones de euros anuales a las arcas de la Generalitat si Junts no lo entorpece cuando necesariamente deba discutirse y votarse en el Congreso de los Diputados. Algo que, pese a los aspavientos de los neoconvergentes en los últimos días, aún está por ver.
Es solo un primer paso para un cambio de modelo que no será fácil. Que topará con obstáculos de primer orden como, para empezar, el partido más votado en las últimas elecciones generales. Un PP que ya amenaza con llevar la reforma al Tribunal Constitucional, tachándola de injusta. Y que pretende cargársela de un plumazo, prospere o no, en cuanto pise la Moncloa, que tal y como está la actual legislatura todo apunta a que será más pronto que tarde.
Pero hay acuerdo. Una propuesta sólida, trabajada, coherente y, sobre todo, beneficiosa para Cataluña, con una inyección de recursos que llegará hasta los 5.200 euros por habitante y año. Era el objetivo y la consellera de Economía tiene un mérito indiscutible en la operación.
